El Presidente AMLO, ya en el ocaso de su reinado formal, ha planteado una iniciativa para una reforma constitucional sobre las pensiones. Aunque no se tiene todavía el planteamiento concreto, se sabe que busca una reforma del sistema de pensiones para que los trabajadores perciban al jubilarse lo que ganan en salario, antes de hacerlo. Este propósito es formidable, noble, pertinente. Solo que al igual que muchas de sus propuestas, requiere el acuerdo político en el Congreso para buscar los ingresos (impuestos fiscales) para poder lograrlo. Los mexicanos somos buenos para gastar, pero no para generar riqueza.
Argentina, Ecuador y Venezuela, cometieron el error de gastar más de lo que ingresaban. Para reformas como éstas, se requiere que los egresos tengan el soporte en los ingresos o recaudación fiscal. De otra manera, se genera déficit fiscal e inflación que al final afecta a los más pobres. Seguramente todas las fuerzas políticas y la opinión pública están a favor de esta iniciativa. Pero para lograr ese cambio constitucional que se ve poco viable, se requiere de acuerdos políticos y al Presidente AMLO no le gusta, porque nunca lo ha hecho, del acordar, del “ganar-ganar”. Además, sus partidos carecen de votos suficientes en el Congreso de la Unión para lograrlo. Por tanto, se trata de una estrategia electoral frente a las elecciones para tratar de que el electorado vote por su candidata.
Ya a finales de 2020, Morena y sus aliados aprobaron una reforma legislativa menos ambiciosa para el sistema de pensiones, que redujo el número de semanas cotizadas e incrementó la aportación a la cuenta de retiro de los trabajadores por parte de los empresarios. Excelente. Pero para hacer esta reforma, MORENA debería acordar con la oposición y lograr acuerdos.
Recordemos que el control del sistema de pensiones pasó en 1997 por iniciativa del Presidente Zedillo, a manos de administradoras de fondos privadas (AFORES), que a finales del 2023 gestionaban cerca de 5.8 billones de pesos (casi 340,000 millones de dólares), esto es, alrededor de un 20% del Producto Interno Bruto (PIB), según datos de la CONSAR.
Estas empresas se llevan jugosas tajadas de nuestras pensiones, es cierto, pero sabemos que cuando el gobierno mete mano a los fondos de pensiones termina usándolos para financiar proyectos que políticamente define el partido en el poder. Por eso, el que exista un sistema privado, independiente del gobierno y solo regulado por él, nos conviene a todos los que tenemos fondos invertidos allí.
La mayor bomba de tiempo que tiene en el final de su sexenio AMLO, -dado que no crece el PIB y el gasto público sigue creciendo junto con la deuda-, son las pensiones, pues son pasivos laborales de largo plazo. Los enormes apoyos sociales al ser electorales, son de corto plazo, pero las pensiones son mortales para las finanzas públicas, pues son de largo plazo. Este problema explotará por las crecientes e impagables pensiones a jubilados El sistema corporativista priista creó un engendro que consume el presupuesto público: el sistema de pensiones para los burócratas. Éste fue diseñado para un País que ya no existe: esperanza de vida de 55 años cuando ahora es de 20 años más, y para la compra de los votos de los trabajadores al ser el gobierno generoso con sus contratos colectivos. Pero hoy el gobierno ya no resiste el pago de las pensiones, ni nosotros, empresarios y profesionistas, quienes los sostenemos al pagar los impuestos.
El monto destinado por el gobierno federal al pago de pensiones, intereses por servicio de deuda y participaciones a estados y municipios camina ya hacia ser la mitad del presupuesto federal. Y con un País sin crecimiento económico que encauza sus recursos a PEMEX, menos. El País está perdiendo oportunidades para las mayorías cuando tiene que pagar a pocos privilegiados los recursos que tanto nos hacen falta para crecer. Somos un País de jóvenes que destinamos, por ejemplo, en el 2023, más recursos para pensionados, que, a la inversión, que es la que provoca la productividad.
El generoso esquema de contratación en el gobierno, universidades públicas, PEMEX, IMSS, CFE, hace inviable financieramente a esas entidades por los enormes pasivos laborales que generan, pues deberemos mantener por décadas a millones de jubilados en un esquema que es insostenible, dado que menos jóvenes cotizan y muchos se jubilan jóvenes. Con nuestros impuestos deberemos pagar en los próximos 30 años a casi 35 millones de jubilados. Es una bomba de tiempo que pronto explotará. Solo con incremento de ingresos vía mayor riqueza, es como será esto sostenible.