El allanamiento de la embajada de México en Ecuador no tiene precedente en las relaciones diplomáticas. Es un hecho muy grave que abre un hondo conflicto internacional, pues se trata de un acto violatorio de la soberanía y contrario a la Convención de Viena.
El gobierno del presidente Daniel Noboa ordenó la entrada a la sede diplomática para detener al ex vicepresidente Jorge Glas, quien desde diciembre pasado estaba refugiado en el inmueble alegando persecución política. Está acusado de peculado por malversar fondos para damnificados de un sismo y antes ya había sido procesado por recibir sobornos de Odebrecht.
Las cosas se precipitaron luego de que AMLO se metiera a opinar sobre la situación política en ese país, especialmente sobre el delicado caso del asesinato de un candidato ocurrido en las pasadas elecciones presidenciales. La manera en la que el mandatario mexicano se expresó provocó el enojo del gobierno de Noboa, que ordenó expulsar a la embajadora mexicana Raquel Serur.
Y tras la expulsión vino el revire de López Obrador de darle asilo político a Glas, pese a que allá están pidiendo juzgarlo. La supuesta política de “no intervención” le está pasando una altísima factura a la diplomacia mexicana, precisamente, por aplicar la Doctrina Estrada a contentillo.
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Quien anda de manteles largos es Guadalupe Taddei, quien acaba de cumplir un año al frente del INE y lo celebró durante la pasada sesión del Consejo General. El escenario fue un reflejo de lo complicado que ha sido este periodo para la consejera presidenta.
Al tratarse de una sesión semipresencial, el salón estuvo prácticamente vacío y, casualmente, sólo acudieron los consejeros que se considera están de su lado, como Jorge Montaño, Rita López y Norma de la Cruz. Los otros siete consejeros estaban conectados por videoconferencia.
Aunque el asedio presidencial contra el INE ha bajado, la amenaza de acabar con él no ha desaparecido. De ahí que para la sonorense Taddei y para el resto de los integrantes del INE, el verdadero festejo será cuando den por concluido el proceso electoral sin sobresaltos, sin asaltos y sin impugnaciones. Ojalá que así sea.
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Es curioso: en la Ciudad de México, el gobierno de Martí Batres destituyó de inmediato a los mandos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que fueron denunciados por los elementos de la tropa policial. Por hostigamiento y acoso laboral fueron señalados y cesados Óscar Mayén Alejandre, director del agrupamiento Fuerza de Tarea Zorros, y el subdirector, Ricardo Ríos Rosales.
En cambio, en Campeche, ante una protesta también de elementos policiacos en contra de Marcela Muñoz, jefa de la corporación, la gobernadora Layda Sansores destituyó… ¡a quienes protestaban! Diferencias nada sutiles entre ambos morenistas.