Guanajuato.- Luego del asesinato de dos niños durante un ataque en San Francisco del Rincón, organizaciones por los derechos de niñas, niños y adolescentes coincidieron en que hay normalización de la violencia e impunidad rampante en el estado, pero también en el país.
Mientras Alma Padilla, directora de NIMA, llamó a priorizar la investigación de los delitos contra menores de edad y a no revictimizarlos, porque así lo marcan las leyes, desde REDIM, su directora ejecutiva Tania Ramírez exhortó a investigaciones prontas y productivas para garantizar el acceso a la justicia.
Y Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia, denunció que un factor que se ha denunciado por décadas pero que en los últimos años se ha agudizado es la impunidad: prácticamente ya no hay delito que se investigue salvo que sea mediático.
La titular del Centro de Promoción de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, NIMA, Alma Padilla, dijo que las leyes de protección a los menores de edad no se cumplen en Guanajuato.
Y no solo en seguridad, sino en otros planos: “Salud, educación, vivienda, pero -no se cumple especialmente- en un elemento tan importante como es la garantía de la vida y de la dignidad de niños y niñas”.
Advirtió que se muestra una paralización de la sociedad.
Al final, cuando hay miedo, hay control del Estado, por lo que tendríamos que hacer una exigencia muy severa porque se están rebasando los niveles de violencia y están alcanzando a las infancias y adolescencias”.
Mencionó que se requiere una Fiscalía especializada en atención a niños, para que estos no sigan siendo revictimizados.
También, que debe dársele seguimiento a los trabajos del Sistema de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Sipinna, que incluye diversos organismos, tanto autónomos como de la administración pública y de sociedad civil.
Toca a todos seguridad
Tania Ramírez, de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim, coincidió en la importancia de conocer los diagnósticos y propuestas de atención del Sipinna, con un enfoque de derechos de infancia, especialmente de los cuerpos policiales.
“La seguridad de niños, niñas y adolescentes no es algo que le toque al DIF o al Sipinna, les toca a todas esas autoridades en corresponsabilidad”.
Destacó la falta de control sobre la presencia de armas de fuego en el territorio, por lo que la autoridad en seguridad pública tiene responsabilidad, lo que eventualmente lleva a una normalización de la violencia no solo en las calles sino que se instala en las prácticas cotidianas, en las familias.
Por su parte, Juan Martín Pérez pidió colocar la responsabilidad del Estado y sus instituciones en el hecho.
Cuando hay la muerte accidental o intencionada de un niño o una niña, el Estado, sus instituciones y la familia, fallamos, en términos preventivos, de evitar la repetición de los hechos”.
Resaltó que “lo único que detona investigaciones y presuntos responsables es la presión mediática o que los actores o partícipes del hecho sean de notoria visibilidad, y personas sin reflectores no tienen posibilidad de que se garantice la investigación y el acceso a la verdad y la justicia”.
El especialista lamentó, no obstante, que gran parte de la sociedad en Guanajuato y en México ya no se sorprende.
“Hay tal nivel de drama cotidiano que ya hay una ‘indefensión aprendida’, un cansancio emocional e impotencia a voltear la mirada por no haber sido yo”.
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