León, Guanajuato.- Bárbara Botello Santibáñez, exalcaldesa de León, denunciada penalmente por Editorial Martinica SA de CV por falsedad en declaraciones y/o los que resulten, cambió de abogado durante una primera comparecencia ante la juez, lo que provocó que la audiencia de vinculación de proceso se pospusiera hasta el 8 de febrero.
La abogada es acusada de mentir frente a un juez de lo civil cuando aseguró que publicaciones de AM habían provocado que le cancelaran contratos con el Infonavit. Editorial Martinica pudo comprobar que al tiempo de sus declaraciones ante el juez en 2021, la abogada recibió contratos, primero por 8 millones de pesos y luego por 51 millones de pesos más.
La audiencia inicial programada ayer para imputar a la exalcaldesa de León, fue reprogramada a petición de ella, pues decidió de último momento cambiar de una defensa pública a un abogado particular en la causa penal 1P2023-2002.
Nombró a Iván Edmundo Lozano Serna, quien frente a Cristina Rábago Morales, jueza de control asignada al caso, momentos después de aceptar el cargo afirmó “no conocer a fondo la carpeta de investigación”, por lo que se le concedió tiempo para prepararse y presentar argumentos el próximo 8 de febrero a las 9:30 de la mañana en la sala 2 del Juzgado de Oralidad Penal de León.
Un abogado consultado por AM que pidió reservar su nombre consideró que esta sería parte de la estrategia de la expriista para ganar tiempo, en tanto se define si será candidata por Morena (partido con el que ahora simpatiza) a algún cargo público y así descartar afectaciones por cualquier decisión judicial.
Botello Santibáñez se le citó al juzgado como parte de la causa penal 1P2023-2002, derivada de una denuncia presentada por Editorial Martinica, SA de CV, luego de que ella falseara, según la denuncia, declaraciones al demandar por daño moral, por la vía civil, al presidente del Consejo de Administración de AM, Enrique Gómez Orozco, y otras dos personas, esto, el 13 de octubre de 2020.
¿Por qué periódico AM demandó a Bárbara Botello?
Fue el 6 de septiembre de 2021 cuando declaró en prueba confesional que por la columna de opinión “La Olla”, publicada en AM el domingo 14 de julio de 2019, tuvo afectaciones económicas, ya que varios clientes dejaron de contratar los servicios de su despacho, entre ellos, el Infonavit, y que por eso, ella obtuvo un detrimento patrimonial considerable.
En dicha columna de opinión se indica el costo estimado de la presunta corrupción registrada en su trienio como alcaldesa de León, que según una fuente de primer nivel ascendió a unos 300 millones de pesos, investigaciones que se derivan a auditorías de la Auditoría Superior del Estado, Auditoría Superior de la Federación, Contraloría Municipal de León y Secretaría de la Función Pública.
Sin embargo, después de la publicación de la columna, su despacho recibió dos contratos del Infonavit (uno en abril de 2021 y otro en abril de 2022) con un monto total de 59 millones de pesos.
Por ello, el pasado 17 de julio AM denunció a Bárbara Botello por presunta falsedad en declaraciones, y el 18 de octubre la Fiscalía General del Estado encontró elementos para llevar ante un juez dicha carpeta penal.
La decisión de la ex presidenta municipal de cambiar de abogado retrasa el desarrollo de la audiencia para definir su situación jurídica, si bien, enfatizó la Jueza, es su derecho constitucional elegir lo mejor para su defensa.
No es la primera vez que Botello nombra a nuevos defensores y, como consecuencia, se reprograman las audiencias para una fecha distinta, que usualmente es con un mes de diferencia mínimo.
Hay registro de una audiencia diferida en mayo de 2019, pero por un caso de peculado, donde ella y su defensa hacen la solicitud para poder estudiar el expediente.
Un riesgo, posponer audiencias
De acuerdo con abogados consultados por AM, Bárbara Botello desde días antes de la cita anterior, el 15 de noviembre, podría haber ejercido su derecho de nombrar a su representante legal, pero decidió esperar hasta hoy.
“Esta decisión no es común. Se utiliza a veces por necesidad o por estrategia. Los jueces lo perciben y les causa molestia. Ese es el riesgo, porque les hacen perder el tiempo, una fecha en su calendario con tanta carga de trabajo”.
El próximo 8 de febrero estando todas las partes presentes, Editorial Martinica, SA de CV como ofendida y Bárbara Botello como imputada, se decidirá la situación jurídica de la imputada. La jueza podría decidir o no vincularla a proceso.
La pena máxima por el delito de falsedad en declaraciones es de 2 a 8 años de prisión, según lo dicho en el artículo 255 del Código Penal para el Estado de Guanajuato.
CA