Vaya enredo se armó en Guerrero después de que la gobernadora morenista Evelyn Salgado anunciara la remoción de la fiscal Sandra Luz Valdovinos.
La teniente coronel se niega a dejar el cargo y exige que se agoten las vías legales; es decir, esperar y ver si el Congreso del Estado objeta su remoción y la ratifica en el cargo, lo que se antoja complicado pues Morena, el PT y el PVEM ostentan la mayoría con 25 de 46 curules.
Nomás que Salgado ya colocó al frente de la Fiscalía al vicefiscal de Investigación, Gabriel Alejandro Hernández.
La incertidumbre sobre quién representa legalmente al Ministerio Público no es un asunto menor, pues cualquier nueva carpeta de investigación, detención o presentación ante un juez puede ser objeto de controversia legal, lo que podría tumbar procesos penales.
El hecho es que la gobernadora aprovecha la crisis, de la que sin duda también es responsable, para deshacerse de una funcionaria incómoda.
Como bien se sabe, Valdovinos llegó ahí con apoyo militar y en contra de la opinión del senador Félix Salgado, mandamás en el gobierno. Muchos secretos tiene la fiscal.
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Se supo que el INE que encabeza Guadalupe Taddei le va a asignar al Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM un contrato para un análisis de participación ciudadana.
Algunos consejeros electorales mostraron su inconformidad y no porque el instituto no sea capaz de realizarlo, sino porque quien lo encabeza tiene una filiación partidista.
El director de ese programa es John Ackerman, quien ha tenido una participación muy activa como promotor de la 4T e incluso como militante de Morena, donde ha cuestionado a la dirigencia de Mario Delgado. Ackerman, además, ha manifestado públicamente su apoyo a la candidata presidencial Claudia Sheinbaum.
La pregunta es qué pasaría si el INE le diera un contrato similar a un instituto o programa que dirija un militante del PRI, del PAN o del PRD.
¿A poco se pueden hacer estudios objetivos cuando se porta la camiseta de un partido político? Es pregunta a ciencia cierta.
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Más allá de que el gobierno de la CDMX y la alcaldía Benito Juárez se siguen echando la bolita sobre quién dio los permisos a la obra que causó la filtración de concreto que salpicó a un convoy del Metro y llegó hasta las vías, hay un asunto que resulta innegable.
Quien dio su aval para que un particular excavara hasta los 11 metros de profundidad justamente por donde pasa una línea subterránea del Metro tiene que ser o muy incompetente… o muy corrupto. Malo lo primero, y lo segundo ¡peor!