El reporte de la Organización de Estados Americanos fue revelado poco después que el Ejército de Liberación Nacional secuestrara a finales de octubre a los padres del futbolista colombiano Luis Díaz, del club británico Liverpool, generando un debate sobre la verdadera voluntad del grupo guerrillero de dialogar por la paz

Miami.- Los grupos armados ilegales se han consolidado en algunas regiones de Colombia y han persistido con sus tácticas de secuestro, homicidios y amenazas contra la población civil, violando las normativas internacionales de derechos humanos a pesar de los esfuerzos del gobierno del presidente Gustavo Petro de alcanzar la paz, dijo el miércoles la OEA en un informe.

El reporte de la Organización de Estados Americanos fue revelado poco después que el Ejército de Liberación Nacional secuestrara a finales de octubre a los padres del futbolista colombiano Luis Díaz, del club británico Liverpool, generando un debate sobre la verdadera voluntad del grupo guerrillero de dialogar por la paz.

La madre de Díaz, Cilenis Marulanda, fue rescatada pocas horas después del secuestro, mientras que su esposo, Luis Manuel Díaz Jiménez, aún está cautivo. El matrimonio fue secuestrado por hombres armados que se desplazaban en motocicletas, en una gasolinera de Barrancas, una pequeña localidad del noroeste colombiano, en la frontera con Venezuela.

“Los grupos armados afianzaron su presencia y expandieron su control en diversos territorios del país”, expresó Roberto Menéndez, jefe de Misión Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, al presentar el informe ante el Consejo Permanente de la OEA. “La misión ha constatado homicidios, secuestro, desplazamiento forzados, confinamiento, amenazas y extorsiones, así como la imposición de medidas de control social a la población civil”, dijo.

Se trata del 35o informe semestral sobre las labores de la misión. El reporte abarca los hechos entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2023. Está basado en más de 1.100 misiones realizadas por el grupo de la OEA en 486 centros poblados de 22 departamentos de Colombia.

Para realizarlo, el personal de la OEA recorrió cerca de 159.500 kilómetros por vía terrestre y 3.521 kilómetros por vía fluvial.

Menéndez dijo que su misión está preocupada por las infracciones al Derecho internacional humanitario, especialmente por las graves violaciones a los derechos humanos de mujeres, niños, niñas y hombres.

“Las afectaciones a la población civil hacen que sea impostergable su tratamiento en los diálogos que se impulsa”, expresó en su presentación del informe, haciendo un llamado a sumar voluntades de todos los actores involucrados en los esfuerzos de paz.

Colombia firmó en 2016 un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que fue la guerrilla más antigua de Latinoamérica. Sin embargo, hasta ahora no ha logrado poner fin a la violencia.

Otros grupos armados como el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC continúan sus acciones delictivas.

El informe de la misión de la OEA destaca que la política colombiana para alcanzar la paz “avanzó significativamente” en la búsqueda de soluciones al conflicto armado por la vía negociada con todos los grupos armados ilegales.

Como ejemplo menciona el “Acuerdo de México: Nueva Agenda de Diálogos para la Paz” al que llegaron el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y lo considera como “una hoja de ruta” que guiará al proceso.

Otros de los puntos positivos que señala es la decisión de reconocer al ELN como una organización armada rebelde y reafirmar el carácter político de las negociaciones y diálogos con esa guerrilla.

Sin embargo, remarca que en los territorios donde los grupos armados ilegales (conocidos también como GAI) han consolidado su influencia, ha persistido la inseguridad y violencia.

“Los homicidios, el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes (NNA), las amenazas, los secuestros, las extorsiones, el desplazamiento forzado y el empleo de artefactos explosivos por parte de los GAI representaron los principales fenómenos violentos contra la población civil”, señala el informe de 36 páginas. “Estas vulneraciones persistieron en las áreas rurales y ocurrieron de manera recurrente en cabeceras municipales”.

JFF 

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