Buenos Aires.- Como parte de su plan “motosierra” para recortar gastos del Estado, el presidente ultraderechista de Argentina, Javier Milei, liberó las tarifas de trenes y autobuses y recortó subsidios al transporte público, una medida que dará un nuevo golpe al poder adquisitivo de millones de usuarios que carecen de ayuda social en Argentina.
La Secretaría de Transporte puso fin al congelamiento de los precios de pasajes de trenes y autobuses del Área Metropolitana de Buenos Aires, que concentra la mayor cantidad de población del país sudamericano con 14 millones de habitantes.
A su vez, eliminó los subsidios al transporte público que el Estado nacional giraba a las provincias.
En Argentina, los subsidios se destinan a la oferta, es decir, a las empresas prestatarias del servicio. Hasta noviembre de 2023, se habían girado un billón de pesos (equivalentes a 1.000 millones de dólares) por este concepto. Junto a los subsidios a la energía, representan dos puntos del PIB.
“La decisión del Estado nacional es que los fondos lleguen directamente a los ciudadanos, sin intermediarios de ningún tipo, y beneficiando así a las personas que más lo necesitan”, sostuvo la dependencia oficial el jueves para justificar la resolución.
El recorte de ayudas a las provincias ocurre pocos días después del fracaso del gobierno en el Congreso para la aprobación de las reformas económicas de Milei. El mandatario atribuyó este traspié a los gobernadores de la oposición, a los cuales trató de traidores.
Sin este fondo de compensación del transporte, los gobernadores tendrán que recurrir a sus propias arcas para evitar que las tarifas de disparen.
Milei es un economista ultraliberal que, tras asumir el 10 de diciembre, devaluó la moneda más del 50% y dispuso un fuerte plan de ajuste para terminar con el déficit fiscal y la inflación —más de 200% interanual en 2023— que atribuye a la descontrolada emisión monetaria del gobierno de centro-izquierda que lo antecedió.
Como cambio de paradigma, el gobierno segmentará los subsidios según el nivel de ingresos de cada usuario. Actualmente, el Estado subsidia el 50% del precio del boleto de transporte que pagan todos los pasajeros, salvo que hayan renunciado expresamente a ese beneficio.
Bajo el nuevo esquema, desempleados y beneficiarios de planes sociales seguramente pagarán un boleto más económico, pero empleados en relación de dependencia o trabajadores informales sufrirán el impacto en los bolsillos, ya afectados por los fuertes incrementos en los alimentos, servicios públicos y en las cuotas de medicina y educación privada.
JFF