“Cuando alguien acusa, verifica que no sea el culpable”.
Piers Anthony
En su discurso inaugural del Zócalo de la Ciudad de México, cuando dio conocer sus 100 compromisos, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió: “Se investigará a fondo la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa; se conocerá la verdad y se castigará a los responsables”. Este pasado 2 de octubre afirmó: “Yo hice 100 compromisos y solamente me queda uno, que es ese”.
Hay buenas razones para cuestionar que, de sus 100 compromisos, solo le falte este por cumplir. El caso Iguala, sin embargo, ha sido un fracaso mucho mayor de lo que él mismo admite. Permitir la liberación de los responsables de la matanza y encarcelar a quienes investigaron el caso y detuvieron a los perpetradores no es un error, es una injusticia monumental.
Este 2 de octubre el presidente reconoció cándidamente que, para detener al exprocurador Jesús Murillo Karam y ordenar la aprehensión del director de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón, tuvo primero un acuerdo con el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, y el entonces presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar: “Entonces, nos reunimos una vez que tenemos el reporte [de Alejandro Encinas], porque habíamos llegado a un acuerdo con el presidente de la Corte, con el fiscal, de que este era un asunto de Estado y que teníamos que ir a fondo y ayudarlos para conocer la verdad y hacer justicia”. Es una confesión de parte. El presidente no puede lícitamente dar instrucciones a un fiscal independiente y al presidente de la Corte para coordinar acusaciones contra nadie.
Claro que “ahí pasó algo muy raro: hubo una rebelión en la fiscalía general y en la fiscalía especial y se negaron”, señaló AMLO. “Esto el fiscal especial lo acaba de decir, lo reconoce”. Pero por supuesto que hubo una rebelión. Cualquier abogado sabe que no es lícito encarcelar a un procurador por proponer una tesis sobre un crimen, aunque sea incorrecta, y la tesis de Murillo Karam, la “verdad histórica”, fue ratificada en los tribunales que procesaron a más de un centenar de responsables de la matanza de los normalistas. El indebido encarcelamiento de Murillo Karam se convierte en un abuso de Estado cuando lo acuerdan el presidente, el fiscal general y el presidente de la Corte. Un acuerdo entre funcionarios para llevar a cabo una privación ilegal de la libertad es un acto de asociación delictuosa.
A Murillo Karam, en una venganza política, le hicieron acusaciones de todo tipo. La de “delitos contra la administración de justicia” podría sostenerse con el argumento de que su hipótesis sobre lo sucedido en Iguala fue no solo falsa sino dolosa, pero habría que comprobar el dolo y no se entiende, entonces, por qué la actual hipótesis de Encinas es virtualmente la misma. La de tortura se cae por su propio peso: nadie ha señalado al exprocurador de haber torturado a nadie o de haber dado instrucciones para hacerlo. La de desaparición forzada es alucinante: significaría que el exprocurador secuestró u ordenó el secuestro de los normalistas. No hay ni el más remoto indicio de ello.
Este 3 de octubre el presidente exclamó, quizá para quedar bien con sus simpatizantes de izquierda: “Claro que fue el Estado, sin duda, porque el Estado pudo aclarar las cosas y no fabricar mentiras”. Pero quien ha fabricado mentiras es él, en confabulación con el fiscal general y el expresidente de la Corte. Podemos decir que “Fue el Estado”, pero no en la matanza de los normalistas, sino en la invención de una hipótesis sin sustento, en la liberación de los responsables de la masacre de estudiantes y en el encarcelamiento de un exprocurador por el delito de aprehender a los criminales.
Hospitales
AMLO anunció que está “comprando” hospitales construidos en asociaciones público-privadas para “sacar adelante al país”. Estos hospitales fueron financiados por privados para reducir la inversión del gobierno. Ahora AMLO descapitaliza a las instituciones de salud para comprarlas antes de que regresen al gobierno.
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