Ignacio Morales Lechuga *
El 2024 inicia con un México profundamente herido. Los indicadores de la seguridad pública son cada vez peores, con homicidios, asaltos, feminicidios y masacres cada vez más frecuentes. La muerte violenta supera incluso la de países envueltos en conflictos bélicos como Ucrania, o en guerras civiles como Somalia, Nigeria y Sudán.
Junio de 2024 traerá la oportunidad de lograr un cambio de timón en el gobierno federal, aunque persiste la duda de si será posible. A pesar del fracaso de la administración pública, de su opacidad y falta de resultados, la popularidad presidencial parece no mermar.
Una encuesta profesional reporta que 74% de los mexicanos considera que este gobierno es también muy corrupto; sin embargo, la aprobación presidencial ronda el 56%. Es decir, 30% de los ciudadanos que consideran que tenemos un pésimo gobierno están dispuestos a repetir la fórmula ¿a qué se debe?
El gobierno y Morena han desplegado una estrategia cuya finalidad es cooptar el voto del 2 de junio. Una sociedad cada vez más empobrecida ha generado un subsegmento proveniente de los grupos más vulnerables, dependiente directo de las ayudas gubernamentales.
Los programas sociales son indispensables y ayudan a reducir desigualdades. Los que consisten solamente en reparto de dinero, se vuelven incluso insostenibles, arraigan la pobreza, desalientan la iniciativa, pervierten el trabajo y afectan la propia dignidad de las personas al reducirlas a piezas de un poder clientelar, que quita toda aspiración de mejoría que no provenga de la dádiva gubernamental.
Las encuestas indican que entre 51 y 53% de los mexicanos recibe algún tipo de apoyo: adultos mayores, estudiantes, madres solteras, discapacitados, entre otros. Un ejército gubernamental de “siervos de la nación” recorre el país difundiendo que se trata de la ayuda personal del presidente, único que se preocupa por los pobres. Estamos viendo en operación un viejo instrumento político electoral, actualizado con esteroides publicitarios y desplegado durante 5 años de gobierno.
“Qué miserable debe ser aceptar el apoyo de los programas sociales y andar criticando al presidente”, decía un reciente mensaje en las redes, revelador de lo que el oficialismo quiere que la gente piense y sienta. Quienes reciben estas dádivas se ven comprometidos a aceptar las decisiones del presidente sin conocerlas y menos analizarlas. Ello evita que se propaguen los enormes fracasos en materia de seguridad, salud o la estela de corrupción e ineficiencia del Tren Maya, la Refinería Olmeca o el Aeropuerto Felipe Ángeles, mismas que anticipan la suerte de las nuevas ocurrencias para operar con gasto público una aerolínea deficitaria y una incierta “farmaciota” del gobierno.
Morena concentra esfuerzos para hacer creer que los apoyos dejarán de llegar si el oficialismo no gana las elecciones, con lo cual los votantes beneficiados quedan atrapados en una red de control electoral que corresponde más a mecanismos de manipulación típicos de una secta, que a los de cualquier institución democrática.
¿Entonces todo está decidido y no hay nada que hacer? De ninguna manera. Es necesario asegurar a quienes reciben pensiones que éstas continuarán si la oposición gana, incluso con mayor orden y no desde la opacidad que hoy permite desviaciones, malos manejos, pagos incompletos o condicionados. Sin una oportuna y clara propuesta construida desde la oposición, el interés presidencial en incrementar la cantidad y los montos destinados a programas de ayuda puede convertirse en el pilar para que el actual gobierno se mantenga en el poder.
La alianza de opositores a la continuidad morenista debe afinar su comunicación y fortalecer el contacto con la población no sólo para desenmascarar la falsedad beatífica de Morena, sino para ofrecer además de dádivas, la perspectiva de un gobierno capaz de planear, institucionalizar y cumplir lo que es justo, igualitario, transparente y democrático.
* Notario, ex Procurador General de la República