En su libro “Una teoría de la justicia”, publicado por primera vez en 1971, el filósofo estadounidense John Rawls (1921-2002) propone la denominada “justicia como equidad”. Argumenta que la justicia se debe basar en principios de equidad y en la idea de que la sociedad se estructure de manera que beneficie a todas y todos sus integrantes, especialmente a las personas menos favorecidas. Su enfoque busca reconciliar la libertad individual con la igualdad y la justicia social.
Dicha obra aplica a la perfección en el marco de la propuesta de extinguir diversos fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), que ha generado debate, controversia y preocupación incluso entre la base trabajadora de este poder. Sin embargo, es importante analizar esa medida a la luz de un principio fundamental: la búsqueda de la equidad y la eliminación de excesos y privilegios.
Es innegable la existencia de una élite de ministros en el PJF. La percepción de que algunos integrantes de ese poder disfrutan de beneficios excesivos e inaccesibles para la mayoría de las y los mexicanos ha llevado a una demanda legítima de reformas, y la extinción de los fideicomisos es un paso en la dirección correcta para abordar esa desigualdad.
Junto con la extinción de 13 fideicomisos a cargo del Poder Judicial, el Legislativo planteó la redistribución de los aproximadamente 15 mil millones de pesos a los que estos equivalen y que se utilizan, principalmente, para mantener prestaciones y privilegios vitalicios. Ahora se convertirían en becas y apoyos para los sectores más vulnerables de la población.
La existencia de esos fideicomisos constituye un abuso legal y moral. Legal, porque van en contra de lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que señala con claridad que los recursos provenientes de subejercicios tienen que ser reintegrados a la Tesorería de la Federación y no utilizarse para crear instrumentos financieros que beneficien a una cúpula burocrática.
Y es un abuso moral porque, además de estar fuera de la ley, estos fondos son empleados, en gran medida, para mantener privilegios en el PJF, entre los cuales destacan los siguientes, que forman parte de una lista de 40 que hice pública en su momento:
Sueldos de $297,403.77 mensuales.
Aguinaldos de 40 días, es decir, $586,932.60.
Primas vacacionales de $95,474.68 (10 días de sueldo).
Gastos de alimentación en restaurantes por $88,286.46 mensuales ($1’059,437.52 anuales).
Pago por riesgo por $640,585.30 (se paga en junio).
Dos vehículos blindados tipo Suburban, y otro de apoyo para atención de ministros, con un valor acumulado de $6’000,000, que se renuevan cada dos años.
Seguro de vida institucional por $12’000,000.00.
Seguro de gastos médicos mayores por $30’000,000.00 en adelante (para ministros, cónyuges, hijos y familiares en primer grado).
Tras su retiro, pensión vitalicia del 100 por ciento los dos primeros años, y del 80 por ciento por el resto de su vida.
Área de atención especial a ministros para reservaciones en restaurantes, trámites de licencias, visas y otro tipo de gestiones.
Múltiples dispositivos electrónicos, incluyendo teléfonos, tabletas y equipos de cómputo.
Pasaportes diplomáticos.
Y para mantener estas prestaciones de por vida se benefician de los 14 fideicomisos.
Es importante señalar que la eliminación de los fideicomisos no es una medida aislada, sino que forma parte de un proceso más amplio de revisión y reforma de las estructuras institucionales del país.
La prioridad es la justicia social, no la precarización laboral, y la extinción de los fideicomisos es un avance hacia un México más equitativo. La historia nos ha enseñado que la transformación social no es fácil, pero es necesaria para construir un país más justo y democrático.
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