Qué difícil ha resultado para los ciudadanos que los partidos políticos les propongan buenos candidatos. Postular un personaje potable para que gobierne una localidad requiere, como decía Winston Churchill, sangre, sudor y lágrimas. Los partidos se han convertido en gambusinos especializados en identificar impresentables y lanzarlos a un estrellato que se convertirá en tragedia cuando solo simulen gobernar a una sociedad. 

Por lo pronto el equívoco garrafal de Morena en Guanajuato Capital ha provocado una profunda reflexión sobre las obligaciones alimentarias de los padres con respecto a los hijos, pues resulta que el señor Jorge Rodríguez Medrano es deudor alimentario de dos niños. El novel candidato a alcalde morenista se niega a realizarse una prueba de ADN que le solicitan sus descendientes, en tanto continúa alargando el juicio familiar e incumpliendo sus cuantiosas obligaciones paternas. 

Las cosas, sin embargo, están cambiando en el país. Las agrupaciones de mujeres son cada vez más combativas, y en esta ocasión pusieron la mira en el candidatazo a presidente municipal que escogió la Comisión de Elecciones de Morena desde la Ciudad de México. Resulta que la activista Diana Luz Vázquez, promotora de la Ley Sabina, ha decidido entrar en combate para impedir que un irresponsable deudor alimentario sea candidato a un puesto público. Así Ramírez Medrano, diputadas, senadoras y la candidata a gobernadora de Morena, ponen en duda su congruencia con las causas feministas, ante los duros y estridentes reclamos de la promotora de la Ley Sabina.

Esta ley surge de la negligencia de muchos varones para hacerse responsables de los cuidados y desarrollo de los hijos que procrean. El machismo imperante en nuestra sociedad ha socializado como normal que un hombre embarace a una mujer y luego se desentienda de los hijos que resulten de la relación. Al fin, el problema es de ella. Es un castigo por no haber tenido las previsiones necesarias para evitar la maternidad no deseada o “haber escogido mal”. Manifestación degradante del viejo sistema patriarcal.

La reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, recientemente expedida por el Congreso Federal, precisa el cálculo del monto de la pensión alimenticia y los conceptos que esta abarca, así como la creación de un Registro de Deudores Alimentarios que deberá operar a partir del próximo mes de marzo, y en el cual se hará público el nombre de todos los deudores de pensión alimenticia. Se trata de que la sociedad entera conozca su incumplimiento.

El cambio legal tiene como antecedente la dura lucha sostenida por Diana Luz Vázquez luego de múltiples frustraciones y revictimizaciones por encarar al padre de su hija, y en lugar de un pago justo y oportuno solo obtener un proceso judicial interminable, que no garantizaba justicia alguna. Diana no se dio por vencida y decidió encabezar un movimiento que fue secundado por miles de mujeres que se encontraban en la misma situación que enfrentaba la activista. A través de “Patrullas Feministas” y “Tendederos de Deudores Alimentarios” se empezó a exhibir a los padres incumplidos, para hacer visible la violencia económica a la que se sujeta a muchas mujeres. Solo 2 de cada 10 hombres denunciados pagan pensión.

Guanajuato es el estado que concentra el mayor número de denuncias por incumplimiento pensionario, con más de 2,700 casos. No conocemos aún los avances para poner en funcionamiento, dentro de unas cuantas semanas, el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RENOA). Por lo pronto el Frente Nacional de Mujeres Contra Deudores Alimentarios denuncia a la juez guanajuatense Dulce Pérez Gallardo de solapar y encubrir al tristemente célebre Jorge Rodríguez Medrano, virtual candidato a la alcaldía de Guanajuato, luego de dos años de iniciada la demanda de paternidad, sin lograr resultado alguno. El reclamo viene fuerte, mientras Morena titubea sobre la posibilidad de mantener la vergonzosa candidatura.

P.D. Marcha Rosa. Una pregunta: ¿Por qué si la marcha del próximo domingo 18 es para defender a la democracia, no se protesta contra la compra y condicionamiento de votos? ¿Los “compravotos” se van a atrever a participar en la marcha? Deberían ser expulsados.

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