La semana pasada, de forma coincidente, se supo de algunas decisiones y situaciones generadas en algunos consejos ciudadanos, que si bien es cierto desde una visión legalista pareciera que no tienen problema, desde una óptica política y social pueden generar diversas opiniones que dañen a las instituciones e incluso a los mismos consejeros.
Hoy en día, los consejos ciudadanos representan una herramienta muy importante para la gobernanza de la ciudad, pues en algunas áreas estratégicas de la Administración Pública, se delegan decisiones importantes en órganos colegiados integrados por representantes de la ciudadanía, mayormente por los empresarios y, por ello, se hace indispensable que quienes ocupan esos puestos lo hagan de la forma más desinteresada y objetivamente posible.
El primer caso se dio en el consejo de SAPAL, en donde uno de sus consejeros es, a su vez, presidente de una cámara empresarial. Ciertamente el reglamento de la paramunicipal prohíbe que al momento del nombramiento de los consejeros, estos ostenten la presidencia de algún organismo intermedio, pero en este caso no fue así, ya que el consejero cuestionado llegó a la presidencia de la cámara después de haber sido nombrado consejero de SAPAL.
Sin embargo, por el trajín diario de las decisiones de SAPAL o de la cámara que preside el consejero, pueden presentarse situaciones que confronten ambas visiones, lo que en automático generaría un conflicto de interés, pues, ¿a qué institución defendería el consejero? ¿A SAPAL o a su cámara?
Otra situación se presentó en la Comisión del IMPLAN que involucra al consejo directivo de la paramunicipal, pues se dio la autorización de un cambio de uso de suelo para un terreno propiedad de uno de los consejeros del IMPLAN. Si bien, en este caso está claro que el terreno fue adquirido antes de que el consejero fuera nombrado, sí deja la sensación que lo más sano es que los desarrolladores de vivienda no deban de ser consejeros de este organismo, pues la información privilegiada que ahí se maneja está estrechamente ligada con sus intereses económicos.
De igual manera, en las dos últimas sesiones del Consejo Directivo del Patronato de la Feria, se ha puesto sobre la mesa, a través de una de las consejeras que representa a una cámara empresarial de la ciudad, la petición para otorgarles descuentos a los miembros de su organización, confundiendo con ello el papel que los consejeros ciudadanos deben desempeñar en los organismos descentralizados. Afortunadamente, el Presidente del Patronato tuvo una atinada intervención, dejando en claro y diciendo a todos los asistentes, que los consejeros estaban ahí para defender los intereses de la Feria y no los intereses lucrativos de las instituciones de la iniciativa privada.
Y, finalmente, y aquí sí en el caso más penoso, en el Consejo Consultivo para la Seguridad Privada Municipal, se está presentando el caso en el que a uno de los consejeros ciudadanos, que es dueño de una de las empresas de seguridad privada más importante del municipio, se le ha permitido su permanencia en el consejo, a pesar de que su empresa está suspendida desde hace más de un año, y que sus guardias de seguridad incluso están siendo arrestados por parte de la Policía Municipal por carecer el permiso correspondiente para operar.
Recordemos, como ciudadanos y como empresarios tenemos que predicar con el ejemplo, nuestros intereses individuales no pueden estar encima del interés colectivo. Morena ha tomado la bandera de señalar que la participación ciudadana es solo una envoltura para esconder la fusión de los intereses políticos con los económicos, y a veces tienen la razón, no les demos argumentos para que sigan avanzando.
LALC