A pesar de los esfuerzos de Trump para posponer el caso de las elecciones federales hasta después de las elecciones de 2024, todavía está programado para ir a juicio en marzo

Por Glenn Thrush de The New York Times en exclusiva para AM Guanajuato

Washington.- Jack Smith, el fiscal especial que investiga al expresidente Donald Trump, presentó un caso simplificado contra Trump al acusarlo de intentar subvertir la democracia, con el objetivo de llevar el caso a juicio de inmediato en un año de elecciones presidenciales.

Fani T. Willis, la fiscal de distrito del condado de Fulton, Georgia, optó por una estrategia muy diferente para procesar a Trump por tratar de revertir los resultados de las elecciones de 2020, al imputar a 18 coacusados, así como al expresidente. Los críticos dijeron que esa estrategia tomaría mucho más tiempo.

Pero ella se ha movido con una rapidez asombrosa que ha tomado por sorpresa tanto al equipo de Trump como a algunos funcionarios del Departamento de Justicia (obtuvo acuerdos de culpabilidad de tres abogados alineados con Trump: Kenneth Chesebro, Sidney Powell y Jenna Ellis) en solo una semana.

Sin duda, los acontecimientos son buenas noticias para Smith. Pero también suponen desafíos logísticos y jurídicos a medida que Smith y Willis participan en esfuerzos paralelos para responsabilizar a Trump, según abogados defensores y exfiscales federales.

A pesar de los esfuerzos de Trump para posponer el caso de las elecciones federales hasta después de las elecciones de 2024, todavía está programado para ir a juicio en marzo. Los acuerdos de culpabilidad y la perspectiva de que aún más de los coacusados de Trump lleguen a acuerdos han provocado que sea casi imposible determinar cuándo comenzará el juicio en el caso de Georgia y han aumentado la incertidumbre general sobre ambos casos.

A continuación, lo que hay que saber sobre el efecto de los acuerdos de culpabilidad en el caso federal.

¿Las pruebas de los acusados en Georgia pueden usarse contra Trump en su juicio federal?

Sí, pero es complicado.

Todos los documentos o declaraciones hechos públicos en todos los casos (incluidas las comparecencias ante el tribunal de los acusados del condado de Fulton) pueden ser admisibles como prueba en el juicio federal.

Dadas las fechas iniciales establecidas por el personal de Willis, así como la reciente ola de actividad estimulada por las demandas de Powell y Chesebro para un juicio rápido bajo la ley de Georgia, sigue siendo poco probable que el juicio de Trump en Georgia tenga lugar antes que el de la causa federal.

Esto significa que todo testimonio público en contra de Trump podría venir después de que Smith ya hubiera presentado su caso, aunque la situación sigue siendo incierta.

Willis y su personal pueden decidir si compartirán con el equipo de Smith material que no haya entrado en el registro oficial, incluidas transcripciones y videos de entrevistas a testigos y otras pruebas.

Por eso los fiscales federales, cuando se han visto confrontados con procesos locales de doble vía en el pasado, han presionado para proceder primero, para evitar tener que ceder ante los fiscales de distrito elegidos que responden a los votantes.

El mejor de los escenarios para Smith es que los fiscales del condado de Fulton simplemente entreguen las transcripciones de las entrevistas al gobierno, comentó Darryl K. Brown, profesor de Derecho de la Universidad de Virginia que imparte cursos sobre evidencia y procesos penales. Si esto ocurre, la fiscalía especial podría entonces citar a los acusados o a otros testigos y preguntarles bajo juramento si lo que dijeron anteriormente era verdad.

“Lo más fácil sería llamar a los testigos al estrado y preguntarles: ‘¿Sostienen su dicho?’”, dijo. “Los testigos que cooperan con los fiscales locales suelen cooperar también con los fiscales federales”.

Sin embargo, es posible que Willis les pida a Smith y a su equipo que compartan información sobre su investigación, como un gesto de reciprocidad.

Eso podría ser problemático. El juez del caso de las elecciones federales ya impuso una rigurosa orden de protección que impide que la mayoría de las pruebas se entreguen a personas que no sean parte en ellas. Y los fiscales federales están obligados a mantener en secreto los testimonios ante los grandes jurados. Kenneth P. White, quien fue fiscal federal, explicó que pueden solicitar que se comparta con los fiscales locales, pero rara vez lo hacen.

¿Willis y Smith se están coordinando?

No, el contacto entre los dos fiscales ha sido el mínimo, según personas que conocen la situación.

“No sé lo que Jack Smith está haciendo y Jack Smith no sabe lo que yo estoy haciendo”, dijo Willis en las semanas previas a presentar cargos contra Trump. “Para ser honesta, si Jack Smith estuviera a mi lado, no estoy segura de saber quién es. Supongo que ni siquiera puede pronunciar mi nombre correctamente”.

Pero los acuerdos de culpabilidad recientes podrían cambiar esa dinámica, aunque, según esas personas, el equipo de Willis siga haciendo énfasis en privado en su independencia procesal.

El Departamento de Justicia no prohíbe las interacciones entre fiscalías. De hecho, el manual de procedimiento del departamento anima a una pronta cooperación entre los fiscales federales y los funcionarios de las fuerzas del orden estatales y locales para evitar conflictos y la duplicación de esfuerzos.

¿Los acusados que cooperan con Willis pueden ejercer su derecho a la Quinta Enmienda para evitar incriminarse a sí mismos en los tribunales federales?

Sí, pero eso les daría una protección limitada.

Si Smith citara a Chesebro, Powell y Ellis como testigos contra Trump, estos podrían negarse a testificar acogiéndose a los derechos que ampara la Quinta Enmienda, a pesar de haber renunciado en la práctica a esos derechos en Georgia.

Pero Smith podría contratacar al presentar cargos federales contra ellos, lo que le daría la misma ventaja que tenían los fiscales del condado de Fulton cuando negociaron su declaración original. Y cualquier confesión realizada en el estrado en el condado de Fulton podría, en teoría, ser utilizada en su contra por Smith. Se cree que Powell y Chesebro ya son dos de los coacusados no identificados en la acusación federal de Smith.

“El hecho de que tengan inmunidad en Georgia no significa que la tengan en Washington”, dijo White.

¿Existe algún inconveniente para los fiscales federales?

Es probable.

No hay una guía para acusar a un expresidente ni mucho menos para procesarlo al mismo tiempo por delitos similares en dos jurisdicciones. El Departamento de Justicia suele tratar de evitar casos concurrentes para evitar discrepancias en el testimonio de los testigos que puedan ser utilizadas por la defensa para sembrar dudas sobre todo el caso.

Trump ha adoptado el mismo enfoque ante la traición de exasistentes o asesores: intentar restarles credibilidad.

Su hábito de reprender a posibles testigos y coacusados motivó a la jueza que preside su causa federal en Washington a imponer una orden de mordaza limitada, pero es casi seguro que su equipo de abogados se centrará en los puntos débiles y las discrepancias en sus testimonios.

Varios exfiscales señalaron que las acusaciones del condado de Fulton, que se basan en la amplia ley contra la delincuencia organizada en el estado Georgia, presentaban muchos de los problemas que plantean otros casos de gran envergadura que se basan en el testimonio de antiguos aliados: los testigos más importantes tienen un historial bien documentado de hacer declaraciones falsas.

“No hay duda de que Smith se encuentra ante un campo minado”, comentó John P. Fishwick Jr., quien fungió como fiscal del distrito oeste de Virginia de 2015 a 2017.

“Pero una cosa está clara: los acuerdos de culpabilidad son noticias muy buenas para Smith y Willis y muy malas para Trump”.

c.2023 The New York Times Company

HLL

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