El Presidente de Rusia, Vladimir Putin, tiene una orden judicial de arresto en su contra por parte de la Corte Penal Internacional (CPI). Esto quiere decir que cualquier país signatario del Acuerdo que dió lugar a su fundación tiene la obligación de arrestar al premier ruso en caso de que este pise su territorio. México es naturalmente uno de los países que suscribieron el documento fundador de la CPI y, por lo tanto, obligado a seguir sus estatutos.

Este es un punto que el grupo detrás de Sheinbaum no tomó en cuenta o no le dió la debida importancia, al considerar invitar a Putin a la toma de posesión de la próxima presidenta de México.

Las reacciones del gobierno de Estados Unidos como la del gobierno de Ucrania no se hicieron esperar.  En el caso del primero, un portavoz del Departamento de Estado comentó que la presencia de un autócrata restaría valor a un momento histórico para México, seguramente refiriéndose al hecho de que asumirá la Presidencia de la República la primera mujer en la historia del país.

En el caso del segundo, la Embajada de Ucrania dio a conocer un documento en el que señala que México es conocedor de que el Presidente ruso es un criminal de guerra bajo sospecha de haber secuestrado y trasladado de manera forzosa niños a territorio ruso. Por ello, bajo las directivas del régimen encabezado por Volodimir Zelenski declara también en la misiva que confía en que el gobierno de México cumplirá con la orden judicial de detención en caso de que Putin acuda a la ceremonia de asunción del poder de Claudia Sheinbaum.

La reacción de la próxima presidenta no parece haber sido la más acertada. Por un lado, desestimó la importancia de los comentarios vertidos por el Departamento de Estado de nuestro vecino del norte. Por otro lado, trató de minimizar el asunto al decir que se trataba sólo de un protocolo, pues las notas de invitación se envían automáticamente a todos los gobiernos, incluyendo el ruso. Que esto es un sofisma lo demuestra el hecho de que no se invitó a los líderes de Perú y Ecuador, por los que el Presidente mexicano tiene una particular aversión. La pregunta es entonces obligada: ¿Por qué razón se piensa que un líder considerado un criminal de guerra por la CPI puede ser invitado al tiempo que se trata como indeseables a dos gobiernos democráticos en América Latina?

Cuando se piensa dos veces en la respuesta a esta pregunta es imposible no considerar que el gobierno mexicano es indiferente al hecho de que un país invada, sin razón, a otro país. Todo lo cual, por supuesto, va en contra de la tradición pacifista de México y de nuestros principios de resolución pacífica de las controversias. 

Algunos pensarán que es extraño que un gobierno supuestamente de izquierda tenga simpatías por un gobierno ostensiblemente de derecha radical como lo es el de Putin. La realidad de las cosas es que el adagio según el cual los contrarios se encuentran es más que exacto.

Como quiera que sea, el episodio es otro ejemplo de una gran pifia diplomática de este gobierno. Una más entre muchas otras. Esperemos que, en el futuro cercano, México regrese a su tradicional política internacional, que le ha ganado muchos amigos en el mundo.

 

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