León.- El exdirector del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal), Leonardo Lino Briones, causó un daño al erario público de 45 millones 360 mil 770.05 pesos por la contratación irregular de la empresa Centro Corporativo de Seguridad Privada S.A. de C.V. para dar servicio de vigilancia en las instalaciones de la paramunicipal por tres años.
Lo anterior lo determinó la Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, seis años después de que este fuera despedido y como sanción determinó apenas una inhabilitación por un año para ejercer un cargo público, que concluiría el 12 de abril de 2025.
En el Registro Estatal Único de Servidores Públicos y Particulares Sancionados de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado, aparece que se le determinó esta sanción el pasado 12 de abril de este año, por una conducta que se calificó como grave.
La causa de la sanción, el Tribunal de Justicia Administrativa detalla que fue adjudicar de manera directa en sesión del Consejo Directivo del Sapal del 3 de marzo de 2017, la contratación del servicio de vigilancia y salvaguarda a la empresa en un inicio señalada, sin fundar y determinar en el dictamen respectivo las razones por las que se adjudicó.
Lo que ocasionó que se suscribieran contratos en 2017, 2018 y 2019, causando un detrimento al erario público”, subraya en su sentencia.
Y como fundamento, cita a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios, la cual ha sido reformada pero señalaba en su artículo 11, fracción IV, que son obligaciones de los servidores públicos: cuidar y usar los recursos públicos con probidad y en la forma prevista por las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, tanto los que les son asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, como aquellos a los que tengan acceso por su función.
También se cita al artículo 21, que indicaba entre otras cosas que se consideran conductas graves, las contravenciones a las disposiciones de esta Ley, que contengan obligaciones o prohibiciones y que produzcan daños a las personas o a sus bienes, así como beneficios de carácter patrimonial o económico, lucro o cualquier tipo de ventaja para el servidor público o familiar.
Lino Briones sostuvo que le parece injusta la decisión del Tribunal, aunque aseguró que no le afecta.
Defiende legalidad de licitación ex director de Sapal
AM buscó al ex director general de Sapal, Leonardo Lino Briones para solicitarle una postura respecto al fallo de la Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y aunque dijo que le parece injusta la decisión de inhabilitarlo, aseguró que no le afecta.
“Realmente no tengo conocimiento de cuándo sería el vencimiento (de la inhabilitación), pero como no tengo algún objetivo de participar en política o de cuestiones administrativas de gobierno no me afecta directamente, aunque no estoy conforme”, declaró.
El exfuncionario defendió que sí hubo un proceso de licitación para contratar el servicio de vigilancia, el cual incluso se abrió a nivel nacional, pero aseguró que no se encontró más que esta empresa y que todo fue legal.
“Se adjudicó a esta empresa por no encontrarse opciones, fue necesario para no dejar sin atender al organismo y tener quien pudiera hacerse cargo de esa situación, que se hizo bien, el proveedor realmente cumplió muy bien su objetivo y todo marchó bien. Precisamente por haber sido seleccionado debidamente, bien, no hubo problemas, incluso al haber cambio de Consejo siguió dando el servicio”, sostuvo.
Otros escándalos alrededor de Lino
Además de este caso que no se había hecho público, hay otros en el historial de Lino Briones que causaron polémica durante su gestión como Director de la Paramunicipal.
Uno de ellos y que fue “la gota que derramó el vaso” para que lo despidieran, fue una falla en el reparto de agua en al menos cien colonias que no se comunicó con oportunidad, lo cual provocó una crisis en su momento.
Otro, fue el hallazgo de una toma irregular detectada en el fraccionamiento residencial Gran Jardín, que propició una extracción ilegal de agua, causando un adeudo que rondó los cinco millones de pesos.
Y un tema más que causó polémica fue que gozaba de una tarifa preferencial por el servicio de agua potable, apenas 64 pesos.
No hubo daño, defiende a Lino
Se buscó al actual presidente del Consejo Directivo del Sapal, Antonio Morfín Villalpando y confirmó que tenía conocimiento del caso de la empresa de seguridad, sin embargo defendió que no hubo daño al erario público.
Puede haber una falta administrativa si no cumplió con determinados requisitos para hacer una contratación multianual, pero no hay un daño al erario en la medida de que se prestó el servicio de la vigilancia, se pagó por él y lo hicieron por tres años, habría que revisar si la normatividad en ese momento lo permitía o no, pero hay que aclararlo, es cosa de analizar cómo está el expediente”, declaró.
Dijo que hay procesos de licitación que se tienen que considerar desiertos e ir a una adjudicación, por lo que Lino no incurrió en una falta.
Sin embargo, sí opinó que la sentencia llegó demasiado tarde y que se necesita hacer más ágiles estos procesos.
Eso no suena nada lógico en la medida de que salen con que un año de inhabilitación y ya van siete que ni siquiera está en el sector público, no suena algo lógico, tenemos que hacer los procedimientos que nos lleven a que las investigaciones se hagan en el tiempo en que están sucediendo y las sanciones puedan venir en ese mismo tiempo”, anotó.
No pagaron nada en Gran Jardín
Finalmente, Antonio Morfín informó que el tema de la toma clandestina en Gran Jardín a la fecha no se ha resuelto, por lo que la deuda sigue ahí.
“Nosotros mandamos el cobro de un recibo por agua que en nuestra opinión sí se consumió y sí debieron de haber pagado al Sapal pero ellos utilizaron determinados medios de defensa que suspenden el que tú puedas llevar a cabo un cobro ahorita. Se puso una demanda de carácter penal en aquel momento y no ha sucedido nada, está en un proceso judicial, que hace que los hechos queden en suspenso mientras no decida un juez la procedencia o no del cobro”, remató.
HEP