***
El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, sostuvo una reunión de trabajo con la secretaria de Educación Pública Leticia Ramírez Amaya, con el objetivo de fortalecer la cooperación en materia educativa. Ambos analizaron áreas de oportunidad para garantizar educación de calidad en Hidalgo. El trabajo del estado por la mejor educación de los hidalguenses crece y no se detiene.
***
En Pachuca cada hora se desperdician aproximadamente 720 mil litros de agua potable debido a fugas invisibles en el subsuelo, declaró Caasim, y dice implementará un monitoreo satelital en noviembre para abordar este problema, con un programa que presume será el primero de su tipo en la zona metropolitana de Pachuca. Tal vez lo invisible de las fugas les volvió invisibles los problemas que deja Cassim, cada vez que dice reparar una. ¿Hará falta otro servicio satelital para ello?
***
El expresidente de Nopala de Villagrán, identificado como L.E.C.G., fue vinculado a proceso por peculado agravado. En marzo de 2022, durante su mandato, recibió un recurso extraordinario de más de 71 millones pesos, lo que desencadenó una investigación. El Ministerio Público reunió pruebas que lo vincularon al delito. El fruto del maxiproceso la ‘estafa siniestra’ sigue dándose.
***
El delegado de programas para el Bienestar en Hidalgo, Abraham Mendoza Zenteno, mencionó que la extinción de los fideicomisos al Poder Judicial de la Federación permitiría incrementar el presupuesto para becas de educación básica y estima que alrededor de 15 mil millones de pesos estarían disponibles para ampliar el número de familias beneficiadas con becas Benito Juárez y sugiere la reforma del Poder Judicial, una propuesta muy espinosa que por ningún lado tendrá balance.
***
La Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó una acción de inconstitucionalidad contra el decreto 576 que reformó el Código Electoral del Estado de Hidalgo. El decreto, según la CNDH, afecta los derechos político electorales de personas que se autoidentifican como parte de pueblos o comunidades indígenas. Se alega que el Congreso local no cumplió adecuadamente con los principios de consulta estipulados en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. La CNDH expone los manejos del Congreso: “inconstitucionales”.