El Congreso de Hidalgo aprobó los nombramientos de Beatriz María de la Paz Ramos Barrera y Jorge Alberto Huerta Cruz como magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJEH).
Tras más de quince días de la renuncia de Isabel Sepúlveda como magistrada del Tribunal y a casi dos años de una magistratura vacante, este miércoles las y los diputados avalaron la propuesta enviada por el gobernador Julio Menchaca Salazar.
Integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana y de Justicia fueron los encargados de analizar la propuesta del Ejecutivo, realizar el dictamen y presentarlo ante el pleno, donde fue aprobado con 24 votos a favor.
AGILIZARÁN PROCESOS
Posteriormente, la magistrada presidenta del TSJEH, Rebeca Stella Aladro Echeverría, comentó que con los nuevos nombramientos ya no se solicitará el apoyo de magistrados de otras salas, además que se agilizarán los procesos.
“Ahorita todos completos pues ya no necesitamos esa situación (solicitar magistrado), porque cada una de las salas tiene a cada magistrado que trabajará de manera ardua en cada una de ellas”, refirió.
La magistrada comentó que no influyó para que el Ejecutivo hiciera las propuestas pronto, ya que, dijo, el gobernador conoce las entrañas del Poder Judicial y sabe que quitar un integrante es un espacio que debe llenarse lo más rápido posible.
NUEVOS MAGISTRADOS CON EXPERIENCIA
Mencionó que los nuevos magistrados tienen muchos años de carrera judicial que conocen de toda la vida, son personas muy profesionales con más de 30 años de servicio en el Poder Judicial.
“No solamente a mí, sino que a todos mis compañeros magistrados y magistradas nos agrada y nos satisface porque es una manera de seguir impugnando y apoyando la carrera judicial”, mencionó.
En otro tema, Aladro Echeverría descartó que en el Poder Judicial haya persecución política a candidatos, ya que, dijo, los jueces sólo cumplen con la ley.
Ante cuestionamientos de medios de comunicación, indicó que quienes integran ese organismo están sólo para atender cuestiones que se presenten en el momento en que judicialicen una carpeta, porque la obligación es actuar en consecuencia.