Importante nos parece que la nación reconozca la valentía y la aportación cívica de la jueza Sandra Leticia Robledo, quien públicamente denunció haber recibido presiones a nombre del Tlatoani Tabasqueño para que su fallo se diera como se lo indicaba -vía el entonces secretario general del Consejo de la Judicatura, Carlos Alpízar- el Ministro amlista de la SCJN, Arturo Zaldívar, hoy miembro del equipo de la candidata del oficialismo, Claudia Sheinbaum.
Confirma con aplomo y arrojo la jueza lo que otros miembros del Poder Judicial han afirmado: que Zaldívar cabildeaba -a nombre del inquilino de Palacio Nacional- los fallos de los jueces para favorecer los caprichos del Presidente.
En el caso mencionado por la jueza Robledo, se trataba de enajenar a favor de la Sedena una propiedad en Valle de Bravo. Queda pues confirmado en primera instancia la ilegal e indebida intromisión del Poder Ejecutivo en el desempeño del Poder Judicial.
El cual, según nuestra Constitución, es independiente de los otros dos Poderes (Ejecutivo y Legislativo), por lo que la intromisión no sólo resulta ilegal, sino que conforma un delito por el cual debería ser procesado el ex presidente de la Corte, quien siempre ha mostrado ser no un jurisprudente defensor de la ley, sino un lacayo al servicio del Tlatoani.
Preocupa a la jueza, y ahora que lo sabe todo México a los ciudadanos, que este señor -de llegar a ganar la Sra. Sheinbaum- ocupe un alto cargo en su Administración desde donde continúe con su abuso de autoridad. Obvio resulta que pese al escándalo por la actuación de Zaldívar, sus abusos no han ameritado una fijación de postura crítica por parte de quien lo llamó a colaborar en su equipo de campaña, Claudia Sheinbaum.
Incrementa la preocupación el hecho de que la candidata del oficialismo ni siquiera ha tenido la delicadeza, en otros casos, de distanciarse de miembros de su manada acusados de actos indebidos.
Por ejemplo, la candidata de su partido a la Gubernatura de Veracruz, Rocío Nahle, a quien se le han descubierto propiedades y depósitos que rebasan por mucho sus ingresos como servidora pública. Las acusaciones a Nahle, a quien Sheinbaum arropa y apapacha, están fundamentadas en documentos, de manera que no hay forma de excusar los hechos con el consabido “es víctima de un golpeteo político”.
No es Nahle la única persona de conducta cuestionada cercana a la candidata oficialista: se ha mostrado cercana a líderes sindicales cuyo modus operandi está más ligado al de los grandes capos que al de quienes supuestamente defienden los intereses de los trabajadores. Preocupa, pues, esta propensión de la criatura política del Tlatoani no sólo a ignorar el comportamiento turbio entre sus colaboradores, sino a solaparlo y defenderlo.
Dijo la valiente jueza Robledo que llegaron los amanuenses que la presionaban a decirle que el Cacique Mayor estaba “muy enojado” y que pudiera “exhibirla en la mañanera”. Nuevamente se confirma que el predicador desmañanado emplea las conferencias oficiales -institucionales- para golpear a quien no se pliega a sus caprichos.
Iniciamos el opus de hoy afirmando que Robledo merece un reconocimiento de la sociedad: se requiere de mucho valor cívico para denunciar estas cochinadas, sobre todo cuando son acompañadas de amenazas apoyadas por el poder del Estado, que en manos de estas gentes se ha vuelto ilimitado.
Observamos consternados los ciudadanos cómo nadie se atreve a llamar a cuentas a un rijoso gobernante que pisotea no sólo la ley, sino los preceptos democráticos. Lo único válido para el jefe de Zaldívar son sus caprichos, dar rienda suelta a sus resentimientos y cobrar venganzas de añejos fracasos políticos.
Jamás ha cuestionado “¿qué hice mal?”, no, siempre todo es culpa de alguien más: si un juez falla en su contra no es que su querella estaba mal fundamentada: para él siempre resulta que -según afirma de manera tan exagerada- los jueces defienden viejas prácticas corruptas de los “neoliberales”. ¿Y los abusos cometidos en SU Administración, por esos quién responde?