Guanajuato.- Un tormento viven familiares de personas que pierden la vida de forma violenta, lo mismo en casos como la masacre en Salvatierra que en accidentes viales, ya que los cadáveres son trasladados al Servicio de Investigación Científica, en Guanajuato capital, donde tienen que hacer fila para que se les realice la autopsia de ley.
A finales de marzo de 2022, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato tomó la determinación de desaparecer el Servicio Médico Forense (Semefo) de los 46 municipios de la entidad, y centralizarlo en el Edificio de Servicios de Investigación Científica en la comunidad de Cervera, en Guanajuato capital.
Definitivamente se convierte en una tragedia, porque prácticamente las personas que mueren tienen que hacer fila, lamentablemente, y se van entregando a los familiares según se vayan terminando las autopsias de ley, para que se dé la orden y les dé cristiana sepultura”, dice Juan Velázquez Sandoval, presidente de la Asociación de Familiares Atropellados.
“Esto implica gastos de traslados, encarecimiento de traslados funerarios; muchas personas no tienen la capacidad económica para ir y venir a Guanajuato, y desconocen los procesos jurídicos para que les entreguen los cuerpos. Es terrible”, añade Velázquez, quien perdió familiares en la masacre de Salvatierra, el 17 de diciembre del año pasado, donde fueron asesinadas 11 personas en una posada.
Agrega que ya se plantea la posibilidad de descentralizar de nuevo los Semefos, pues hay familiares a los que se les entregan los cuerpos de las víctimas, sus parientes, hasta dos días después.
Señaló que en mesas convocadas por el Congreso del Estado se ha planteado la urgencia de que nuevamente se cuente con instalaciones de Semefo en León, Irapuato, Celaya y San Miguel de Allende.
“Desaparecieron porque era imposible tener un Semefo en cada uno de los 46 municipios, por lo costoso que es tener la herramienta para investigar muertes violentas, pero ve la posibilidad de descentralizar de nuevo, por este tipo de hechos violentos masivos”, añadió.
“Este proceso de ir a reclamar los cuerpos es una tragedia más. En diciembre, los homicidios dolosos y personas que fallecen en accidentes viales se incrementan en más de un 70%. El Semefo no tiene capacidad para dar servicio con rapidez cuando hay homicidios colectivos y es lamentable que (los deudos) tengan que hacer cola”, dice Velázquez.
Fue un error, sostiene legista
Médico legista en el retiro, Cándido Gutiérrez, señala que cuando estaba el Semefo en el Hospital de León recibían una persona que había fallecido en forma violenta y una vez que tenían la orden del Ministerio Público, de inmediato realizaban la autopsia de ley, las fotografías, los cortes de órganos para enviarlos a patología, pruebas toxicológicas y se daba aviso a los peritos en balística.
“En dos horas podría estar concluido el trabajo. Se entregaba el dictámen médico, y el MP daba la orden para que los familiares contrataran servicios funerarios. Ahora los familiares tienen que ir hasta Guanajuato a realizar la identificación del cadáver y se los entregan, lo que implica más gasto y tiempo”, opinó.
Añade que centralizar el Semefo “fue una estrategia no adecuada. Por muchos médicos que tengan necesitan tener un sistema de refrigeración muy grande, para 30 ó 40 cadáveres, pues muchos llegan como no identificados”.
Dar un trato digno, el objetivo a lograr
El subsecretario de Servicios a la Comunidad de la Secretaría de Gobierno en Guanajuato, José Luis Manrique Hernández, señala que todas las personas que mueren en forma violenta, en homicidios dolosos, homicidios culposos, suicidios, accidentes, tienen que ser trasladados hasta Guanajuato, para determinar las causas de su muerte.
Añade que de acuerdo al Reglamento del Registro Civil, en el artículo 84 se determina que toda persona que fallece de manera violencia o en la vía pública “se deberá presentar oficio del Ministerio Público para que autorice la inhumación o cremación del cadáver”.
El artículo 85 señala que “cuando el cadáver vaya a ser inhumado o cremado en un municipio distinto donde ocurrió el deceso, se deberá de presentar el permiso del sector salud que autoriza su traslado o en su caso del municipio”.
Señaló que la Dirección General de Servicios de Investigación Científica, que depende de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG), fue la que determinó la desaparición del Semefo en León, Irapuato, y Celaya en 2022.
En marzo de aquel año, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez justificó la medida de la FGEG con el argumento de un mejor servicio.
“Hoy tenemos una infraestructura que se ha creado para poder soportar todo esto. No solo de tener un cuerpo de algún fallecido en algún accidente o un homicidio, sino de darle un trato digno a los familiares. Esto es para bien del estado, lamentablemente en muchos municipios no se tenía la misma atención que merecen los deudos”, opinó.
Quienes han vivido una tragedia tienen una visión diferente.
El 2 de septiembre del 2022, en la carretera Silao-León, a la altura del puente de Santa Ana del Conde, se registró un accidente donde perdieron la vida 7 empleados de Leche León que vivían en la comunidad Loza de Barrera, Silao.
Manuel Hernández recuerda que el accidente fue un sábado en la mañana y hasta el domingo en la noche les entregaron los cuerpos.
“Teníamos que ir y venir, con gastos, y con pocos recursos. Es realmente un calvario el que se vive. Tener que ir a otro municipio, cuando era más fácil venir a León. Aparte las funerarias te cobran más por los traslados”, explicó.
Denuncian hay retrasos, ‘propinas’ y más gastos…
David Arenas Pacheco, de 39 años, era un joven entusiasta y deportista al que le gustaba ir al gimnasio y tener amigos. El 12 de noviembre del año pasado desapareció y ahí comenzó una historia llena de dolor y angustia para su familia.
A través de redes sociales, su hermana Karmen Arenas pidió apoyo para su localización.
“Ya son 22 días que seguimos buscando. Toda su familia estamos muy preocupados. Si alguien sabe algo de favor, háganos saber”, escribió en Facebook el 3 de diciembre.
Pero la pesadilla continuó.
“Con el alma hecha pedazos y un gran vacío dentro de nuestros corazones, les pido de favor seguir compartiendo y buscando a mi hermano. Ya es un mes de su desaparición”, escribió Karmen el 11 de diciembre.
Con la esperanza de poder ver aunque fuera por última vez a su hermano, el 13 de diciembre envió un mensaje conmovedor al presunto autor del crimen:
“Hola, te quiero un favor: si desapareces a nuestro querido hermano, no lo entierres, no lo dejes en un lugar donde no podamos encontrarlo, no lo quieras borrar de la tierra”.
Y añadió:
“No solo lo desapareciste, sino a toda su familia que tanto lo amamos; a él lo mataste y a nosotros nos dejaste muertos en vida. Tus razones tuviste para hacer lo que hiciste, pero tienes que tener en mente que era inocente.
“No te imaginas cuántas familias están muriendo de dolor, no porque lo hayas desaparecido, sino porque no lo encontramos…te suplicamos con todo el dolor, pero danos una señal, por tu madre santa te lo pido de rodillas”.
El 28 de noviembre, las autoridades municipales dieron a conocer que en Barranca de Venaderos, entre León II y Las Hilamas, habían localizado calcinados seis cráneos y restos humanos.
David vivía en la colonia Periodistas Mexicanos, muy cerca de donde encontraron los cuerpos, y tenía una hija pequeña.
Del Centro de Policía (Cepol) avisaron a los familiares del hallazgo y les pidieron que se hicieran pruebas del ADN para ver si alguno de los cuerpos era el que buscaban, lo que desafortunadamente ocurrió.
El miércoles 20 de diciembre les comunicaron del Semefo de Guanajuato que uno de los cuerpos encontrados podría ser el de David.
El 22 de diciembre llegó la certeza, Karmen publicó que ya habían localizado a su hermano, torturado y calcinado. “Con un dolor inmenso y el alma destrozada les informamos que, gracias a Dios, ya encontramos a mi hermano, desgraciadamente no como hubiéramos querido, pero se termina esta horrible angustia y zozobra”.
Pero entonces comenzó otra pesadilla.
Recuperar el cuerpo
Una vez que las autoridades comprobaron que el ADN del cuerpo coincidía, enviaron a Guanajuato a los familiares para identificarlo. Y de ahí los regresaron a León para que el Fiscal que tuvo conocimiento del caso les diera la orden de que les entregaran el cuerpo para volver nuevamente a Guanajuato.
Saliendo de Cepol ya los esperaban los “comisionistas” de las funerarias ofreciendo el servicio a un “costo bajo”, puesto que traerlos desde Guanajuato implican gastos.
“Nos dijeron que todos las personas que fallecen violentamente, homicidios dolosos y accidentes, los llevan a Guanajuato. Es toda una burocracia. Nos dijeron que el cuerpo lo iban a tardar tres días en entregar mientras le hacían la autopsia. Tuvimos que contratar un abogado para que en un día nos lo entregaran”, señaló uno de los familiares que pidió se omitiera su hombre.
Tuvieron que pagar 20 mil pesos, entre el traslado y algunas sorpresas.
Y es que el pariente sostuvo que les argumentaron que había que dar “propina” a los que realizan la autopsia para que entregaran el cuerpo en el menor tiempo, “porque hay fila”.
Finalmente pudieron darle sepultura el 21 de diciembre.
“No nos permitieron cremarlo, argumentando que fue debido a un homicidio doloso. Todavía nos preguntaron en la Fiscalía si queríamos interponer denuncia. Creo que ya ni caso tenía, porque no van a devolvernos a nuestro familiar y todo va a quedar en la impunidad, como siempre”, señaló.
Incrementan gastos
Hasta los empleados de servicios funerarios coinciden en que el traslado de los cuerpos a Guanajuato es una carga adicional para los deudos, económica y emocional.
Al haberlo centralizado es mayor el costo para la familia y mayor el martirio, no solo tienen que pagar el servicio, sino que también el traslado, dependiendo de las distancias y el tiempo de espera. El costo adicional puede ir entre tres mil y cinco mil pesos. Es decir, que si el servicio cuesta ocho mil, con el traslado se va hasta 13 mil, y muchas veces hay que dar gratificaciones al personal de Semefo para que lo hagan rápido”, reveló Juan Manuel Hernandez, empleado de la funeraria.
En la Fiscalía General del Estado, a través de el área de Comunicación, se solicitó información sobre el número de cuerpos de personas que tienen en resguardo, los reportados como desaparecidos, los tiempo que implica la entrega a sus familias (más cuando son masacres como las de Salvatierra), pero no hubo respuesta.
DAR