Las tres coinciden
En una propuesta han coincidido desde el primer día las tres candidatas a la gubernatura: urge contar con una Policía Estatal y policías municipales que sí investiguen delitos en estrecha coordinación con la Fiscalía General del Estado.
Las tres han dicho que esa será una de sus principales reformas en materia de seguridad pública y que impactará también, por supuesto, en aplicar justicia.
Libia García (PAN-PRI-PRD), Yulma Rocha (Movimiento Ciudadano) y Alma Alcaraz (Morena-Verde-PT) no es que hayan descubierto el hilo negro, pero ya lo tienen muy claro que gane quien gane, los policías deben tener la facultad de investigar.
Desde la reforma al sistema penal del 2008 en la Constitución de México la Policía tiene esa facultad, pero en los hechos no lo hace y el monopolio de la investigación sigue en los ministerios públicos.
Esto dice claramente el artículo 21 de la Constitución: “La investigación de los delitos corresponde al ministerio público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función”. ¿Entonces?
Lo que tenemos en Guanajuato y en el país son pretextos de leyes secundarias no armonizadas a la Constitución y, sobre todo, falta de voluntad política.
En León, al inicio del segundo trienio del alcalde Héctor López Santillana, se anunció una nueva estrategia de seguridad cuyo punto central era precisamente el de una Policía que recibiera las denuncias y ayudara en la investigación. Para materializarla contrataron al asesor Bernardo León, quien se cansó de elogiar las capacidades de la Policía local, pero que no tuvo el respaldo de la Fiscalía y más.
Para despejarle el camino a la Gobernadora (quien fuera) esta semana el legislador panista celayense, Martín López Camacho, en su calidad de titular de la Convención Legislativa de Seguridad Pública y Prevención Social de la Violencia, puso en la mesa de la Junta de Gobierno y Coordinación Política una propuesta de reforma para quitar cualquier pretexto legal para que las Policías ahora sí investiguen.
En la Junta están las cabezas de todas las fuerzas políticas en el Congreso: Luis Ernesto Ayala (PAN), David Martínez (Morena), Alejandro Arias (PRI), Martha Ortega (Verde) y Dessire Ángel (Movimiento Ciudadano), quien tomará licencia.
La Convención, al tratarse de un mecanismo de vinculación entre el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y los ayuntamientos, representa una voz coincidente que deben de escuchar los legisladores para suscribir la iniciativa como parte de una agenda común y aprobar a la brevedad.
La exposición de motivos es contundente en lo que estamos dejando de hacer: Por una parte una Fiscalía que debe investigar delitos ya consumados, y por otra las Secretarías de Seguridad Pública en lo Estatal y lo Municipal que realizan detenciones solo en flagrancia, sin ejercer funciones de investigación.
“Ante la actuación limitada de las instituciones policiales al actuar solamente en flagrancia, hacen nula la construcción de expedientes policiales que permitan investigar al detenido, para establecer redes de vínculos y líneas de investigación que permitan vincular al detenido con la comisión de otros delitos, incluidos los de la delincuencia organizada, quedando la información que van captando los policías estatales y municipales en la nada jurídica, sin que sea explotada a través de la investigación policial”, explica la propuesta.
Adopta Libia la propuesta
La panista Libia García abrió campaña el 1 de marzo anunciando que en su gobierno no continuarán el secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca, ni el fiscal general del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre. En esa conferencia de prensa presentó sus propuestas para la seguridad y la paz de Guanajuato.
Ahí habló de una policía investigadora, también de un centro de investigación criminológica e investigación policial enfocada en redes criminales.
En el caso de la morenista Alma Alcaraz, desde su papel como legisladora local había planteado iniciativas en este tema y ya en campaña ha hablado de una Policía con capacidad de investigación e inteligencia para reducir los delitos, además de multiplicar el número de agentes estatales, mejor pagados y capacitados.
Yulma Rocha lo ha dicho así: “Una Policía investigadora que tenga las facultades de recibir denuncias, pero también para investigar, porque son las que patrullan las calles, saben quiénes son los que delinquen. Entonces, esa información puede ser utilizada para resolver delitos”.
Si está tan claro, el Congreso seguramente no dará largas. Luego vendrá lo bueno, llevarlo a los hechos.
Morena, enredado en Celaya
La designación de Juan Miguel Ramírez Sánchez como virtual candidato de Morena a la presidencia municipal de Celaya pende de un hilo mientras las disputas al interior del partido continúan.
Tras el asesinato de Gisela Gaytán Gutiérrez, más de uno levantó la mano para suplirla, mire usted: su coordinador territorial de su campaña, Victor Raúl González Meza y la exregidora Bárbara Varela Rosales.
Sin embargo, en Morena reconocían que no se vería bien que un integrante del equipo de campaña y de la planilla de Gisela fuera su sustituto en medio de los señalamientos y nulos avances en las investigaciones de su crimen.
El objetivo era convencer al director regional del Bienestar, Gerardo Sierra Ríos para que aceptara la candidatura, sin embargo el fuego amigo en las últimas semanas y la ausencia de condiciones de seguridad propiciaron que no accediera.
El camino estaba libre para Juan Miguel Ramírez y la Comisión Nacional de Elecciones lo designó por ser un perfil que unificara a los grupos morenistas.
El exrector del campus Celaya-Salvatierra quiso aprovechar los reflectores y ha dado un sin fin de entrevistas a medios nacionales. Primero dijo que no contaba con seguridad y después presumió el apoyo de la Guardia Nacional afirmando que lo estaban acompañando a sus actos de campaña.
Estas declaraciones le podrían salir muy caro al catedrático ya que su candidatura ni siquiera había sido aprobada por el IEEG por lo que se pudieran considerar actos anticipados de campaña.
Otro de los problemas con su registro es que tuvieron que hacer circo, maroma y teatro para convencer al IEEG de que tenían el respaldo jurídico para cambiar de género su candidatura ya que había paridad de género en el bloque de alta competitividad.
Sin embargo, ahora el problema radica en cambiar algunos perfiles de su planilla y entre las disputas internas y que algunos nombres propuestos no cumplen con los requisitos electorales, es una incógnita cuándo podría aprobarse su candidatura.
Mientras esto pasa, algunos morenistas están buscando la forma de impugnar su designación e impedir que Juan Miguel se quede como abanderado.
El camino para el virtual candidato no será fácil, las acusaciones de la falsificación de su título universitario y otras irregularidades como catedrático han vuelto a relucir mientras las campañas avanzan y el principal rival de Morena parece ser ellos mismos.
Abandonan Congreso 10 diputados
Las campañas electorales siguen dejando semivacío el Congreso.
Ya son 10 los diputados locales que se han ido de licencia temporal a su cargo para dedicarse a sus campañas por otro cargo o, por el mismo, para lograr la reelección por un segundo periodo.
Y de esta manera se han estado yendo las figuras protagónicas de los acalorados debates que hubo desde finales de 2021, 2022 y 2023.
La primera en irse fue Alma Alcaraz Hernández, de Morena. En los hechos, desde la segunda semana de noviembre de 2023, dejó de asistir a las sesiones del pleno legislativo que se realizan cada jueves, de tal manera que acumuló 3 faltas, que por cierto no le descontaron a pesar de que “justificó” con el ya conocido “asuntos personales”.
Y es que el 24 de noviembre inició su precampaña a la gubernatura por Morena. Pero fue hasta el 30 de noviembre que obtuvo oficialmente la licencia. Desde los primeros días de diciembre, asumió el cargo su suplente Rafaela Fuentes Rivas.
Pasaron varios meses sin solicitudes de licencias porque no era necesario, ya que las campañas a las diputaciones federales iniciaron el 1 de marzo y las de presidencias de los 46 municipios empezaron hasta el 31 de marzo.
Ernesto Prieto: genio y figura
El 14 de marzo se fueron los dos primeros de este año: la licencia del morenista Ernesto Prieto Gallardo fue aprobada ese mismo día y hasta el 29 de mayo, cuando acaban las campañas.
Él se fue como candidato a diputado federal por el distrito 08, con cabecera en Salamanca. Y lo hizo con un histriónico discurso en la tribuna, muy a su estilo, grandilocuente. Empezó por admitir sus retardos a las sesiones del Congreso, porque siempre llegaba hasta las 11:00 o 12:00 de la mañana.
“Tengo que reconocer que no llego a las 10:00 de la mañana, cuando inicia la sesión, es un área de oportunidad que yo reconozco que tengo. Pero cuando llegamos, llegamos con todo”, presumió.
Comentó que el hecho de que los periódicos siempre publicaran que era el diputado más faltista de la Legislatura, “se me resbala”.
Presumió: “Soy el diputado que más iniciativas ha presentado en esta Legislatura, lo digo con mucha humildad”, con un total de 40.
Y bajándose de la tribuna, fue a su lugar a recoger sus cosas, se despidió de todos agitando la mano en alto y en ese mismo momento se fue del salón, sin que hubiera terminado la sesión todavía.
Sin ninguna faramalla, la licencia también le fue concedida ese día a Gerardo Fernández González, del PVEM, quien va por la presidencia de León, pero esta última surtió efecto a partir del 21 de marzo. En su lugar como coordinadora de la fracción quedó su compañera Martha Ortega Roque.
El 21 de marzo, rindieron protesta como diputados los dos suplentes: Pablo Alonso Ripoll y Juan Carlos Oliveros, en sustitución del morenista Ernesto Prieto Gallardo y del ecologista Gerardo Fernández, respectivamente.
Además se aprobó la licencia de las diputadas panistas Melanie Murillo Chávez y Briseida Magdaleno González, para separarse del cargo a partir del 29 de marzo, pues ambas se fueron de campaña como candidatas a las alcaldías de Silao y Abasolo, respectivamente.
Dos semanas después, pasando las vacaciones de Semana Santa, el 4 de abril, rindieron protesta sus suplentes Aurora Gómez Ramírez y Esther Hernández Contreras.
También se aprobó la licencia del panista Miguel Ángel Salim Alle a partir del 15 de abril y se ordenó llamar a su suplente Juan Antonio Acosta Guzmán, director de Fondos Guanajuato, quien ocupará el cargo solo mes y medio. Mientras, deja encargada la chamba.
Y las más recientes fueron este 11 de abril: se avalaron las solicitudes de licencia para separarse del cargo de diputadas locales de Dessire Ángel Rocha, de Movimiento Ciudadano, a partir del 11 de abril y hasta el 2 de junio.
Ella va a hacer campaña como candidata a primera regidora de León en la planilla de Juan Pablo Delgado para la presidencia de León. Se mandó llamar a Ma. Carmen Rivera Hernández, quien era su coordinadora de asesores, como su suplente y rendirá protesta el próximo jueves.
Lo mismo sucedió con Irma Leticia González Sánchez, candidata a la presidencia de Irapuato por Morena.
También se aprobaron las licencias de los diputados locales Víctor Zanella Huerta y Rolando Alcántar Rojas, del Partido Acción Nacional, ambos desde mañana y por tiempo indefinido.
Por lo que se mandó llamar a Alexis Flores González y a Héctor Ortiz Torres, diputados suplentes, a rendir protesta y asumir las funciones correspondientes.
Víctor Zanella va a buscar el voto de los irapuatenses para que lo dejen quedarse otros tres años más en el Palacio Legislativo. Igual Rolando Alcántar, pero en León.
Además, fue el último día de trabajo de Miguel Ángel Salim, del PAN, como diputado propietario, pues a partir del lunes inicia su licencia para hacer campaña como candidato a diputado federal por el distrito 11 de León, la cual había iniciado el 1 de marzo y la alternaba con su actividad legislativa.
RAA