Como lo he señalado aquí en múltiples ocasiones, el principal blanco de los regímenes populistas del siglo XXI, son los poderes judiciales. Al líder plebiscitario le molesta que haya otro poder que no deriva su legitimidad de la opinión pública sino del Estado de derecho. Lo ve como una afrenta a su dominación que él juzga absoluta, pues supuestamente deriva del “pueblo”. Ignora o busca ignorar que en las democracias liberales el poder es plural y procede de diversas fuentes. Su voluntad de autocracia es una anomalía que debe corregirse y el mejor mecanismo para hacerlo es el sufragio universal.
En estos días nos hemos enterado, por boca del propio jefe del Ejecutivo, que él ha presionado al antiguo Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, para que se pasarán por alto fallas en carpetas de investigación presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) en diversos juicios. Se trata de una confesión por parte del Presidente de la República de intervención ilegítima en el quehacer de otro poder de la Federación. Esto es muy grave.
La intención política inmediata del Presidente es imputarle la responsabilidad de la salida de la cárcel de Emilio Lozoya a los jueces en lugar de a la ineptitud de la FGR para presentar un caso. Busca desprestigiar al poder judicial frente a la ciudadanía. No obstante, el hecho desnuda algo más preocupante: la intención del gobierno actual por doblegar la autonomía del poder judicial y, en particular, la de la SCJN. Fue curioso que, en su intervención al respecto, López Obrador haya sugerido que la Ministra Norma Piña se equivocó al rechazar órdenes presidenciales en nombre de la independencia del poder judicial.
Para exculpar a López Obrador se ha dicho que todos los Presidentes hacen lo mismo. Aquí hay que decir algunas cosas. En primer lugar, se supone que el actual gobierno llegó porque, en la conocida frase, ellos “no son iguales”. En segundo lugar, no se recuerda el caso de un Presidente de la República anterior que haya confesado en público su voluntad de dominación sobre la SCJN. El cinismo no es una virtud. En tercer lugar, una cosa es el cabildeo en favor de una posición en un juicio, que el Gobierno, a través de los órganos adecuados, puede y debe promover y otra cosa es tratar a un Presidente de la SCJN como si fuera un empleado.
El que queda muy mal después de este sainete es el ex-Ministro Arturo Zaldívar, quien ahora será un lastre en la campaña de Claudia Sheinbaum. Ya el Presidente de la Barra de Abogados ha reprobado su conflicto de interés, lo cual podría tener incluso consecuencias de orden penal. En el plano ético, es una vergüenza que Zaldívar ni siquiera haya intentado desmentir al Presidente.
La reacción crítica, tanto de los medios como de la sociedad civil, ha sido loable. Es un hecho que López Obrador ha perdido esta batalla que el buscaba ganar ante la opinión pública a costa del poder judicial. Los vientos ya no le son tan propicios al inquilino del Palacio Nacional.