“Cuando el pozo está seco conocemos el valor real del agua”.
Benjamin Franklin
El agua, nos dicen los políticos, es un “derecho humano”. Así lo plasmaron en la Constitución el 8 de febrero de 2012 durante el gobierno de Felipe Calderón. El problema es que se piensa que un “derecho” no se debe cobrar o por lo menos no a su valor real. La consecuencia ha sido descapitalizar los sistemas de manejo de agua y generar escasez. Si realmente los políticos quisieran que se respetara el supuesto derecho humano al agua, tendrían que invertir mucho más en infraestructura hidráulica, pero no lo están haciendo.
Los distintos órdenes de gobierno están buscando en estos momentos reducir la demanda de agua porque no invirtieron durante décadas para aumentar la provisión. “La oferta se construye con años de inversión”, me dijo el 26 de marzo, en “La Entrevista con Sarmiento“, Ramón Aguirre Díaz, exdirector del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. “Dejar de invertir es lo que nos está llevando a la situación que tenemos ahora. El último presidente que invirtió realmente en agua fue López Portillo“, quien construyó la primera etapa del sistema Cutzamala y el proyecto original de Cerro Prieto de Monterrey. “Llevamos sexenio tras sexenio dejando pasar el tiempo”.
Según una investigación del doctor Juan Carlos García Salas, académico titular de la Academia de Ingeniería México y experto en agua, infraestructura y energía, el máximo nivel de “gasto total ejercido” (GTE) en agua, que incluye inversión y gasto corriente, se alcanzó en el sexenio de José López Portillo con 1.4 % del PIB. Este indicador se desplomó en la década perdida de 1980 y alcanzó sus niveles más bajos con Ernesto Zedillo, 0.31 %, y Vicente Fox, 0.29 %. Hubo un repunte en el gobierno de Felipe Calderón, a 0.51 % (en buena medida por la inversión en el Túnel Emisor Oriente de la Ciudad de México, me dice Ramón Aguirre), pero bajó con Enrique Peña Nieto a 0.4 %. Andrés Manuel López Obrador lo ha llevado al nivel más bajo registrado, 0.22 %.
Parte del problema es que la inversión en infraestructura hidráulica no se ve. Una vialidad de segundo piso o un tren sobre la selva se advierten de inmediato. Un acueducto que traiga agua de lejos, el reemplazo de tuberías, la perforación de pozos profundos, la construcción de plantas desalinizadoras y de tratamiento, o el despliegue de sistemas de recolección y tratamiento de agua de lluvia, no se perciben a primera vista. Lo peor es que las obras hidráulicas son muy costosas, pero no ofrecen resultados inmediatos. Se necesitan proyectos sistemáticos y bien planeados durante muchos años, más de un sexenio, para que la gente empiece a notar la diferencia. La falta de inversión, a su vez, va deteriorando el servicio, pero de manera gradual. Los votantes no lo notan en un principio.
La sequía se ha convertido hoy en la excusa más fácil de los políticos para justificar la escasez de agua en Monterrey, la Ciudad de México y otros lugares. Es cierto que el país está sufriendo una fuerte seca, pero no es la mayor de la historia. La de 2011, para no ir más lejos, fue peor. Por otra parte, como consecuencia del calentamiento global, podemos esperar mayores sequías en años venideros, junto con tormentas de verano más intensas, que requieren también de obras de infraestructura.
Los políticos nos piden conservar agua en campañas de publicidad que nunca han tenido éxito, pero no reconocen que estamos pagando el precio de décadas de escasa inversión. En lugar de enmendar el rumbo, AMLO ha llevado la inversión en agua al nivel más bajo registrado. No entiende que de nada sirve hacer del agua un derecho humano si no se invierte en infraestructura.
Demanda
Aumentar la oferta de agua es crucial para garantizar la provisión futura, pero para reducir la demanda actual no hay más opción que cobrar precios realistas. Solo debe subsidiarse a quien no tenga realmente posibilidad de pagar. De lo contrario, los más pobres terminan comprando agua más cara en pipas.
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