La Secretaría de la Contraloría del Estado de Hidalgo estará pendiente durante las fechas de registro de aspirantes a alguna candidatura a cargo popular, para evitar, y en caso necesario sancionar a funcionarios que usen recursos públicos para promocionarse.
Álvaro Bardales Ramírez, titular de la dependencia, señaló que a partir de denuncias ciudadanas, tienen detectados a funcionarios que usan recursos públicos para promocionarse con objetivo de obtener alguna candidatura.
HASTA 6 MIL PERSONAS CON INTENCIÓN
El funcionario calcula que son hasta 6 mil personas “con posibilidades reales” de ser candidatos a algún cargo de elección popular.
De dicha cantidad, alrededor de mil 200 son servidores públicos en funciones, varios de ellos en responsabilidades como presidentes municipales, asambleístas y legisladores locales o federales.
Yo les aconsejaría a los que ya se registraron, que mejor renuncien a sus cargos”, refiriéndose a los funcionarios públicos, insistiendo que la Contraloría estatal les sancionará en caso de comprobar el uso de recursos públicos para hacerse promoción personal para obtener una candidatura.
TEMA DE ÉTICA
Respecto al uso del cargo para hacerse promoción político-partidista, pero sin hacer uso de recursos públicos, sean financieros, de infraestructura o colaboradores de alguna institución, el funcionario estatal dijo que es un tema de ética.
Y al final, muchos de ellos, ni siquiera van a ser candidatos, porque la gente se da cuenta de la actuación de los funcionarios, y los va a calificar”, agregó.
DENUNCIAS CIUDADANAS
Bardales Ramírez ejemplificó que incluso han aplicado sanciones a servidores públicos a partir de denuncias ciudadanas.
Por ejemplo, ya hemos detectado bardas pintadas, lo que puede representar actos anticipados de campaña”, de acuerdo con el Código Electoral estatal y la Ley General de Responsabilidades Administrativas del estado de Hidalgo.
Advirtió que vigilarán a presidentes municipales para evitar que usen recursos públicos para beneficiar a alguno de sus colaboradores.
También advirtió sanciones administrativas que podrían llegar a judicializarse en casos más graves.