“Ayotzinapa lleva 83 años en un conflicto de baja intensidad contra los gobiernos federales. No buscan justicia, buscan una insurrección”.
Javier Tejado Dondé
No sorprende que los líderes del movimiento Ayotzinapa hayan mandado a un contingente de normalistas a atacar las oficinas de la Fiscalía General de Guerrero en Chilpancingo este 12 de marzo. Fue un ataque planeado; los estudiantes estaban organizados y llevaban bombas Molotov. La muerte del normalista Yanqui Khotan Gómez Peralta el 7 de marzo se ha convertido en una nueva excusa, como los 43 de Iguala, para impulsar un propósito mayor: la revolución. Bien lo escribió Lenin: “Para el marxista, la revolución es imposible sin una situación revolucionaria”. Ayotzinapa ha sido desde hace décadas un centro de adiestramiento de “líderes sociales” y revolucionarios. De allí surgieron guerrilleros como Lucio Cabañas y Genaro Vázquez.
López Obrador supo aprovechar el movimiento para debilitar al gobierno de Peña Nieto. Se unió a la declaración de que el responsable de la “desaparición” (o sea, del asesinato) de los 43 normalistas “fue el Estado”. Pero no es lo mismo respaldar esta tesis desde la oposición que hacerlo como cabeza del Estado, sobre todo cuando los líderes del movimiento, que el presidente llama “los abogados”, insisten en que el ejército participó y ahora oculta información.
Mi posición es que ni el Estado ni el ejército deben ser culpados o exonerados por dogma. La Recomendación 145/VG 2018 de la CNDH, cuando esta era todavía independiente, estudió en minucioso detalle el posible involucramiento de militares en los hechos del 26 al 27 de septiembre de 2014. Si bien pueden cuestionarse algunas omisiones, hasta la fecha no hay pruebas de la participación de militares.
En la muerte del normalista Gómez Peralta, la Secretaría de Seguridad de Guerrero afirmó que él y dos compañeros viajaban en una camioneta con reporte de robo y se negaron a detenerse en un retén, tras lo cual se enfrentaron con policías. El Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello señaló, por el contrario, que los policías agredieron a los jóvenes a balazos fuera de una tienda. El presidente señaló ayer en la mañanera: “Lo cierto es que sí fue asesinado el joven de la normal de Ayotzinapa, por un policía”.
No debería prejuzgar. El asesinato es un acto que, en contraste con el homicidio, requiere alevosía. Culpar de asesinato al policía sugiere ignorancia jurídica o la revelación de información que podría viciar la investigación. Si el policía es responsable de homicidio o asesinato, deberá ser procesado con pruebas y las garantías de la ley.
Sin embargo, así como a los líderes de Ayotzinapa no les ha interesado saber lo que sucedió con los 43 de Iguala, ahora muestran la misma actitud hacia Gómez Peralta. Los normalistas han actuado con furia destructiva: quemando patrullas, “reteniendo” (secuestrando) a elementos de la Guardia Nacional, atacando instalaciones de la Fiscalía de Guerrero con un saldo de varios heridos. Todas estas acciones son delitos, como la destrucción de una puerta de Palacio Nacional el 1 de marzo.
El presidente no quiere dejarse presionar, pero es claro que los líderes de Ayotzinapa quieren que se lance contra los altos mandos del ejército. Las acusaciones contra el exprocurador Jesús Murillo Karam, el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón y 16 militares, incluidos los excomandantes de los batallones 27 y 41, todas con pruebas endebles, no son suficientes. Los “abogados” quieren demostrar que fue el Estado, apoyado por el ejército, el que mató a los 43, porque eso es lo que más ayudaría a promover una “situación revolucionaria”.
Violencia electoral
Uno más: Tomás Morales Patrón, aspirante de Morena a la alcaldía de Chilapa, Chiapas, fue asesinado este 12 de marzo. Se acumulan ya cuando menos 44 asesinatos y 110 casos de violencia vinculados al proceso electoral (Laboratorio Electoral). AMLO declaró el 14 de febrero: “No vemos que se desate la violencia política electoral”.
www.sergiosarmiento.com