La propuesta de reformas al Poder Judicial que presentó López Obrador y que se pretende aprobar a partir del 1 de septiembre, es la que ha desatado más polémica y críticas; sobre todo en su base central para elegir a los jueces y ministros mediante el voto directo de la población.
Elegir a los jueces y ministros de esa forma no garantiza que lleguen los mejores y más capacitados, sino los más populares, además de que se corre el riesgo de que los partidos puedan inmiscuirse en la elección, proporcionando la maquinaria electoral que suele tener como estrategias principales: la compra de votos y el financiamiento sucio ligado a grupos de poder con intereses muy concretos, e incluso al patrocinio del crimen organizado, lo cual evidentemente eliminaría cualquier posibilidad de autonomía e independencia a los juzgadores.
Probablemente un esquema híbrido donde solo se puedan postular para ser jueces a las personas que cumplan estrictos requisitos emanados de una carrera judicial, con conocimientos y preparación probada, todo envuelto en un proceso electoral blindado en cuanto a su financiamiento y operación, podría ser una opción. Pero, evidentemente bajo nuestra actual legislación y, sobre todo, ante la laxitud en la aplicación de la ley para evitar la intervención de los gobernantes en los procesos electorales, la elección de los jueces y ministros terminará por partidizar o comprometer la impartición de justicia.
Pero por el otro lado, tenemos el esquema que se está aplicando hoy en Guanajuato, donde el Poder Ejecutivo somete al Legislativo para que nombre magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y consejeros del Poder Judicial, que no cuentan con las credenciales suficientes, pero que sí premian las obediencias partidistas.
Esos nombramientos están envueltos en una niebla de conflictos de intereses y pagos de favores, que igualmente no garantizan una aplicación de justicia imparcial, y más bien representa una jugada de último momento para tratar de conservar posiciones de poder, ante la pérdida de la mayoría en el Congreso del Estado.
Los candidatos propuestos no pueden analizarse de manera aislada a las relaciones familiares y político partidista de cada uno de ellos, pues quien pretenda hacérnoslo ver así solo atenta contra nuestra inteligencia, y provoca el encono y el rechazo de la sociedad, facilitando eventualmente la llegada de otros partidos que puedan destruir más a nuestro estado.
Imagine usted a un consejero del Poder Judicial, que tiene obligación de vigilar que la justicia se administre de manera imparcial, y que tiene la capacidad de suspender, destituir o remover jueces, ¿qué imparcialidad va a tener cuando su puesto inmediato anterior fue el haber sido presidente del partido en el poder?
La manipulación de los mecanismos para nombrar jueces, magistrados o consejeros judiciales debe ser rechazada en todos los niveles, tanto en el federal como en el estatal. Parecería que tanto lo que se discutirá en el Congreso de la Unión, como lo que se discutió en el Congreso del Estado estará más ligado a un negro episodio más en la historia de nuestro país y de Guanajuato, donde la sumisión del Poder Legislativo ante el Ejecutivo se hace sin pudor alguno.
Y por si faltara algo, de prosperar el intento panista para extinguir el Fidesseg afectando a decenas de asociaciones civiles, así como a miles de beneficiarios, solo se estará confirmando lo que todos tememos, pero no reconocemos, que no importa cuál es el color, el gobierno siempre será el gobierno, pregonando el engaño de la apertura a la participación ciudadana, la que utilizan y luego la desecha.
LALC