El lunes de esta semana, en sesión del Comité de Adquisiciones del Municipio analizábamos la compra de dos tolvas que necesita la Dirección de Obras Públicas, mismas que un proveedor ofrecía 338 mil pesos más caras que otra empresa que había sido descalificada.
Al cuestionar este asunto a la Dirección citada, pudimos confirmar que las tolvas ofrecidas por el proveedor descalificado sí cumplían con las necesidades de la dependencia, solo que al momento de lanzar las bases no se había considerado a todas las opciones disponibles en el mercado. Al final y apegados al reglamento y a la constitución, el comité decidió cancelar la compra e iniciarla de nuevo ampliando la investigación de mercado, todo ello con la finalidad de ahorrarle más de 300 mil pesos al municipio.
Lo paradójico de esto es que ese mismo día, este diario publicaba en su nota principal el descubrimiento de una presunta red de empresas y prestanombres a las que se les asignaron de forma directa 224 contratos con un valor de 84 millones de pesos, que involucraban a familiares de un funcionario asesor de la oficina del jefe de gabinete estatal.
Si bien es cierto que la normatividad permite las asignaciones directas en algunos procesos de compra, lo ideal es que éstas sean las menores y la mayor parte se adjudique mediante convocatorias públicas en la que se puedan inscribir todos los proveedores interesados.
En el municipio de León cualquier compra menor a 1.85 millones de pesos se puede asignar de manera directa para adquirir insumos, materiales, servicios o bienes que requiera la administración centralizada, cualquier cantidad por encima de ello debe licitarse públicamente; y en el caso de obras públicas, las que sean menores a 3.3 millones de pesos se pueden asignar directamente sin concurso.
Ciertamente, aunque esas cantidades palidecen comparadas con los más de 8 mil millones de presupuesto anual de León, la realidad es que, en esas compras o pequeñas obras, no es imposible que haya fugas o irregularidades que pueden erosionar la hacienda pública poco a poco.
En León, al menos existe un sistema de compras en línea que busca controlar y dar apertura a las pequeñas empresas para ser proveedoras del municipio, generando una especie de mini licitación para adquisiciones menores. Aunque este sistema no siempre deja conformes a los proveedores, se ha certificado que es razonablemente confiable, pero en lo que corresponde a la contratación de obras públicas pequeñas, el director puede asignarlas directamente, lo cual representa una debilidad de control que requiere una reforma reglamentaria para acotar estas facultades.
No se puede asegurar que en alguna de las compras menores o contratación de pequeñas obras en nuestra ciudad no haya habido alguna irregularidad, probablemente exista quien pueda eludir los controles o faltar a la honestidad, pero se tiene la trazabilidad y los elementos para detectarlo mediante denuncias, revisiones o auditorías.
De hecho varios ciudadanos o empresas se han acercado a quien esto escribe para denunciar irregularidades en el sistema de compras en línea o en algunas dependencias municipales como la Secretaría de Vinculación y Atención a los Leoneses, en la administración de los apoyos sociales; en la Dirección de Obras Públicas, en la asignación y cobro de moches en las obras; en la Dirección de Comunicación Social, en la distribución de los contratos de publicidad; y en el Instituto Municipal de la Juventud (IMJU) mediante el desvío de recursos públicos para apoyar campañas políticas, pero en casi ningún caso me aportan pruebas concretas, con excepción de las denuncias del IMJU, en donde parece que sí existen evidencias suficientes.
Aquí en León cuidando 300 mil pesos y en otros lugares descuidando 84 millones, hasta parecen centavos contra pesos.