Ciudad de México.- La falta de sanciones, el uso político de los casos y el desaprovechamiento del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) han provocado que el país no avance en el Índice de Percepción de Corrupción (IPC), consideró Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana.
De acuerdo con el IPC 2023, dado a conocer ayer por Transparencia Internacional, México se mantuvo por cuarto año consecutivo con 31 puntos y ubicado en el lugar 126 de 180 países. La escala del índice va de cero a 100, siendo 100 la mejor calificación posible.
En entrevista, Bohórquez recordó que en 2019 y 2020 hubo una ligera mejora en la percepción tras el cambio de administración debido a la expectativa de que el combate a la corrupción era una de las principales apuestas del actual Gobierno, sin embargo, la falta de resultados ha cambiado ese optimismo.
“Mejorar en el IPC es posible. Así ocurrió en los primeros dos años de esta administración federal. Pero cuando los grandes casos de corrupción no llegan a sentencias firmes, cuando los activos desviados no regresan a las arcas de la nación, la percepción cambia. La cicatriz social no cierra”, señaló.
Ninguno de los grandes casos de corrupción judicializados este sexenio, dijo, como son Odebrecht, en el que hubo pago de sobornos por contratos; Agronitrogenados, en el que Pemex pagó 275 millones de dólares por una planta chatarra; y Segalmex, en el que hubo un desvío de 9 mil 500 millones de pesos, ha llegado a instancias definitivas y no se ha logrado recuperar los recursos robados.
Además, advirtió, se ha hecho un uso político del combate a la corrupción, lo que genera desconfianza.
“El otro tema que registra el IPC es el uso político-electoral de la agenda anticorrupción. En 2021, por ejemplo, durante la jornada electoral, se detuvo al exgobernador Roberto Sandoval de Nayarit, pero desde entonces ni sanciones firmes ni activos desviados recuperados”, consideró.
En contraste, refirió Bohórquez, en el exterior se ha investigado y sancionado casos de corrupción trasnacional que implican a México, como son los de las multinacionales Odebrecht, Vitol y Pfizer.
“Cuando se analizan los informes de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) para corrupción trasnacional, otros países reportan casos de corrupción en México que han sido investigados y sancionados en otras latitudes, pero no en México”, comentó.
Bohórquez consideró que al próximo gobierno le tocará revisar no si el SNA funciona, sino qué ha logrado conseguir pese a los obstáculos que la propia clase política le ha impuesto al sistema.
“Hay piezas del sistema nacional anticorrupción que funcionan bien, pero claramente no han aprovechado su potencial: no se utiliza la Plataforma Digital Nacional, el subsistema de fiscalización superior sigue sin poder instalarse, y los nombramientos se politizan y tardan sexenios”, manifestó.
JFF