No te atrevas a juzgar hasta que hayas escuchado el otro lado”.
Eurípides, Los heráclidas
Más que un robo de 15,450 millones de pesos es un acto de venganza. La mayoría oficialista en la Cámara de Diputados ha decidido castigar a la Corte por órdenes de un presidente que dice que lo suyo no es la venganza. La decisión de extinguir 13 fideicomisos que apoyan la infraestructura, las prestaciones y las pensiones de los funcionarios del poder judicial no tiene más racionalidad que vengarse de los ministros por haber dictado fallos contrarios a los deseos del presidente.
El que un político como Ignacio Mier, que ha gastado enormes cantidades para promocionar su candidatura al gobierno de Puebla, afirme que los fideicomisos “son utilizados únicamente para mantener los privilegios de los altos mandos y no para garantizar justicia pronta, gratuita y expedita al pueblo de México” es el colmo de la desvergüenza. El gobierno ha usado con frecuencia los fideicomisos para ocultar información de gasto, es cierto, pero los del Poder Judicial son transparentes y tienen propósitos legítimos. De hecho, han permitido atraer al servicio público a abogados de gran preparación a pesar de que los sueldos son inferiores a los de los despachos privados. Uno de los propósitos de Mier es apropiarse de recursos, como ha hecho la 4T con otros fideicomisos, para gastarlos a discreción en los proyectos del presidente, pero las razones políticas son más importantes.
Mier y el presidente quieren castigar a la Corte por sus decisiones adversas ante las acciones ilegales de un gobierno cuya filosofía jurídica es: “y no me vengan con el cuento de que la ley es la ley”. La extinción de los fideicomisos, empero, no solo está afectando a la Corte, sino también al Consejo de la Judicatura Federal y al Tribunal Electoral. No hubo, por supuesto, ningún intento por despojar al poder judicial de los fideicomisos cuando Arturo Zaldívar, cercano al presidente, fue titular de la Corte y la Judicatura. Las andanadas solo han tenido lugar ahora, que Norma Piña ha ocupado la presidencia de las dos instituciones. Es una venganza personal.
El despojo de los fideicomisos se suma a una serie de ataques del gobierno al poder judicial, la Suprema Corte y varios ministros, entre ellos la presidenta Piña. AMLO se queja de que la Corte se ha comportado con independencia y considera una traición que los ministros nombrados durante su gobierno no hayan obedecido sus instrucciones. “Me equivoqué”, ha dicho, “ya actúan más bien en función de los mecanismos jurídicos”. Sí, pero esa es la función de la Corte, y no aplaudir todo lo que haga el presidente, como Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz.
Ayer el presidente afirmó que la extinción de los fideicomisos no es para quedarse con los recursos. “Decirle[s] a los trabajadores del poder judicial que no les va a pasar nada, no nos vamos a quedar con sus prestaciones, es con los de arriba, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”. La declaración ratifica que él ha impulsado la decisión de extinguir los fideicomisos, pero es falso que no vaya a dañar a los trabajadores. Los primeros afectados serán jueces y funcionarios ya jubilados que sufrirán un desplome de sus pensiones, pese a haber trabajado en el poder judicial toda la vida.
De todos los intentos del presidente para desmantelar las instituciones, este es quizá el más preocupante. El país necesita más que nunca contrapesos al poder. El ejecutivo ya controla el legislativo e instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero AMLO no quiere dejar la Presidencia sin dominar también el judicial. Aspira a regresar a los tiempos en que el poder presidencial se ejercía sin contrapeso alguno.
Preferenciales
Estoy en desacuerdo con la decisión de dar tratos preferenciales a algunas empresas para “detonar el nearshoring”. Estos tratos son injustos para quienes no los reciben y generan distorsiones de mercado. La solución es dar mejores tratos fiscales y eliminar barreras burocráticas. pero a todos.
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