En una inusual decisión en el Poder Judicial, la Ministra presidenta Norma Piña ordenó al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) investigar a los principales operadores del ex titular Arturo Zaldívar, por presuntos actos de corrupción y hostigamiento a empleados, jueces y magistrados.
Basado en una denuncia anónima que contiene relatos pormenorizados de presiones a jueces para varias sentencias y que señala al Ministro Zaldívar y miembros de su primer círculo de colaboradores, Piña dio vista a la Corte para que analice el actuar de Zaldívar, pues la Judicatura no tendría facultades para investigarlo y sancionarlo.
Zaldívar se desempeña actualmente como coordinador de la reforma judicial en la campaña de la candidata presidencial morenista Claudia Sheinbaum.
Por la cantidad de personajes y hechos denunciados, esta es la investigación más amplia que ha sido abierta contra integrantes del Poder Judicial sobre posibles actos de corrupción, extorsiones y amenazas, entre otras ilegalidades.
La denuncia identifica con nombre y apellido a 70 Jueces y magistrados presionados e intimidados por los emisarios de Zaldívar, así como también a los que aceptaron participar voluntariamente en las “corruptelas” y obedecieron sus instrucciones para dictar fallos en favor de la FGR y el Gobierno federal.
Un oficio emitido el 9 de abril, en la investigación J/108/2024, detalla que el CJF abrió el expediente con base en una denuncia anónima que acusa a Zaldívar como el principal responsable de presionar a impartidores de justicia y de vulnerar la independencia judicial.
El texto señala que uno de sus principales operadores para extorsionar y amenazar a juzgadores era Carlos Antonio Alpízar Salazar, ex secretario general de la presidencia del CJF, quien según el anónimo actuaba bajo las órdenes de Julio Scherer Ibarra, ex consejero de la Presidencia de la República.
También señala que la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, entonces a cargo de Jaime Santana Turral, y la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del Consejo, cuando su titular era Arely Gómez González, eran las más utilizadas para intimidar a impartidores de justicia y obligarlos a dictar sentencias a modo.
Otro investigado es Edgar Manuel Bonilla del Ángel, ex titular del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, porque supuestamente coaccionaba y sobornaba a contratistas de Pemex para declararse en quiebra.
El CJF también ordenó investigar a Netzaí Sandoval Ballesteros, ex director del Instituto Federal de la Defensoría Pública y hoy secretario de Estudio y Cuenta de la Ministra Lenia Batres.
RSV