León.- Édgar Francisco, representante del despacho Punto Legal, su hermano Carlos Fernando, y Sandra Sarahí, esposa de Edgar, fueron vinculados a proceso penal por el delito de asociación delictuosa en agravio a la sociedad.
Unas 20 personas afectadas por el despacho Punto Legal acudieron a la audiencia en los Juzgados de Oralidad Penal, pero solo ocho pudieron ingresar a la sala.
El Juez Alcántar Almeida, había fijado el término de duplicidad a tres meses para recabar más pruebas y evidencias por ambas partes, pero Edgar fue el único que no estuvo de acuerdo y le pidió al Juez que se extendiera a seis meses.
No estoy de acuerdo porque en las pruebas dan entrevistas diferentes y no hay un sustento en ellas”, comentó Edgar.
La defensa de los imputados alegaba: Sandra no sabía de depósitos
Durante la audiencia que duró cuatro horas y media con un receso de 10 minutos, las defensas de los imputados agotaron todas las pruebas donde demostraron que Sandra Sarahí, no tenía el control de los depósitos que caían en su cuenta bancaria.
Los afectados, reviran, sí tenía y lo hacía para ‘evadir impuestos’
En el alegato, la defensa de los afectados dieron a conocer sus pruebas de que Sandra sí estuvo involucrada y se ostentaba como directora de ventas, es decir, supervisaba las ventas de las casas y los depósitos.
En un caso en específico, unas de las víctimas le había preguntado a Edgar el porqué la cuenta bancaria estaba a nombre de una mujer y no de él, a lo que respondió que era de su esposa y lo hacía para evadir los impuestos.
Después de escuchar las evidencias y pruebas por las dos partes, el Juez de Oralidad determinó la vinculación a proceso y al finalizar se dirigió a los afectados para que los procesos se lleven con respeto.
Pues Carlos dijo que cada vez que asiste a las audiencias, al salir se siente acosado e intimidado por las víctimas y teme por su integridad.
Contra Edgar, hay trece causas penales por fraude, con unas 370 denuncias y siete vinculaciones a proceso, que lo mantienen recluido desde mayo del año pasado.
Mientras que su hermano Fernando tenía una vinculación a proceso, pero lleva el asunto en libertad.
Eliseo Vargas Castellanos, asesor legal de los afectados aclaró que con la vinculación a proceso a los tres imputados no ameritan prisión preventiva, aunque sí abonará a los otros procesos de fraude.
Además, dijo que después de la audiencia, Mari, una de las afectadas recibió un sobre de una demanda por parte de la imputada Sandra Sarai, quien supuestamente dijo que había recibido amenazas por parte de la víctima de fraude.
Desde el 2019 la Fiscalía sabía de presuntos fraudes en Punto Legal
Desde 2019 había denuncias contra Franco Ríos pero el caso se hizo público hasta un encuentro del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo con notarios, a fines de marzo de 2023, que tres de las afectadas exigieron ser escuchadas y se les canalizó con el fiscal general Carlos Zamarripa Aguirre, a quien una cincuentena de ofendidos presentaron sus casos.
La detención de Edgar, el 1 de abril del 2023 dio esperanzas de justicia, pero a partir de entonces las investigaciones poco han avanzado.
En una entrevista con AM en enero de este año, Francisco Gutiérrez Martínez relató que casi pierde su trabajo por estar pidiendo permiso para atender su caso. Él le pagó a Punto Legal 220 mil pesos, por una propiedad en remate en junio de 2022.
Yo estoy en la carpeta de 56 denuncias. Nos han pospuesto dos veces la audiencia inicial, -mi propiedad- era por 190 mil pesos, a fines de abril de 2021. La última audiencia fue del 8 de noviembre, que se canceló y no nos han notificado de una nueva”, dijo Gerardo Otero Pimentel, otro denunciante.
Los presuntos defraudados también se quejan porque las sanciones no han alcanzado a los titulares de cuatro notarías: la 32, 47, 48 y 102, si bien a Enrique Macías Chávez se le revocó el Fiat de la 47 desde 2022. De los demás, no se conoce castigo.
Piden comprensión ante la deuda millonaria que todavía enfrentan muchos de ellos o por la pérdida de los ahorros de toda su vida.
HEP