Con obras inconclusas, algunas con sobrecosto, así como el incumplimiento de revocación de concesiones de transporte y patentes de notarías, concluyó Omar Fayad su gobierno en 2022.

Además, meses después la actual administración detectó millonarios desvíos en diferentes dependencias durante la recta final del sexenio del último gobernador priista de Hidalgo.

El ahora líder moral del Grupo Plural Independiente (GPI), integrado por expriistas hidalguenses, continúa a la espera de que el Senado de la República apruebe su propuesta como embajador de Noruega.

PROMETIÓ REVOCAR CONCESIONES DE TRANSPORTE

Tras el reclamo de transportistas, el exgobernador Omar Fayad se comprometió a revisar las cerca de 933 concesiones y revocar las que fueron otorgadas de manera irregular entre julio y septiembre de 2016, en la gestión de su antecesor Francisco Olvera.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot) de septiembre de 2016 a agosto de 2019 se iniciaron alrededor de 400 procesos de revocación de concesiones.

Sin embargo, debido a los procedimientos legales y a los recursos que interpusieron los concesionarios involucrados para defenderse, como amparos, no procedió ninguna revocación.

OTORGÓ MÁS PERMISOS QUE OCASIONARON CONFLICTOS

Por el contrario, en la recta final de la gestión de Fayad, se entregaron 2 mil 380 concesiones para combis y taxis, que a decir de la actual titular de Semot, Lyzbeth Robles, ocasionaron sobresaturación y conflictos sociales.

Con las notarías ocurrió una situación similar, ya que al inicio de la pasada administración se dio a conocer que al final del sexenio de Olvera Ruiz otorgaron 16 nuevas patentes y siete cambios de adscripción, de manera irregular. 

Por lo que iniciaron procedimientos para la revocación y hasta mayo de 2022 su gobierno revocó cuatro patentes de notarías.

REVISIÓN A PATENTES DE NOTARÍAS

No obstante, el 13 de junio de 2022, tres meses antes de terminar su gestión, Fayad Meneses emitió una convocatoria para participar en el examen de oposición para obtener patente y nombramiento de notario público titular.

Para la segunda semana de agosto de ese año, el Poder Ejecutivo publicó el acuerdo en el Periódico Oficial del estado con el nombre de seis ganadores de las patentes y nombramientos de notarios.

Mientras que en septiembre de 2022, en el marco del cambio de gobierno, el Poder Judicial de Hidalgo a través del juzgado tercero de distrito revocó la entrega de nombramientos de las seis notarías otorgadas, según el expediente 1247/2022.

OBRAS INCONCLUSAS Y CON DEFICIENCIAS

En el tema de infraestructura, días antes de concluir el sexenio del expriista, inauguraron el Hospital Materno Infantil y el nuevo Hospital General de Pachuca, mismos que presentaron deficiencias en los siguientes días.

Por lo que el actual gobierno anunció la reubicación del Materno Infantil, y hasta la fecha continúan las gestiones para la última etapa del hospital ubicado en San Agustín Tlaxiaca.

También, durante su gobierno Fayad Meneses reiteró en diferentes ocasiones poner en marcha los hospitales de Metztitlán y Actopan; el primero fue inaugurado en junio de este año por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador.

SOBRECOSTO EN ATIRANTADO

Además, su obra emblemática en Pachuca, el puente atirantado, costó 502 millones de pesos, presupuesto que incrementó 100 millones, ya que la inversión inicial se contempló en 402 millones de pesos.

Misma que tuvo retraso de poco más de un año, por lo que la Secretaría de Contraloría junto con la Auditoría Superior de la Federación realiza revisión de esa y otras obras.

Sumado a lo anterior, el actual gobierno detectó desvíos millonarios durante la pasada administración a lo que denominó estafa siniestra, con la utilización de empresas fachada.

29 DENUNCIAS POR ESTAFA

De acuerdo con datos de la Secretaría de Contraloría estatal, hasta octubre de 2023 interpuso 29 denuncias penales por desvío de recursos y otros delitos ante la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH).

Además que cuentan con 41 denuncias en contra de proveedores, servidores públicos de siete dependencias, 13 organismos y diez municipios por un daño al erario de más de 2 mil 200 millones de pesos.

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