El día 15 de enero del 2023 será otra de las fechas amargas para Celaya. Exactamente hace un año, a las 12 del mediodía recibí una llamada de Beto Acosta, el presidente de la asociación civil, “Consejo Comunitario de Tamayo”, era extraño que llamara, nuestra comunicación se había reducido al saludo cortés y casual, salvo una reunión de unos días antes para platicar sobre la incorporación de los pozos de agua de la comunidad de Rincón de Tamayo a Jumapa.
Yo había publicado el 23 diciembre del 2022, un artículo periodístico en donde analizaba el dictamen del Ayuntamiento, y las irregularidades, y días antes de la represión, retomé el tema, publicando otro análisis, llamado el Cartel del Agua, en donde mostraba el manejo político de la intervención de Jumapa en Rincón de Tamayo, desglosaba el proceso que se debió seguir, y el papel de los Comités de Agua Rurales a cargo de Jorge Gámez. Era importante que todos comprendieran el mecanismo de elección y de toma de decisiones.
Ese domingo al contestar el llamado de Beto, lo escuché perturbado, me dijo que la policía estaba golpeando a la gente, que había pobladores detenidos por la policía municipal, y que lo apoyara para liberarlos. Le pedí la lista, y de inmediato hablé con dos de nuestros compañeros abogados especialistas en el ramo penal, y los puse en contacto con él. Para el momento del enlace de sus llamadas telefónicas, ya estaban trabajando otros abogados, entre ellos, Gustavo Cruz, quienes se harían cargo del proceso de manera impecable. Así se inició la defensa legal y pública, en contra de lo que sería el ejemplo más ruin del comportamiento del gobierno municipal de Celaya frente a la población civil.
Justamente, el motivo de la represión policiaca de ese domingo había sido por la defensa de los pozos de agua y la infraestructura que los Tamayenses habían creado a lo largo de los años. La intervención y represión policiaca comenzó minutos antes de las nueve de la mañana, y a las doce del mediodía aún no terminaban los actos represivos. Nadie frenó la salvaje golpiza, las detenciones, y luego la tortura. Fueron remitidos a la Comandancia Norte 24 personas, y 14 fueron presentadas ante el ministerio público. Lo que parecía una detención administrativa, se convirtió en una pesadilla para 8 mujeres, niños, y jóvenes que denunciaron tortura realizada en la Comandancia Norte por policías municipales.
Horas más tarde, el Consejo Comunitario de Rincón de Tamayo y Alianza Ciudadana hacen un llamado público al gobernador para que intervenga y se liberen a los detenidos, pero nadie responde. Por el contrario, desde la Secretaria de Seguridad Ciudadana mandan un comunicado de Prensa, en donde afirman que, derivado de presuntas amenazas de un GRUPO DE CHOQUE al personal de JUMAPA, se brindó acompañamiento, siendo recibidos por una TURBA DE MANIFESTANTES, quienes agredieron a los elementos de policía municipal con piedras, palos, botellas de vidrio y petardos lesionando a varios elementos entre ellos al Director de Policía. El presidente municipal, Javier Mendoza reitera lo mismo.
El lunes 16 de enero, la fracción de Morena en el Ayuntamiento se pronuncia por una investigación urgente y sanciones a la policía por la violación a los derechos humanos; por otro lado, la fracción del PAN avala la intervención de la policía en Rincón de Tamayo. Ese mismo día el director de Jumapa Roberto Castañeda, informó que fueron 23 personas detenidas que, “se interpusieron denuncias penales por amenazas, intimidación, e incluso privación de la libertad”.
Ese mismo lunes la Fiscalía Estatal Especializada abrió una carpeta de investigación con motivo de la queja presentada, en relación a los hechos ocurridos un día anterior con respecto a la violación de Derechos Humanos.
El martes 17 de enero fueron liberados los 14 detenidos que habían sido presentados ante el ministerio público. Los dejaron las 72 horas, a pesar de mostrar signos visibles de violencia física y psicológica. Su salida fue registrada por una buena cantidad de medios de información y las declaraciones daban cuenta de vejaciones, lesiones, amenazas y actos de tortura.
El jueves 19 de enero, se publica una entrevista a Roberto Castañeda, quien declara que, “aunque las personas que estaban detenidas por los disturbios y delitos en la comunidad, hayan salido libres, el proceso penal, sigue, y los cargos no se retirarán”. Ese mismo día, el gobernador Diego Sinhue, visita Celaya, y señala que el presidente municipal “cuenta con el respaldo del gobierno del estado para lo que se requiera”.
El 22 de enero en mi columna semanal, con el título “alguien ya enloqueció”, analizo la “ley Nacional sobre el uso de la fuerza”, y destaco cómo se violaron los PRINCIPIOS DEL USO DE LA FUERZA: de absoluta necesidad, de legalidad, de prevención, de proporcionalidad, de rendición de cuentas, y como la actuación policial no actuó “con pleno respeto a los derechos humanos”.
Igualmente, señalo el IMPACTO DEL USO DE LA FUERZA, y el protocolo que debe seguirse como la PERSUASION, RESTRICCION DE DESPLAZAMIENTO, y SUJECCION.
En cuanto el PROCEDIMIENTO rescato los ordenamientos como ACTITUD DILIGENTE, PERSUASION O DISUASION VERBAL, y que “el uso de la fuerza solo se justifica cuando la resistencia o agresión es REAL, no imaginaria o hipotética”.
Sobre las DETENCIONES la Ley señala, “la obligación de, poner a disposición de forma inmediata ante la autoridad competente a la persona detenida. Los agentes, bajo su más estricta responsabilidad, velarán porque durante la custodia del detenido se resguarde su integridad y se impidan actos de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.
Fue un artículo largo, muy detallado con el propósito de esclarecer a la luz de los hechos, cómo la actuación policial había sido desastrosa, infame e ilegal, y que “las infracciones a la presente Ley… deberán ser sancionadas en términos de las disposiciones legales civiles, penales o administrativas correspondientes”. Terminé diciendo que, “en 50 años nunca se había visto el uso desmesurado de la fuerza policiaca en contra de la población civil, y que alguien ya enloqueció”.
El 25 de enero la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por el tipo de hechos y su impacto social, ejerce su facultad de atracción, y se hace cargo de la investigación de los sucesos ocurridos en Rincón de Tamayo.
A finales de enero y principios de febrero público un artículo titulado, “Violencia, Mentiras y Engaños”, con documentos oficiales, solicitados a la Unidad de Transparencia Municipal, se demuestra que el dictamen del 23 de diciembre no está debidamente fundamentado, se muestran las inconsistencias del proceso, y las mentiras públicas de algunos ediles para imponer a Jumapa en Tamayo. Analizo las atribuciones del Consejo Directivo de Jumapa, y las de la Contraloría Municipal, las cuales en la práctica no son tomadas en cuenta.
Luego de movilizaciones y denuncias realizadas en el Congreso del Estado y en la ciudad de México realizadas por los habitantes de Rincón de Tamayo, el 3 de febrero personal de la CNDH investiga en el lugar de los hechos, la denuncia por los abusos policiacos.
El 20 de febrero público el artículo, “Sí estaban locos”, en donde informo de “la sesión de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales, del lunes 13 de febrero, en donde se trataría la revocación del dictamen de incorporación del sistema de agua de Tamayo a Jumapa, por incurrir en procedimientos ilegales en la extinción de su Comité de Agua Rural, esto a petición formal de los habitantes de Rincón de Tamayo. Analizo el REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE CELAYA, destaco que “las comisiones se integrarán de manera COLEGIADA, procurando que reflejen PLURALIDAD Y PROPORCIONALIDAD…” pero nuevamente, los panistas incurren en faltas, tuercen la orden del día, y la falta de proporcionalidad impide el debate, y echan abajo la solicitud que fue acompañada de 3 mil 300 firmas de Tamayenses.
El 30 de junio la Comisión Nacional de Derechos Humanos, extendió la RECOMENDACIÓN OFICIAL NO. 113 VG/2023 “sobre el caso de VIOLACIONES GRAVES A LOS DERECHOS HUMANOS, a la legalidad, seguridad jurídica y a la integridad personal, con motivo del uso excesivo de la fuerza, cateo ilegal, detenciones arbitrarias y tortura en agravio de habitantes de Rincón de Tamayo, atribuibles a elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de Celaya, Guanajuato.
El 25 de julio los ciudadanos afectados se presentaron ante la Fiscalía Estatal de Guanajuato, quien tiene en sus manos la responsabilidad de investigar y procurar justicia para los habitantes de Rincón de Tamayo, a esa fecha habían transcurrido 7 meses y no había ningún avance, con la RECOMENDACIÓN de la CNDH como prueba plena, se supondría que avanzarían las investigaciones.
El 3 de agosto, publiqué mi columna acostumbrada con el título, “Torturadores de cuello blanco”, en donde comento que la violación a los Derechos Humanos fue notoria y de interés nacional, para que la COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS atrajera la investigación, y bajo el PRINCIPIO DE RENDICION DE CUENTAS obtuviera la información suficiente para extender la RECOMENDACIÓN OFICIAL NO. 113 VG/2023 “sobre el caso de VIOLACIONES GRAVES A LOS DERECHOS HUMANOS.
Comento que “vulneraron el bien más preciado jurídicamente y moralmente, el derecho a la dignidad humana porque se TORTURÓ a los tamayenses que detuvieron, y ese acto, es lo más reprobable que se puede consentir o permitir por omisión o comisión. Ningún SER HUMANO, que se precie de serlo podría llegar a ese nivel de abyección. Y me pregunto, ¿Qué motivó a los servidores públicos llegar a ese nivel de crueldad?
El 29 de agosto se realizó una audiencia en el Poder Judicial del Estado de Guanajuato, en los Juzgados Orales ubicados en Celaya, en relación a la carpeta de Investigación abierta a petición del municipio, para continuar con su querella en contra de los Tamayenses, a pesar que la CNDH, había extendido RECOMENDACIÓN al ciudadano Presidente municipal, “por las violaciones graves a los Derechos Humanos, a la legalidad, a la seguridad jurídica, y a la integridad y seguridad personal, con motivo del uso excesivo de la fuerza, cateo ilegal, detenciones arbitrarias y TORTURA, atribuible a elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana… La audiencia inicial no se llevó a cabo por la ausencia de una parte de los quejosos, y se pospuso para el 27 de septiembre.
Después de ocho meses de la represión en Rincón de Tamayo, el ciudadano Presidente municipal, reconoce su implicación en los hechos ocurridos, y en respuesta a la RECOMENDACIÓN DE LA CNDH, a través del Secretario de Seguridad Publica, el 1º de septiembre, extienden una disculpa pública. En el patio de la Casa de la Cultura, el ciudadano Jesús Rivera Peralta, dijo: “Reconozco la responsabilidad pública de la actuación policial del 15 de enero del 2023 en la comunidad de Rincón de Tamayo en la que resultaron agraviadas 51 personas… y pide disculpas, tal cual, lo establece la recomendación.
En mi columna publicada el 4 de septiembre, con el título de DISCULPAS PARA RINCON DE TAMAYO, enumeró los compromisos pendientes de ciudadano Mendoza Márquez, al acepar la RECOMENDACIÓN DE LA CNDH, y señalo que revictimiza a las 14 personas acusadas por hechos que han quedado desmentidos, al continuar con la denuncia en la Fiscalía.
Los pendientes son,y siguen siendo: PRIMERA. Colaborar en el trámite ante la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas de Guanajuato, para la inscripción en el Registro Estatal de 6 Víctimas, a través de la noticia de hechos que se realice a esta Comisión Estatal con la presente Recomendación, y una vez que ésta emita el dictamen correspondiente… proceda a la inmediata reparación integral del daño… que incluya la medida de compensación, en términos de la Ley General de Víctimas.
SEGUNDA. En coordinación con la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas de Guanajuato… se otorgue la atención médica, psicológica y de rehabilitación a las víctimas, la cual deberá brindarse por personal especializado y ajeno a la autoridad municipal, previo consentimiento y de forma continua, inmediata y gratuita… así como proveerles de los medicamentos y materiales adecuados a sus padecimientos.
TERCERA. Se llevó a cabo la disculpa pública, pero queda pendiente que “incluya la publicación de ésta y de la presente recomendación en medios locales y, en la página web oficial de la autoridad municipal por el período de un año”.
CUARTA. Colabore ampliamente en el trámite y seguimiento de la denuncia administrativa que esta Comisión Nacional presente en contra de AR1 a AR38 (Persona Autoridad Responsable) y, quien resulte responsable, ante la CONTRALORIA MUNICIPAL.
QUINTA. Colabore ampliamente en el trámite y seguimiento de la Carpeta de investigación que inicie la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, con motivo de la denuncia de hechos que esta Comisión Nacional presente en contra de AR1 a AR38 y, quien resulte responsable.
En este punto, le comento que es la Fiscalía Estatal especializada de Asuntos Internos y Tortura, del juzgado Octavo de Distrito, en donde se investiga de oficio los delitos señalados por la CNDH, entre ellos el de TORTURA.
SEXTA. Se diseñe e imparta, dentro del término de seis meses, contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación, un curso integral en materia de derechos humanos en temas específicos sobre la prevención y erradicación de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y el uso de la fuerza en el contexto de manifestaciones, dirigido a las personas servidoras públicas adscritas a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya, de manera específica de AR1 a AR38.
De acuerdo con lo señalado en el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política Federal, y el artículo 1° párrafo tercero, constitucional, la CNDH solicita la investigación que proceda por parte de las dependencias administrativas u otras autoridades competentes para que, conforme a sus atribuciones, se apliquen las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que se trate. Igualmente, le solicita al presidente municipal que, en su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento de la Recomendación las envíe, en el plazo legal.
Señalo en mi artículo, que el reconocimiento de los hechos, y la aceptación de responsabilidades, acreditadas en la Recomendación, al momento de ofrecer la DISCULPA PUBLICA, abre tres caminos en el tema jurídico: uno, la audiencia pospuesta para el 27 de septiembre revelará si la finalidad es la intimidación a las víctimas, o la exposición pública y el sacrificio de los mandos policiacos menores. Dos, que la investigación de la Fiscalía Estatal de Guanajuato realizada por oficio, y por la denuncia de hechos, realizada por la CNDH en contra de AR1 a R38 (autoridad responsable) y otros de la cadena de mando… implicará sanciones inevitables e inaplazables. Y tres, que la Contraloría Municipal tendrá que realizar por primera vez una investigación sin omisiones y sin complicidades, y determinar la responsabilidad de los señalados en el punto CUATRO. Estos asuntos siguen pendientes.
Ahora bien, retomando el asunto de la denuncia del municipio hacia los 14 Tamayenses, la comparecencia del 27 de septiembre tampoco se llevó a cabo, porque no volvieron a llegar parte de los quejosos; el 9 de noviembre hubo otra audiencia, pero días previos a esta comparecencia, el municipio encabezado por el ciudadano Mendoza Márquez, intentó realizar un intercambio, ofreció retirar los cargos a cambio del desistimiento de los pobladores afectados por los hechos que investigó la CNDH, y que tiene en proceso la Fiscalía Estatal. Apostaban al desgaste anímico de los habitantes, y a la revictimización que sufrían en cada cita.
Al termino de dicha comparecencia, en reunión colectiva, los Tamayenses discutieron la “oferta” municipal” para tres de sus compañeros, y acordaron continuar los procesos sabiendo que el municipio al reconocer el 1º de septiembre, “la responsabilidad pública de la actuación policial del 15 de enero del 2023 en la comunidad de Rincón de Tamayo en la que resultaron agraviadas 51 personas…” era una prueba plena de su inocencia.
El 28 de noviembre finalmente hubo una audiencia de mediación y acordaron el Mecanismo Alternativo, el UTCDTL3-CICN-5262/2003-PMA/3, de la carpeta de investigación 7UTCDTL3-CICN-5762/2023, destaco éste, de 14, porque en el existe el desistimiento de la representante legal del municipio por los daños, afectaciones y molestias, que señala, le fueron ocasionadas. Se firma un convenio y compromiso de no afectación mutua sobre los hechos reclamados del conflicto.
De esta forma llegamos al 15 de enero del 2024: las imputaciones legales del municipio hacia los 14 ciudadanos de Tamayo, fueron retiradas, principalmente por su improcedencia; la denuncia en la Fiscalía Estatal por la investigación realizada por la CNDH, y ellos mismos, continua, y sobre todo porque los delitos de tortura son graves, y pueden tener repercusiones internacionales, si no son sancionados; la incorporación a JUMAPA del servicio de agua potable, alcantarillado y tratamiento de agua residual de la comunidad de Rincón de Tamayo, continua, sin haber cumplido con la promesa de invertir en la reparación en el mantenimiento preventivo y correctivo. El agua sigue contaminada por metales pesados, y la mayoría de los habitantes, no han suscrito contrato de servicios con Jumapa. La RECOMENDACIÓN formulada al ciudadano presidente municipal, no la ha cumplido en su cabalidad, y tiene un plazo, que de no cumplir tendrá un tratamiento legislativo.
Como usted observará el conflicto general en Rincón de Tamayo, aún no termina, las lecciones y el aprendizaje si lo hubiera, para el Ayuntamiento municipal y sus empleados como el Secretario del Ayuntamiento, Jorge Gámez, o el director de Jumapa Roberto Castañeda, es que no pueden comportarse como virreyes, y estar por encima de la ley, ni pasar por alto el comportamiento ético que deberían tener como servidores públicos. Del ciudadano presidente municipal, si aún hay espacio en su mente y corazón, debe guardar los principios básicos que le dieron la posibilidad de representar al pueblo celayense, el pueblo manda, y el pueblo quita.
Revolcadero. La mentira como el nombre, siempre tiene un apellido.