Hasta el momento siete aspirantes, uno en el ámbito federal y seis en ayuntamientos, recibirán protección de las autoridades, informó el gobierno de Hidalgo.

Con el objetivo de atender cualquier riesgo a la integridad de las y los candidatos durante el actual proceso electoral, el gobierno de Hidalgo, en coordinación con el Instituto Estatal Electoral (IEEH), elaboró un protocolo de acción para la protección de los contendientes.

Este esquema considera aspectos como el desarrollo de los actos de campaña, antecedentes de amenazas contra la integridad personal, así como de atentados o ataques contra la vida o la libertad.

Las y los candidatos de los diferentes partidos políticos que busquen una representación local, podrán solicitar protección ante el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), mientras que aquellos que contienden por un espacio en el ámbito federal deberán presentarla a través del Instituto Nacional Electoral (INE).

DOS VÍAS DE PROTECCIÓN

Para el proceso local, una vez recibida la solicitud en el IEEH a través de su Secretaría Ejecutiva, se informará a la Secretaría de Gobierno (Segob), la Secretaría de Seguridad Pública (SSPH), así como a la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH), para brindar la protección coordinadamente.

Para quienes busquen esta protección a nivel federal, el procedimiento será ingresar una solicitud ante el INE, quien a su vez notificará a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), para así establecer la coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) o la Guardia Nacional.

Finalmente, y tras el análisis de riesgo, la SSPC comunicará al INE si procede la disposición del servicio solicitado, para ser informado al partido político y candidato procediendo a la asignación de los elementos de Sedena, Guardia Nacional o la SSPC, dependiendo el nivel de riesgo que corra el aspirante.

SIETE ASPIRANTES

Hasta el momento se tiene el registro de siete aspirantes uno federal y seis en ayuntamientos, quienes recibirán este servicio de protección que abarca solo el territorio estatal, debido a la autonomía de los estados y su correspondiente jurisdicción.

A través de las Mesas de Construcción de Paz y Seguridad en la entidad se da el seguimiento a las solicitudes y monitoreo de aspirantes que ya se encuentran bajo el resguardo de dicha estrategia.

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