Guanajuato.- Alrededor de 215 mil guanajuatenses que viven en el estado de Texas están en riesgo, mientras una ley que facilitaría su expulsión inmediata va de un tribunal a otro, en Estados Unidos.
La Ley SB4 de Texas permite que policías de condados fronterizos con México realicen arrestos si ven a alguien cruzar ilegalmente la frontera. Pero también se puede aplicar en cualquier otra parte del estado si alguien es detenido bajo sospecha por otro delito y la toma de huellas dactilares durante su fichaje los vincula con una supuesta infracción de reingreso al país.
Esta ley, aprobada en diciembre por el Congreso de Texas, convierte la entrada o reentrada ilegal en Texas en un delito estatal, con penas desde 180 días de cárcel a 20 años de prisión. En virtud de ella, los jueces de primera instancia de Texas deberán ordenar a los migrantes que regresen a México, con penas de hasta 20 años, para quienes se nieguen.
La situación amenaza directamente a los mexicanos en Texas, que son alrededor de 2.5 millones, señaló en noviembre pasado Susana Guerra Vallejo, titular de la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional. Ayer martes AM la buscó, pero no obtuvo respuesta.
La ley fue bloqueada en su momento por una demanda del Gobierno federal, que señala que la gestión migratoria es su competencia y el lunes, la Suprema Corte de Justicia refrendó el fallo.
Pero ayer, sin juzgar el fondo del asunto, la misma Suprema Corte de EU se negó a bloquear la ley.
El gobernador de Texas, Greg Abbott afirmó que la ley era necesaria debido a la incapacidad del presidente Joe Biden para hacer cumplir las leyes federales que penalizan la entrada o reentrada ilegal, y declaró en una rueda de prensa el 18 de diciembre que “la inacción deliberada de Biden ha dejado a Texas a su suerte”.
Por la noche, un tribunal federal de apelaciones emitió una orden que le impide nuevamente a Texas arrestar a migrantes que fueran sospechosos de haber ingresado ilegalmente al país, por lo que la situación quedó igual.
Antes del fallo del tribunal de apelaciones, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, reprobó la entrada en vigor de la ley y dijo que fomenta la separación de familias, la discriminación y el perfilamiento racial. Además, declaró que no aceptará las repatriaciones por parte del estado de Texas.
México rechaza tajantemente cualquier medida que permita a las autoridades estatales o locales ejercer labores de control migratorio, detener y retornar a personas nacionales o extranjeras a territorio mexicano”, informó la dependencia a través de un comunicado.
“México reconoce la importancia de una política uniforme en materia migratoria y los esfuerzos bilaterales con ese país para que la migración de personas sea de manera segura, ordenada y con respeto a sus derechos humanos, y no se vea afectada por decisiones legislativas del orden estatal o local. En ese sentido, México no aceptará, bajo ninguna circunstancia, repatriaciones por parte del estado de Texas”.