“La forma más segura para que una nación pobre siga siendo pobre es hostigar, obstaculizar o limitar la empresa privada.”.
Henry Hazlitt
Nadie podrá acusar a López Obrador de tener un buen sentido empresarial. Nunca tuvo un negocio, nunca sufrió las angustias de pagar una nómina o de cubrir las cuotas del Seguro Social. Sin embargo, parece más interesado en incursionar en negocios que en cumplir con sus responsabilidades como presidente. Un nuevo y lamentable ejemplo es la compra, por 1,500 millones de pesos, del 49 % que el gobierno no tenía de Exportadora de Sal, S.A. de C.V. (ESSA).
La adquisición no tiene sentido empresarial ni de seguridad nacional. La empresa produce sal para la industria de cloro-alcalí y la mayor parte se exporta a Japón, país su hasta ahora socio, Mitsubishi. El gobierno federal ya controla el 51 %, lo cual le da poder de decisión. No hay riesgo de que vaya a haber una crisis mundial en el mercado que nos deje sin sal.
ESSA fue fundada en 1954 por el naviero estadounidense Daniel K. Ludwig. Mitsubishi compró una parte en los años sesenta y adquirió el control en 1973. El gobierno mexicano tomó el 51 por ciento en 1976, con Luis Echeverría, quien mantuvo la sociedad con Mitsubishi para facilitar las ventas a Japón. Si bien en 2020, por la pandemia, hubo un desplome en el mercado, en 2022, último año completo reportado, ESSA tuvo ventas por 3,475.9 millones de pesos con un resultado positivo de 380.6 millones de pesos.
La única razón por la cual tendría sentido comprar el 49 por ciento de la empresa sería para modernizarla y reposicionarla en el mercado internacional en un momento en que China se ha convertido en el mayor productor de sal del mundo, pero el gobierno es el peor dueño para esta labor. La empresa necesita fuertes inversiones en su puerto para surtir mejor a sus clientes. El gobierno, sin embargo, no tiene capital disponible. Peor, el que está usando para la compra es del Fideicomiso Minero, que se creó para ayudar a los pueblos mineros y no para una apostar en una dudosa aventura empresarial.
López Obrador está gastando 1,500 millones de pesos por una razón que ya ni siquiera es política, sino personal. Quiere quedar en la historia como un nuevo presidente nacionalizador de empresas, como Lázaro Cárdenas, Adolfo López Mateos o José López Portillo. La compra, sin embargo, no es una “nacionalización”, porque la empresa ya es mexicana y el control lo tiene el gobierno. Su anuncio no tuvo un solo argumento empresarial. Dijo: “Se logró el que tengamos ya en el poder de la nación, que sea pública esta empresa, que se salvó en la época neoliberal. Ahora queremos dejar a salvo este patrimonio de todos los mexicanos para que no se corra ningún riesgo porque la privatización no ha ayudado a México. Privatizar es sinónimo de corrupción, eso es lo que significó la política neoliberal por mucho tiempo”.
Mucha ideología, sin plan de negocios. La inversión no aporta nueva capacidad productiva ni ventajas corporativas. Ni siquiera le da control al gobierno, como ocurrió con la refinería de Deer Park, porque ya lo tenía.
La secretaria de economía Raquel Buenrostro declaró. “Con la nacionalización de ESSA se cumple el precepto del presidente de que los beneficios generados con nuestros recursos naturales se queden en nuestro país y se aprovechen para el bienestar de México”. No entiende que esto es una desinversión, que una empresa japonesa está retirando dinero productivo de nuestro país. El gobierno, en lugar de usar los recursos que tiene para la educación, la salud pública o la seguridad, está inmovilizando su capital. Ni ella ni el presidente entienden para qué sirve una inversión.
Amazon
Amazon anunció ayer un proyecto de 5 mil millones de dólares para construir centros de datos en Querétaro, un monto mayor que el de Tesla. Nuestro país sigue siendo atractivo para la inversión, pese a los desvaríos del gobierno. Ayer también se confirmó la desinversión de 6,200 millones de dólares de plantas de Iberdrola. ¡Ni cómo ayudarnos!
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