El término kakistocracia quiere decir el gobierno de los peores. La experiencia nos muestra que este tipo de gobiernos suelen ocurrir cuando un régimen carece de pesos y contrapesos que eviten que un líder autoritario designe, por la vía de los hechos, importantes carteras del Gobierno o incluso miembros del poder judicial.
El caso de la designación directa por parte del Presidente de Lenia Batres como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ilustra el punto.
Tal parecería que López Obrador se preguntó quién sería la persona menos capacitada para ocupar el cargo y luego la designó.
Pero más allá de la evidente falta de preparación de la nueva ministra hay algunos asuntos que deben preocuparnos.
En primer lugar, un procedimiento de designación de los ministros de la SCJN que incluya entre las opciones el nombramiento presidencial directo de ellos, tiene que considerarse deficiente. La práctica viola el espíritu del pacto constitucional que debe establecer salvaguardas para que no haya interferencia clara del poder ejecutivo en el judicial. A la luz de esto se hace necesario pensar en una reforma al procedimiento para que se vuelva imposible una designación directa del Presidente de un ministro o ministra en el futuro.
En segundo lugar, es alarmante que la primera intervención pública de la ahora ministra Batres haya sido una apología de la línea ideológica del Ejecutivo, una indicación de que sus decisiones van a estar supeditadas a los designios del líder populista, quizás incluso cuando este ya haya dejado el poder. No es imposible un escenario donde una persona que no ocupa la silla presidencial – en un maximato del siglo XXI – ejerza influencia decisiva en la actuación de los ministros que integran nuestro tribunal constitucional. Dependiendo de la extensión de este poder, podríamos estar frente al fin de nuestra República.
Al parecer, la ministra no entiende, o pretende no entender, que su lealtad es al pacto constitucional suscrito por la ciudadanía y no a ninguna otra instancia. El hecho de que la nueva ministra sea partidaria de la idea demagógica según la cual los ministros deben ser elegidos por “el pueblo” aumenta las señales de alarma.
Gracias a que dos ministros dejaron de serlo este sexenio – uno por renuncia forzada y otro por intereses políticos – el Presidente ha podido nombrar a un número extraordinario de miembros del más alto tribunal nacional, lo que aumenta su influencia en el poder judicial. Esto es ciertamente peligroso, pues es posible que la SCJN deje de cumplir con su máxima función de servir como un dique a la voluntad extra-constitucional de un líder que se cree el único representante del pueblo.
Con tres ministros que nunca tomarán decisiones que contravengan la voluntad presidencial, el espacio de maniobra de la SCJN es cada vez más estrecho.
Si hay buenas noticias en todo esto, es el aprendizaje sobre la necesidad de mejorar los medios juridiccionales de control constitucional de las leyes y acciones del gobierno.
Y por otro lado, hemos entendido que la desenfrenada ambición del oficialismo por controlar otros poderes, reclama cambios inmediatos en los procesos de designación, mecanismos de integración y reglas de operación de los órganos autónomos y de los poderes legislativo y judicial.