Hay un cargo público que pronto terminará. Es un trabajo que requiere atención 24/7 ( día y noche). Ofrece gran poder a quien lo obtenga, con un sueldo y prestaciones superiores a otros, pero inferior al mercado privado.
Tiene muchos riesgos para el titular y su familia; requiere vigilancia permanente de guardias de seguridad armados y, aunque en teoría tiene autonomía de gestión, depende de un superior. En las manos del funcionario están 3 mil 500 vidas de colaboradores.
La tarea es ser abogado de los guanajuatenses, ser Fiscal General del Estado, el puesto al que renunciará Carlos Zamarripa después de 14 años al frente. Quien lo releve deberá tener amplio conocimiento del derecho, ser un líder consumado para organizar a fiscales regionales, a ministerios públicos, investigadores, policías y un servicio forense sobrecargado.
Estos últimos años fueron difíciles para la fiscalía. Guanajuato tuvo la mayor criminalidad de su historia, sobre todo en cuanto a homicidios dolosos, extorsión y asesinatos de policías. Hace una década nuestra tierra era famosa por su creciente industrialización, por la atracción de empresas automotrices y de partes; teníamos un buen lugar en el crecimiento económico del país.
Los dos últimos sexenios, el de Miguel Márquez y el de Diego Sinhue marcaron la peor época para la seguridad pública.
Ayuntamientos como los de Celaya, Juventino Rosas, Villagrán y otros del sur, perdieron la capacidad de gobernar. Según el propio gobernador, ocho municipios estarán en manos de alcaldes que tienen nexos con el crimen organizado. En Apaseo el Alto, Moroleón y Celaya fueron asesinados candidatos en diferentes épocas.
La última masacre en León fue doblemente trágica por el asesinato de cuatro mujeres y dos bebés, todo bajo la mirada de la Guardia Nacional y las cámaras del propio Ayuntamiento. Es una marca del distanciamiento político entre la federación y el estado que obstaculiza la lucha contra el crimen.
Quien releve a Zamarripa tendrá la carga que nadie tuvo antes a pesar de contar con un presupuesto necesario de 5 a 6 mil millones de pesos. Hay muy pocas personas que puedan o quieran enfrentar el reto. No sabemos si dentro de la misma fiscalía esté una mujer o un hombre capacitado, innovador, valeroso y con liderazgo; no sabemos tampoco si lo mejor fuera invitar a alguien de fuera con experiencia en retos del tamaño que se debe asumir.
Lo cierto es que no debemos escatimar sueldos, pensiones y seguridad a quienes literalmente exponen su vida por Guanajuato. El monto de jubilación y las prestaciones que pueda recibir Carlos Zamarripa después de 30 años en la dependencia van de acuerdo a la enorme responsabilidad de ser el fiscal. Si Diego Sinhue lo mantuvo en el cargo durante estos años es porque cree que sin él las cosas hubieran estado peor. Algo que la opinión pública no acepta o no cree.
Para Libia Garcia, la gobernadora electa, la decisión más importante de su sexenio estará en la selección de su gabinete de seguridad. En la designación del fiscal como de la secretaria o el secretario de Seguridad Pública está el futuro, no sólo de su administración, sino de su partido. La elección del 2 de junio fue la tercera y última llamada para el PAN. Por cierto, hay panistas de buen juicio que piden a Diego y a Libia el cambio antes de que llegue la próxima legislatura. Veremos si los escuchan.