“Estoy convencido de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que esta pueda tener y libre de todo extremismo, sea este de derecha o izquierda”.
Carlos Urzúa
Carlos Urzúa era un buen hombre y un economista capaz. Estaba comprometido también con las causas sociales, lo cual lo llevó a colaborar con Andrés Manuel López Obrador, primero como secretario de finanzas del Distrito Federal de 2000 a 2003, después en su Proyecto de Nación 2018-2024 y finalmente como secretario de hacienda del 1 de diciembre de 2018 al 9 de julio de 2019. Realmente quería ayudar a un cambio.
Era también honesto. En julio de 2003 renunció a la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal por “razones personales”. Tenía un sueldo neto de 69,529.61 pesos mensuales después de impuestos (véase mi artículo “Bajar sueldos”, 28.04.2004). Se fue al Tec de Monterrey para encabezar una nueva Escuela de Graduados en Administración y Políticas Públicas, donde supongo tuvo un aumento importante en sus ingresos. Lo reemplazó Gustavo Ponce, quien aceptó el discreto sueldo que pagaba AMLO, pero en 2004 fue captado en un video apostando miles de dólares en un casino de Las Vegas. La austeridad puede costar mucho.
Urzúa solo permaneció siete meses en la presidencia de López Obrador. En su carta de renuncia decía: “Discrepancias en materia económica hubo muchas. Algunas de ellas porque en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento. Aunado a ello, me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública. Esto fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés”. La ignorancia y el nepotismo también cuestan.
En estos últimos años Urzúa ofreció sus puntos de vista en una serie de ponderados artículos de opinión en periódicos. En el último, del 19 de febrero, señaló que AMLO “siempre privilegió el petróleo sobre el agua”. En 2024, por ejemplo, recortó el presupuesto de Conagua en 13 %, a pesar de la sequía; a la refinería de Dos Bocas le ha dedicado 360 mil millones de pesos, a Conagua solo 280 mil millones en todo el sexenio.
El 12 de febrero cuestionó la propuesta de garantizar pensiones de 100 % del último salario porque “la propuesta tendría un impacto presupuestal gigantesco”. Pretender que el monto puede cubrirse con 60 mil millones de pesos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y las utilidades del Tren Maya y el AIFA “es no tener idea de la situación financiera de esos organismos”.
El 29 de enero Urzúa escribió: “Acostumbrado a dictar cualquier orden sin hacer análisis alguno ni pedir un consejo, el presidente López Obrador se irá de Palacio Nacional sin haber apreciado la capacidad de muchos servidores públicos que trabajan en las instituciones del Estado mexicano. Destacan en particular quienes pertenecen a los órganos constitucionalmente autónomos, debido a que la estabilidad en su empleo les permite especializarse mejor”. Criticó la iniciativa presidencial para acabar con estos organismos.
Hoy lamento de corazón el fallecimiento de Urzúa. Él representaba a muchos que, de manera honesta e idealista, creyeron en López Obrador y estuvieron dispuestos a trabajar con él. Es triste que, en lugar de haberlo escuchado, el presidente haya preferido aplicar políticas públicas sin sustento e imponer en la SHCP, por razones de nepotismo, a funcionarios sin conocimiento técnico. Irrita que ayer, tras ofrecer su pésame a la familia, AMLO haya aprovechado para declararse víctima de una campaña de calumnias. Piensa el presidente que todo gira en torno suyo.
Lozoya
Un tribunal ha cancelado la prisión preventiva justificada que se le decretó a Emilio Lozoya. No está absuelto, pero enfrentará su juicio en reclusión domiciliaria. La FGR, que nunca reconoce errores, afirma que los jueces le excluyeron pruebas obtenidas lícitamente. En realidad, la prisión preventiva debería ser una excepción y no la regla.
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