Justicia para nuestra policía

Quizás una de los grandes desafíos de nuestro país sea el de mejorar nuestro sistema de procuración de justicia. Como sabemos, en México no se resuelven la mayoría de los casos presentados ante los ministerios públicos. Sin duda, la impunidad sigue siendo un gran problema a resolver.
Una parte clave de este sistema lo constituyen, sin duda, las policías nacionales, estatales y locales. Históricamente y de manera lamentable, estos cuerpos de seguridad pública han sido maltratados y mal pagados. Sin embargo, el actual gobierno ha ido todavía más allá, pues le ha quitado poder a las policías civiles para dárselo al ejército. Haber puesto los mandos policiacos bajo la égida militar no sólo es una mala idea sino un intento por degradarlas. Hay razones de todo tipo para considerar que la seguridad nacional y la seguridad pública son cosas muy distintas que necesitan sus propias instituciones.
Para agregarle insulto a la herida, tanto el partido del Presidente como sus aliados en el Congreso acaban de rechazar una reforma constitucional para mejorar las condiciones de policías, guardias nacionales, ministerios públicos y peritos. Mediante esta reforma se buscaba que cuando personal de estos cuerpos de seguridad pública fueran despedidos pero hayan ganado el juicio laboral se les reinstalara en su función. La primera reacción del lector podría ser la sorpresa. ¿En verdad vivimos en un país donde ocurre semejante injusticia? ¿Realmente vivimos en un país donde el régimen en el poder no busca resarcir esta obvia iniquidad? La respuesta a ambas preguntas es lamentablemente afirmativa.
Al parecer a los legisladores aliados del Presidente les parece bien que el gobierno pueda destituir a un trabajador de manera arbitraria sin que medie una razón para ello.
Curioso que un Presidente que llegó prometiendo justicia para los menos favorecidos ponga en marcha, ya en el gobierno, políticas desfavorecedoras para los empleados, en este caso, de nuestro sistema de procuración de justicia.
Lo que no se ponen a pensar tanto el Presidente como los legisladores que lo apoyan es que el maltrato a los trabajadores de nuestro sistema de procuración de justicia hace mucho más difícil que se atienda con eficiencia el anhelo de la sociedad de más justicia y menos impunidad.
Por ello, se necesita con urgencia al menos cuatro cosas:
1) regresar las labores policiacas al ámbito civil. 2) aumentar considerablemente el presupuesto a nuestro sistema de procuración de justicia. 3) reorganizar más racionalmente sus instituciones. 4) mejorar las condiciones laborales de sus empleados.
Cuando la mayoría de los casos presentados por ciudadanos ante los ministerios públicos se resuelvan de forma satisfactoria, podremos decir que nuestro país ha dado un salto cuántico hacia el verdadero desarrollo.
Pero se debe entender que esto será imposible si se sigue abusando de quienes laboran en esas instituciones.
Ha llegado la hora de que nuestro sistema de procuración de justicia se acople a nuestros ideales liberales, democráticos y republicanos.