“La verdad legal e histórica es que no hay nadie más que Aburto. Que la mayoría no lo crea, o no lo quiera creer, es otra cosa”.
Jesús Blancornelas y colaboradores, El tiempo pasa
Este 23 de marzo se cumplen 30 años del homicidio de Luis Donaldo Colosio, el candidato presidencial del PRI, en Lomas Taurinas, Tijuana. Su asesino confeso, Mario Aburto, ha estado en la cárcel desde entonces. Está condenado a 45 años tras un proceso federal.
Un tribunal colegiado, sin embargo, le concedió un amparo el 5 de octubre de 2023 para invalidar esa condena y ordenar que se emita una nueva sentencia en el fuero estatal de Baja California. El asunto ha llegado a la Suprema Corte, donde lo ha estudiado Margarita Ríos Farjat.
En su proyecto, cuya discusión no tiene fecha aún, la ministra propone declarar fundado el recurso. Esto enviaría el caso a un tribunal estatal que estaría obligado a emitir una sentencia basada en el código penal de Baja California vigente en 1994, que establecía una pena máxima de 30 años. Aburto tendría que ser liberado de inmediato, no por quedar exonerado, sino por haber cumplido la sentencia máxima. Coincido con Ríos Farjat.
El caso fue atraído de manera indebida por la Procuraduría General de la República debido a la desconfianza del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari a las autoridades de Baja California, un estado gobernado por el PAN.
Este es uno de los casos más estudiados en la historia de México. Cuatro subprocuradores lo investigaron: Miguel Montes, Olga Islas, Pablo Chapa Bezanilla y Luis Raúl González Pérez. Este último dio a conocer un informe detallado de cuatro volúmenes en el que dejó claro que Aburto había sido el único tirador. Si bien no descartó que alguien pudiera haber influido sobre él, no encontró indicios de ello.
A 30 años mucha gente se niega a aceptar los resultados. En parte es consecuencia del desconocimiento de las investigaciones, pero también por la convicción de que un político importante no pudo haber sido simplemente asesinado por un obrero de una maquiladora. Incluso el presidente López Obrador ha escrito en su libro ¡Gracias!: “Fue un crimen terrible, lo victimizaron de manera vil. Tenía discrepancias arriba y su asesinato, como es obvio y de dominio púbico, se vinculó con el poder. Es un crimen de Estado”.
Está comprobado, sin embargo, que Aburto realizó los dos disparos: el primero está documentado en un video, el segundo dejó un casquillo en el terreno que las pruebas balísticas demostraron fue disparado por el mismo revólver. El propio Aburto reconoció haber hecho los dos disparos, aunque supuestamente de manera accidental, tanto en su confesión oficial, después de ver el video que lo muestra disparándole al candidato, como en la entrevista que le hizo Jesús Blancornelas.
Una conspiración de “arriba” difícilmente habría contratado a un trabajador de maquiladora de 23 años, sin experiencia como sicario, para el crimen. No le habría dado, o comprado, una vieja pistola Taurus, modelo 80, brasileña, proveyéndole solamente cuatro balas en lugar de las seis que cabían en el cargador. Tampoco habría mandado al asesino a trabajar en la maquiladora en la mañana, para ganar unos pesos, y después enviarlo en transporte público al mitin de Lomas Taurinas. No hay ninguna indicación de que ni Aburto ni su familia hayan recibido un aporte significativo de dinero de nadie en 30 años.
El tema, sin embargo, revive de vez en cuando por la ambición de los políticos de sacar provecho. Por eso entiendo la posición de Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del candidato: “Este asunto ha estado ya muy manoseado. que estén reciclando el tema con tal de sacar raja política”.
Buscadoras
AMLO afirmó ayer que Ceci Flores, de Madres Buscadoras de Sonora, fue “a acusarme con el rey de España”, pero hasta en eso se equivocó. Quien recibió el Premio de Derechos Humanos del Rey de España fue Guadalupe Aguilar de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco. Para el presidente todas las buscadoras de desaparecidos son iguales, igualmente incómodas.
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