Sobre un polvorín
El asesinato de los jóvenes estudiantes de Celaya volvió a conmocionar a Guanajuato e hizo pública, una vez más, la crisis de inseguridad en la que sigue hundida la entidad.
Hace una semana se reportó el hallazgo de cinco jóvenes con huellas de violencia al interior de un vehículo en la comunidad de Crespo, atrás del campus UG de Celaya.
A partir de ese momento se impuso el silencio y la información comenzó a darse a cuentagotas. Quedó en evidencia la falta de coordinación de las autoridades de los tres niveles de gobierno.
Hasta ahora no hay claridad del móvil y no hay responsables detenidos.
Tampoco, ninguna autoridad por separado ni en conjunto, ha salido para dar tranquilidad a los celayenses de que se trabaja por regresar la paz.
Lo cierto es que Celaya sigue siendo una zona caliente. En 2022, entre los municipios que acumularon más homicidios en el país, Celaya fue cuarto con 665, solo menos que León (799), Juárez (1,081) y Tijuana (2,073). Así lo muestra el “Atlas de Homicidios 2022” publicado por México Unido contra la Delincuencia.
Celaya fue el único municipio en presentar un aumento en la ocurrencia de homicidios en su territorio durante el 2022 (+6%).
La tarde del pasado domingo, la Guardia Nacional fue la primera en llegar y cercar la escena del crimen, negándole el acceso e información incluso al propio secretario de Seguridad de Celaya, Jesús Rivera Peralta.
Tras el hallazgo, se registró un intenso y llamativo operativo de seguridad en la comunidad de Santa Rosa de Lima en Villagrán, el punto donde marcó la última ubicación del celular de uno de los jóvenes.
El gobernador Diego Sinhue prometió que “estos actos no quedarán impunes”.
El presidente municipal de Celaya, Javier Mendoza Márquez, salió esa misma noche a publicar un mensaje en sus redes sociales donde exigía que la Fiscalía General del Estado esclareciera los hechos.
A la mañana siguiente, la Universidad Latina de México confirmó que los cinco jóvenes eran estudiantes de la carrera de Medicina de la institución privada y su rector, Carlos Lemus Muñoz Ledo, exigió a las autoridades esclarecer los hechos.
A la par, el cuerpo de un sexto joven apareció a unos 200 metros del primer hallazgo, y que aparentemente fue dejado la misma mañana del lunes, incrementando las interrogantes sobre la seguridad en la escena del crimen.
A una semana de uno de los crímenes más atroces en la historia moderna de Guanajuato, hay muchas dudas y muy pocas respuestas de las autoridades de los tres niveles de gobierno.
Hartazgo social y revictimización
El crimen provocó que la comunidad estudiantil volviera a salir a las calles de Celaya a exigir justicia por el asesinato de sus compañeros.
Tras dos días de silencio absoluto desde el Gobierno federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador, terminó por revictimizar a los jóvenes señalando en una mañanera que habían ido a comprar droga a Santa Rosa de Lima, hipótesis que fue descartada por el propio fiscal Carlos Zamarripa.
Desde el Gobierno Municipal acusan que ha habido poca claridad en la información desde el primer momento y tanto el Municipio como diversos sectores como el empresarial y el educativo se cuestionan el poco respaldo.
Ni que decir del Presidente de la República quien, con sus declaraciones donde revictimizó a los estudiantes, provocó el repudio generalizado y se acentuó la falta de estrategia federal en seguridad en Celaya, uno de los municipios con mayores índices de violencia en el País en el cual no ha puesto un pie en cinco años de su gobierno.
En mayo del 2022 Diego Sinhue adelantó que el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López, le había dicho que en breve visitará Celaya para reunirse con autoridades y también el sector social y empresarial y reforzar acciones por la seguridad. Esa visita tampoco sucedió.
También hay que recordar la primera piedra en mayo del 2019 de lo que sería el Centro de Formación Policial en Santa Rosa de Lima, proyecto de Diego Sinhue para mandar un mensaje a la delincuencia organizada con control de ese territorio. A la primera piedra asistió el entonces secretario de Seguridad federal y hoy gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. Hoy esa obra estatal está lejos de ser concluida.
Hay promesas, discursos, y buenas intenciones, pero Celaya es un polvorín.
Lore y Javier, sí van
En los acuerdos de coalición para ayuntamientos entre PAN-PRI-PRD todo apunta a que irán juntos en 24 de los 46 municipios, y eso incluye la apuesta por la reelección tanto en Irapuato como en Celaya, con Lorena Alfaro y Javier Mendoza.
Pero solo podrán confirmarse los nombres en los próximos días pues el miércoles próximo es la fecha en la que los partidos deben registrar en el IEEG las coaliciones municipales.
En Celaya el PAN ya había dicho que iría con hombre y la disputa estaba entre Javier y Marco Gaxiola, director de la Comisión Estatal del Deporte. Pero la mancuerna Diego-Libia ha optado en su mayoría por los alcaldes en funciones.
En Irapuato, aunque el PAN había registrado género hombre, la alianza le da la posibilidad de ajustar, y la presión de Lorena, con el respaldo del jefe Marko Cortés, rindió frutos para dejarle la cancha a pesar de la resistencia interna que encabezó el exalcalde Ricardo Ortiz, quien estaría en campaña por una diputación, lo mismo que Víctor Zanella.
En Guanajuato capital se perfila el exgobernador Juan Carlos Romero Hicks para la Alcaldía y Samantha Smith en campaña por la diputación local.
En Silao apostarán por la actual diputada Melanie Murillo para la alcaldía. Y en Salamanca, donde van contracorriente, tienen al empresario Gerardo Arredondo.
En los otros 22 municipios PAN y PRI jugarán solos por las alcaldías, no hubo química, entre ellos León, San Miguel de Allende y San Francisco del Rincón.
En el Senado también irá cada uno por su lado. En diputaciones federales la alianza cuajó en 11 de 15 distritos, solamente en los cuatro de León va cada uno solo. Y en diputaciones locales prevén ir en coalición en alrededor de 8 de los 22 distritos.
En el bando de enfrente, la coalición Morena-Verde-PT no ha podido ponerse de acuerdo para una alianza flexible, que como mínimo incluya 12 municipios.
Al Verde no le aceptaron encabezar León con el diputado Gerardo Fernández, Morena puso sobre la mesa a Guillermo Medina Plascencia, desconocido en la vida pública local, hermano del panista Carlos, quien también pintó su raya.
Morena no termina de cerrar filas al interior y, si no hay acuerdos en lo municipal, la alianza a la gubernatura con Alma Alcaraz como abanderada, puede tambalearse.
El árbitro electoral: más peleado que nunca
Cuando apenas había pasado poco más de una semana del inicio formal del proceso electoral local, se suscitó un altercado verbal entre consejeros electorales en plena sesión pública del Consejo General del IEEG del martes, que solo es una evidencia más de lo dividido que está ese órgano y de la mala relación que priva entre sus integrantes desde hace mucho tiempo.
La presidenta Brenda Canchola Elizarraraz acusó que el consejero electoral Luis Gabriel Mota la ha estado amenazando, cometiendo violencia contra ella y faltándole al respeto, por lo que le pidió cesar con estas actitudes.
“Exijo respeto hacia mi persona, exijo que paren los actos que ha estado cometiendo con amenazas hacia mi persona, con amenazas, con violencia, disfrazados de cordialidad, a través de los diversos correos electrónicos que me ha estado vertiendo.
“Lo ha hecho usted de manera pública, lo ha hecho usted de manera privada”, espetó Brenda Canchola a Luis Gabriel Mota, en una sesión que si bien era virtual, se estaba transmitiendo en vivo vía Facebook, You Tube y la página de internet del Consejo.
La declaración la hizo cuando se discutía una sanción con una multa mínima a Movimiento Ciudadano por no haber hecho dos publicaciones, ordenada por el INE. Un tema que no parecía relevante, desató una protesta inesperada de la presidenta.
Ahí, las consejeras Sandra Prieto y Concepción Aboites se quejaron de que en la Unidad Técnico Jurídica y de lo Contencioso Electoral del propio IEEG les negaron los expedientes que querían consultar y tampoco les dieron copias que solicitaron.
Sandra Prieto preguntó cómo era posible que a ella, como consejera, le negaran acceso a esos documentos, cuando necesitaba revisarlos para poder tener pleno conocimiento del caso que iba a votar. Y por eso votó en contra, porque desconocía cómo se realizó el procedimiento.
El consejero Luis Gabriel Mota intervino y entre sus argumentos dijo: “Pareciera que hay una tendencia de negar información a los integrantes del consejo y a darles línea”.
Habló de dirigir votos “o influir en cómo votamos (los consejeros). Eso es grave y ya amerita entrar a otras instituciones para que estén enteradas de lo que está sucediendo”.
Enseguida, Brenda Canchola le respondió de la siguiente manera: “…Creo que ya es suficiente, toda paciencia tiene un límite y la mía también. Jamás faltaré al respeto a las instalaciones de este recinto, cada quien podemos tener diferentes maneras de cómo ejercer nuestros cargos, eso yo lo respeto.
“Pero tampoco puedo permitir que se pretenda instruirme acerca de cómo debo ejercer la presidencia que tengo a mi cargo”, le puso un “hasta aquí” a Luis Gabriel Mota.
Agregó que bajo ninguna circunstancia se ha negado información.
La consejera Concepción Aboites se sumó a la discusión: “ha ocurrido violencia en este consejo y no por parte de la presidencia”.
Luis Gabriel Mota no respondió absolutamente nada a las acusaciones de Brenda Canchola y siguió interviniendo en los demás asuntos como si nada hubiera pasado.
Además de que fue imposible para los reporteros conocer las amenazas y violencia pasadas ejercida contra ella porque como era una sesión virtual, como lo hacen siempre en el Consejo General del IEEG a pesar de que hace mucho terminó la pandemia -excepto un día al mes- no hubo oportunidad de entrevistarla.
Rechazan negar información
Respecto a las demandas de que se niega información, el consejero Antonio Ortiz, presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias, respondió que siempre están disponibles los expedientes para su revisión.
“Es falso que no se dé acceso” y que puede pedir que se lleve a su oficina para que revise todo lo necesario y luego reintegrarlo a la unidad.
Explicó que un expediente cuenta con más de mil hojas, y otros dos tienen más de 100 hojas, por lo que obtener copias certificadas de estos es muy gravoso.
“Reitero: no se niega el acceso a la información, ahí está, siempre y cuando lo solicite, haga acuse de recibo, lo revise y lo reintegre a la unidad”.
La consejera Beatriz Tovar, agregó, molesta: “Yo no puedo admitir que se diga que niega información. Yo como integrante de la Comisión de Quejas y Denuncias puedo dar cuenta de que jamás se ha negado información”.
Pero más allá de los detalles, este capítulo de violencia verbal que se dio nada más y nada menos que en una sesión oficial del Consejo General del IEEG, muestra que algo muy grave está pasando al seno del árbitro electoral.
De entrada, que la relación entre los consejeros electorales está en muy malos términos, peor que nunca, porque si tienen que salir a dirimir sus diferencias en una sesión pública, frente a los representantes de los partidos y frente a toda la ciudadanía y medios de comunicación que los ven a través de internet, es porque ya explotaron y traen muchos agravios acumulados.
Ahora, el segundo tema, que acusen se niegue información por parte de la Unidad Técnico Jurídica a las propias consejeras, también es grave.
Ambas situaciones muestran que no hay comunicación entre los propios consejeros y eso ya está repercutiendo y afectando en su trabajo, como lo vimos en la sesión del martes, donde lo relevante no fueron las sanciones a Movimiento Ciudadano y PRD, que también se trató, sino los pleitos entre los consejeros.
Y en ese ambiente laboral e institucional van a organizar la elección local donde se elegirán: gobernador, 22 diputados locales y 46 Ayuntamientos. Que Dios nos agarre confesados a los guanajuatenses.
RAA