Los fondos de pensión, siempre han sido un plato apetitoso para gobernantes que quieren financiar proyectos sociales o políticos. Con la formación de las AFORES en 1997, ésta posibilidad se eliminó, al dejarse fuera de la avidez por recursos que tiene el actual gobierno federal. Pero el Presidente AMLO ya sin poder tomar las AFORES, ni poder echar mano de fideicomisos que agotó o de impuestos que aplicó, lanzó una iniciativa popular (le aplaudirán) y populista (incrementará el clientelismo) para crear un “Fondo de Pensiones para el Bienestar”, para garantizar la pensión universal y asegurar una pensión de alrededor de 16 mil pesos mensuales a quienes se jubilan. Hasta allí, todo bien, es un noble propósito para quienes somos adultos mayores en edad de jubilación.
Desde 2019, el Gobierno del Presidente AMLO puso en operación la Pensión para el Bienestar para mayores de 65 años, arrancando con un gasto cada dos meses de unos 2,500 pesos por persona; hoy, el apoyo bimestral es de 4,800 pesos y en 2024 subirá a 6,000 pesos. Pero la cuestión siempre, en administración pública, es de dónde se financiarán esas buenas intenciones.
Los recursos de la iniciativa de esta semana, estimados en alrededor de 60 mil millones de pesos, provendrían de distintas fuentes. Una de ellas, aproximadamente la mitad del total, de acuerdo a la iniciativa lanzada, son las pensiones “no reclamadas” de los trabajadores de más de 70 años de edad.
Estos ahorros de trabajadores activos, es decir, aquellos que continúan laborando, pueden ser reclamados por ellos o sus beneficiarios, cuando así lo requieran. Ahora, ¿de quiénes son esos “ahorros no reclamados” ?, fundamentalmente, de personas fallecidas y que no dejaron beneficiarios o en algunos casos, que están en juicios o de quienes ahorran para jubilarse con un monto mayor o de plano los que ignoran sus derechos.
Ya sin recursos disponibles, AMLO crea ahora el Fondo de Pensiones para el Bienestar, con los que a partir del próximo mes de agosto se pagaría el 100 por ciento de las pensiones de trabajadores que recibirán alrededor de 16 mil pesos mensuales, dado que actualmente reciben poco más de la mitad de aquello con lo cual se pensionaron.
Del monto total que se tomaría (en realidad, incautaría, pues no encuentro otro verbo para calificarlo), de alrededor de 60 mil millones de pesos, la mitad corresponden a los recursos acumulados en las bolsas de las subcuentas del IMSS: de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez y del INFONAVIT para vivienda. La otra mitad provendría del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, de los fideicomisos del Poder Judicial y otras fuentes que apenas están definiendo, pues MORENA tiene los votos de mayoría para aprobar la iniciativa y esto iniciaría en agosto.
Opino que no sólo es un cambio de quién administra los recursos; se trata de pasar fondos privados a que sean públicos. Esto es, que los recursos privados e individuales de los mayores de 70 años de edad, ya no estarán en las Afores, el IMSS, ISSSTE o INFONAVIT, sino que irán a ese Fondo de Pensiones para el Bienestar, a través de un fideicomiso constituido en el Banco de México y que administrará la Secretaría de Hacienda.
En realidad, es una acción confiscatoria de los ahorros de los trabajadores, beneficiando a quienes no lo trabajaron para gozar ese ahorro que otros mexicanos sí produjeron. Pero ¿por qué hay entonces miles de personas que nunca cobraron su AFORE? Es que una parte importante ya murió y otros, de plano no conocen la ley y otra parte importante, quiere seguir acumulando semanas para pensionarse con una cantidad mayor.
Lo que tendría que hacerse, es que avisemos a los adultos mayores de esta medida confiscatoria y que el gobierno hiciera una campaña de difusión e información para aquellos que tienen 69 años para que sepan que al cumplir los 70 años de edad, sus cuentas serán transferidas al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Que se generalicen por parte de los afectados, los amparos antes de que se modifique la Ley de Amparo y quienes tenemos recursos, retirarlos para ponerlos a salvo, pues como decía, siempre los gobiernos ávidos de recursos públicos para cubrir déficit y proyectos políticos, tienen la tentación de tomar los fondos de ahorro para el retiro que son privados, para hacerlos públicos.