No ayuda nada a la buena marcha del país que lo ilógico se convierta en la lógica oficial y que lo ilegal se torne en lo legal.
No estamos en un cuento de Lewis Carroll (“Alicia en el País de las Maravillas”), sino en una democracia emergente que corre el riesgo de convertirse en submergente, por lo que no existe en nuestro México Mágico margen de error.
Decimos esto dado que este lunes el Presidente saliente, en su diatriba cotidiana, pretendía convencer a la población que “está bien” violar el secreto bancario -en este caso cuando divulgó las finanzas internas del sitio de noticias Latinus y de los ciudadanos informadores Carlos Loret de Mola y su colega “Brozo”- quesque porque algunos ingresos provienen del extranjero y de entidades públicas.
Ello cuando nuestra Constitución (dentro del capítulo de las garantías individuales) otorga a todo ciudadano el derecho a la privacidad, incluido el secreto bancario, que se puede violar solo bajo las ódenes de un juez con alguna causa fundamentada.
Pieza clave elemental con la que no contaban ni el Presidente, ni su acólito Pablo Gómez cuando arremetieron contra los informadores.
Es decir, contar con orden judicial requiere una fundamentación con pruebas, no con dimes y diretes, o sospechas, y menos aún con resentimientos y rencores contra los informadores por divulgar episodios sórdidos ocurridos en la presente Administración.
Revelar estos datos privados es, ha sido y será -mientras estemos en una democracia- algo ilegal que no se puede considerar legal bajo ningún pretexto.
Como ciudadanos, si permitimos que vulneren los derechos constitucionales de un ciudadano, estarán en riesgo las garantías individuales de todos los ciudadanos.
No fue esto el lunes lo único fuera de lugar que se dijo desde el pináculo del Poder Ejecutivo.
Sobre la reforma judicial que promueve, el aún titular del Ejecutivo dijo que prefiere a los jueces “sin experiencia”, y que recién saliditos de la universidad para él es mejor.
O sea, que le parecen superfluos los actuales requisitos de 5 o 10 años de experiencia para escalar cargos en el Poder Judicial.
Propone pues, este señor de las ideotas matutinas, que la experiencia sale sobrando.
Salta a la vista que propone una teoría sobre el funcionamiento de la sociedad que navega en contra de la lógica convencional.
Corriendo un ejercicio valdría la pena preguntarle a este individuo si la próxima vez que se traslade por vía aérea preferirá al mando de su aeronave a un capitán piloto aviador recién salido de la escuela de aviación con escasas 40 horas de vuelo, o a uno con diez mil horas y acumulada experiencia al mando de una aeronave.
O si acaso llegara a hacer alguna travesía de placer con su familia, ¿desearía que el capitán de su navío fuese un cadete recién graduado de la Academia Marina que acaba de aprender en dónde se ubica la proa y a distinguir entre babor y estribor?
Si se llegara a enfermar, que no se lo deseamos a nadie, ¿preferiría que lo atendiera un especialista con años de experiencia en su enfermedad o un pasante de medicina que apenas aprendió a emplear el estetoscopio?
No batallaríamos mucho para convencerlos, por lo menos a ustedes, amables lectores, que para desempeñar adecuadamente labores complejas, como la impartición de justicia, es imprescindible no sólo contar con los conocimientos, sino con una buena curtida en los juzgados para entender no sólo la letra de la ley, sino su aplicación en un sistema complejo e interrelacionado que en ocasiones requiere de juiciosas interpretaciones legales y del conocimiento amplio y profundo de jurisprudencia sentada en precedentes.
Esta otra intentona por convencer a la opinión pública de que la suya -esto es, tumbar el sistema judicial actual para crear uno nuevo con ocurrencias basadas en oportunismo político y no en la lógica convencional y menos en el Derecho- es una “buena” idea.
Ello cuando no lo es, sino todo lo contrario: es una pésima idea que pone en riesgo la existencia de la democracia en México, pues daría al traste con la independencia de los Poderes.
Requisito obligado por nuestra Constitución como marco, no sólo para la formación de nuestra República, sino para el sistema democrático que la rige.
Desanima -y mucho- la insistencia de este señor en querer revolcar la gata y hacerla pasar por una nueva, cuando es la misma cantaleta suya: buscar cualquier pretexto para justificar lo injustificable y acrecentar no sólo su poder, sino la hegemonía de su partido, dotándose a sí mismo y a sus acólitos de poderes ilimitados que no sólo los colocan por encima de las leyes, sino que los convierten en la ley.
Ni quienes votaron por ellos desearían ver esto si lo pensaran bien.