La reforma electoral fast-track

El PAN tiene dos caras para las mismas situaciones y problemas jurídicos y políticos. Una cara es la que muestra a nivel nacional y la otra es la que exhibe en Guanajuato. 
Hay varios ejemplos a lo largo de su historia pero aquí van tres recientes.
El primero, su postura sobre las reformas electorales. En diciembre de 2022, la mayoría morenista, junto con sus aliados del PT y PVEM, en la Cámara de Diputados, aprobaron varias iniciativas en esa materia que les había enviado su jefe político, Andrés Manuel López Obrador.
Se trataba de una reforma que prácticamente destruía al INE, pues le recortaba mucho de su estructura, lo reducía a su mínima expresión, lo que iba a provocar despido masivo de empleados, entre muchas otras implicaciones que afectarían la organización de las elecciones.
Los diputados federales del PAN votaron y argumentaron en contra de esta reforma, que además se llevó a cabo vía “fast track”, violando todo el proceso legislativo, pues no pasó por comisiones, sino que se llevó directamente al pleno. 
Afortunadamente, muchas acciones de inconstitucionalidad presentadas por diferentes actores políticos, entre ellos el propio PAN nacional, echaron abajo dicha reforma a inicios de este 2023. 
En cambio, los diputados locales del mismo Acción Nacional replicaron en Guanajuato lo que hicieron los morenistas en San Lázaro.
En una maratónica sesión del 25 de mayo, los panistas, junto con sus aliados del PRI, aprobaron “vía fast track”, una reforma electoral local que modificó poco más de 80 artículos. En una semana consumaron la reforma: presentaron la iniciativa y pasó a la sesión de comisión realizada un día antes de su votación en el pleno. Todo fue tan apresurado que no se llegó con un dictamen elaborado y los diputados panistas Susana Bermúdez y Bricio Balderas estuvieron haciendo una docena de modificaciones de última hora.
No se realizaron mesas de trabajo entre los legisladores para discutir y analizar las modificaciones, cuando una reforma de esta naturaleza debe llevar semanas e incluso meses de pláticas y estudio, por lo trascendental del tema. 
Para hacer las modificaciones a la Ley Electoral solo se tomó en cuenta la iniciativa del PAN y se dejaron de lado olímpicamente por lo menos media docena de iniciativas de la oposición que habían sido presentadas desde meses antes e incluso hasta un año. 
Es decir, no hubo consenso entre todos los partidos: Morena, PVEM, una priista y Movimiento Ciudadano, como se ha hecho en el pasado en todas las reformas electorales aprobadas. 
Y el resultado fue el mismo que a nivel nacional: la oposición local, en este caso Mario Delgado, presidente nacional de Morena, presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra dicha reforma electoral, por las mismas razones que el PAN la presentó contra la reforma federal aprobada por Morena. Aún no se resuelve. 

Los comisionados de Transparencia

El segundo caso son los nombramientos de los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y del Instituto de Acceso a la Información Pública (IACIP) de Guanajuato. 
Los panistas aplican la misma receta en el IACIP que AMLO en el INAI. 
El INAI pasó meses inoperante, sin poder sesionar porque Andrés Manuel López Obrador vetó el nombramiento de tres consejeros que ya había hecho el Senado.
Y porque, también por órdenes del Presidente de la República, cuando se votó el nombramiento de sus sustitutos, los morenistas se abstuvieron y no se alcanzaron los votos necesarios para lograr la aprobación. 
Eso ocurrió desde el 1 de marzo hasta finales de abril y desde entonces la oposición espera que a los senadores de Morena les dé la gana de aprobar los nombramientos. 
Fueron tantos meses de inoperancia del pleno por las tres vacantes, porque con cuatro no podían sesionar, se necesitaba por lo menos un comisionado, que esos cuatro presentaron un recurso ante la Suprema Corte, que ganaron y les permitió el mes pasado empezar a sesionar solo con cuatro, cuando ya se habían acumulado ocho mil recursos por resolver. 
En todo el tiempo que ocurrió eso, los senadores del PAN denunciaron las maniobras de Morena y de López Obrador para obstaculizar los nombramientos de los consejeros del INAI y han demandado que la bancada guinda acuda a votar a estos comisionados. 
Pero en cambio en Guanajuato, el PAN, tanto la dirigencia estatal, encabezada por Eduardo López Mares, como los diputados locales, encabezados por Luis Ernesto Ayala, han guardado silencio absoluto por el hecho de que durante cuatro años ha permanecido una vacante de un comisionado en el Instituto de Acceso a la Información Pública (IACIP).
Y esto se debe a que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo no ha mandado al Congreso la propuesta para nombrar a dicho comisionado, como lo manda el procedimiento establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado. 
Hay una gran diferencia, por esta omisión el pleno del IACIP no ha quedado inoperante y resuelve con dos comisionados, aunque no hay debate porque el voto de la comisionada presidenta vale más que el de su compañero. O sea, la presidenta decide al final de cuentas si el gobierno estatal tiene derecho a reservar o no información que solicitan los ciudadanos. 
Es más, el Gobernador nunca ha dado una explicación para no cubrir esta vacante.  

Campañas descaradas

Y el tercer caso de la doble cara del PAN, son los actos anticipados de campaña protagonizados, desde hace meses, por Claudia Sheinbaum y por Libia Dennise García Muñoz Ledo, precandidatas de Morena y del PAN a la Presidencia de la República y a la gubernatura, respectivamente. 
A nivel nacional, Sheinbaum es la favorita de AMLO y a nivel estatal Libia es la favorita de Diego Sinhue y ambos mandatarios han hecho todo para promocionarlas y apoyarlas como sus sucesoras en sus respectivos cargos. 
A nivel nacional, la “cargada” morenista la han protagonizado todos los gobernadores de ese partido. Además de la utilización de programas sociales federales, sobre todo de la Secretaría del Bienestar.
Y en innumerables ocasiones el PAN nacional, tanto su dirigente nacional Marko Cortés, como sus diputados federales y senadores, lo han denunciado en todos los foros donde han tenido voz. En Guanajuato, “la cargada” a favor de Libia la protagoniza casi toda la burocracia estatal, que es azul: Secretarios de Estado, directores generales de dependencias estatales, presidentes municipales, diputados locales y federales.  
Y por otro lado, el Gobernador le organiza toda clase de eventos con gente “acarreada” tanto para echarle porras a su candidata como para recibir diferentes regalos de programas sociales recién creados para lucimiento de la Secretaria de Desarrollo Social y Humano. Todo, con un gran derroche de millones y millones de pesos de recursos públicos. 
Pero, a diferencia de sus compañeros panistas en la Ciudad de México, los “azules” guanajuatenses han guardado absoluto silencio.

Ley de búsqueda, otro pendiente

El Congreso del Estado y en particular la bancada panista que comanda Luis Ernesto Ayala Torres, tiene en la agenda del último año Legislativo por comenzar una deuda pendiente: la reforma a la Ley de Búsqueda de Desaparecidos.
El martes, los diputados panistas acompañados por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez, realizaron su reunión plenaria en San Miguel de Allende. Este encuentro siempre ocurre poco antes de iniciar el periodo ordinario de sesiones para definir su agenda legislativa. 
De los temas no informaron, pero no tardó la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato en ponerles sobre la mesa una demanda: Aprueben las reformas a la Ley de Búsqueda y saquen los  servicios periciales de la Fiscalía.
Esta reforma lleva más de año y medio en discusión, mesas y más mesas. La organización reporta que el 7 de agosto se llevó a cabo otra con la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que encabeza la panista irapuatense, Susana Bermúdez, quien se comprometió a elaborar un dictamen único. Pero todavía lo están esperando.
Raymundo Sandoval, académico y activista de la Plataforma, se reunió con Luis Ernesto Ayala y el compromiso fue, una vez más, revisar cómo iba el proceso. El panista preside la Junta de Gobierno del Congreso y se supone que esta iniciativa es parte de la agenda común de los partidos y representaciones parlamentarias.
En el caso de la propuesta de reforma al artículo 11 constitucional para crear el Instituto de Ciencias Forenses de Guanajuato, es decir, un órgano autónomo independiente de la Fiscalía General del Estado, no ha sido un tema de los legisladores, pero la Plataforma y los colectivos insisten en que se discuta.
Al consultar el Registro Nacional de octubre 2022 a la fecha en Guanajuato bajo el concepto de “personas desaparecidas y no localizadas”, son 304 (246 son hombres y 58 mujeres). El mayor número está en: León (60), Irapuato (46) y Celaya (44). 
Todo esto pasa en Guanajuato mientras el Congreso se toma su tiempo en legislar.

La universidad en el laberinto

“A partir del proceso de designación de Rectoría se desataron movilizaciones estudiantiles que exigen transparencia en los procesos y rendición de cuentas”, así inicia el pliego petitorio de alumnos de las licenciaturas de Ciencia Política, Administración Pública y Derecho, del Movimiento Colmena, que, aclaran, no representa a toda la División de Derecho Política y Gobierno.
Y es que, aunque presumieron que la sesión se transmitió en vivo, de poco o nada sirvió pues, sin dar a conocer las razones de su voto, los 11 integrantes de la Junta Directiva de la Universidad de Guanajuato nombró a Claudia Susana Gómez López como Rectora General de la Universidad de Guanajuato para el periodo 2023-2027, la marcada desde un inicio como la favorita del rector Luis Felipe Guerrero Agripino.
Aunque en el proceso participan el Consejo General Universitario, una Comisión Especial y una Junta Directiva, en busca del mejor perfil para liderar la máxima casa de estudios, desde un principio se acusaron “dados marcados”. O, por lo menos, un proceso de designación que quedó en entredicho.
Entre los universitarios, trabajadores y académicos de la UG había un numeroso sector que veía en Teresita Rendón Huerta, una persona preparada, con trayectoria académica e identificada con la sociedad guanajuatense. Por eso la contienda se advirtió cerrada en todo momento y el 11 a 0 en la Junta Directiva genera sospechas de un evidente acuerdo previo para no exhibir división de opinión. Los integrantes no explicaron públicamente su decisión unánime. 
A puerta cerrada el viernes 8 de septiembre eligieron a Claudia Susana, y una vez emitido su voto, salieron por la puerta de atrás y desaparecieron, no hubo entrevista con medios, no hubo rendición de cuentas.
El alumnado no está en contra de Claudia Susana Gómez López, quien es doctora en Economía Cuantitativa y Análisis Económico por la Universidad Complutense de Madrid, egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana y  miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2010. Desde el 2015 es la Directora de la División de Ciencias Económico-Administrativas del campus Guanajuato.
Lo que tiene molestos a muchos son las formas en la máxima Casa de Estudios. Así que el pasado lunes un grupo de estudiantes (que no por minoría deja de ser significativo) tomaron la Rectoría General y mantienen en paro otras sedes como la de Valenciana -donde está la División de Filosofía, Historia y Letras-, y en la División de Arquitectura, Arte y Diseño.
Las demandas son también por quejas de acoso no atendidas, becas, infraestructura, etc. Del todavía rector Luis Felipe Guerrero Agripino nadie sabe nada, ni dónde despacha, no se ha acercado a los paristas, esto a 10 días de terminar su segundo periodo, así que de todos modos ya se va. La secretaria general de la UG, Cecilia Ramos, es quien ha salido a dar la cara y asegurar que están recibiendo los pliegos petitorios de los estudiantes y en diálogo para resolverlos.  Claudia Susana tomará una “papa caliente” y pronto se pondrá a prueba si está a la altura de la responsabilidad conferida, nada más y nada menos que el sueño universitario de más de 47 mil jóvenes.

RAA