Hace unos días, un amigo, en una de las muchas quejas ciudadanas que me han externado por las fotomultas, me decía: “a mi hijo le han llegado dos, porque iba a más de 120 km por hora, pero decidió no pagarlas ni conmutarlas, sino impugnarlas mediante el amparo”.
De inmediato reflexioné si la decisión del muchacho había sido la correcta, pues es evidente que cada persona puede optar libremente qué camino tomar, y demandar al Municipio para anular una infracción es un camino válido legalmente, pero desde la óptica de la ética y la razón, podría no tener sustento. Me refiero a que si estamos conscientes de que cometimos una infracción y que ello nos pudo haber llevado a tener un accidente con fatales consecuencias, ¿no es esa razón suficiente para hacer un mea culpa, asumir mi falta y pagar mi sanción?, además, considerando que la puedo cumplir mediante trabajo en favor de la comunidad.
Por esos mismos días, en un grupo de ciudadanos y autoridades, un líder empresarial publicó un comentario de una persona que se quejaba amargamente de los vehículos que se han quedado atorados en el Malecón del Río, justo debajo de los puentes que lo cruzan, culpando a las autoridades de Vialidad del municipio por esos accidentes, acusándolos de que “van a crear una desgracia, y más pérdidas a los particulares, no les da más a los amigos de Movilidad, deben de buscar otro sistema y pedir asesoría”.
Es decir, el mencionado ciudadano señalando como responsable a las autoridades de los vehículos que se quedan atorados, y manifestando más su preocupación por las pérdidas materiales, esto a pesar de que en cada acceso al Malecón existen suficientes avisos preventivos e incluso arcos vehiculares que indican con claridad la altura de dichos puentes. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad, de la autoridad que avisa o del ciudadano que ignora los avisos?
Y también, algunos días antes, en la sesión del Consejo de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad del Municipio, resolvimos la demanda de un grupo de jóvenes que se quejaban de varios agentes de Tránsito que los habían detenido cuando quisieron evadir y burlar el alcoholímetro. Ellos alegaban que los agentes les causaron lesiones al haberlos detenido, pero cuando vimos los videos del evento, nos dimos cuenta de que no fue así.
Se trataba de un grupito de chavos adinerados que en un automóvil de lujo y en estado de ebriedad, cuando vieron que se estaba llevando a cabo el operativo del alcoholímetro, quisieron estacionarse de inmediato, alegando que iban a un domicilio cercano a ese lugar, pero cuando los agentes trataron de detenerlos, estos forcejearon y se opusieron al arresto, ocasionándoles excoriaciones y moretones naturales.
Claro que no sancionamos a los agentes, pues haberlo hecho solo confirmaría la idea de que hay algunos “influyentes” que piensan que por ser de posición acomodada tienen toda la credibilidad. Por eso es tan importante el proyecto que se tiene en el Municipio para dotar en poco tiempo de cámaras de solapa (body cams) a todos los policías, tránsitos e inspectores, pues la evidencia en video de la actuación de un servidor público siempre será un elemento muy valioso para darle la razón al quejoso o a la autoridad.
No pretendo defender a todos los servidores públicos, pues hay más de 8 mil empleados municipales en León y muchas veces ha habido excesos y errores, pero también en una ciudad de casi 2 millones de habitantes, hay algunos ciudadanos que no respetan a la autoridad, solo ven por ellos mismos y, lo peor de todo, ponen en peligro a muchas otras leonesas y leoneses.