Nuestro actual gobernador resultó un indolente. Seguramente desde un inicio se planteó la posibilidad de viajar al extranjero y montar a caballo, en lugar de ser gobernador del estado y trasladarse a Guanajuato a despachar los graves asuntos, como la seguridad, que preocupan y angustian a los ciudadanos.
Desde un principio planteó, en un decreto, tener un subordinado que se encargara de los asuntos complicados, mientras él viajaba a catar vinos a Croacia. Para lograrlo, emitió una disposición ominosa y descuidada que resulta contradictoria a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado (LOPEEG). Las carencias del instrumento saltan a la vista: no indica los requisitos para ser Jefe de Gabinete (JdeG), no esboza el perfil del puesto, no se dan reglas de organización, no indica relaciones de mando y no regula interrelaciones gubernamentales. Al definir que el JdeG es un apoyo no del gobernador, sino de todo el Poder Ejecutivo, lo convierte en vicegobernador, una figura que no está contemplada en nuestras leyes. Se saltó las trancas, poniendo en grave situación al designado para realizar funciones administrativas y políticas, bajo un concepto inexistente e ilegal.
No resulta extraño que durante esta gestión, surgieran problemas internos. Los secretarios resultaron mangoneados por el asesor. Es un caso parecido al de 2001 con Fox, cuando se inventaron los “zares del gobierno”, que controlarían un puñado de secretarías cada uno, pretendiendo ubicarse por encima de las secretarías del estado. La ocurrencia, obviamente, fracasó. Pero acá frente a secretarios pusilánimes, la coordinación, dirección y resolución de asuntos quedó en manos del sombrío JdeG, interesado especialmente en definir el gasto público mediante las contrataciones del gobierno y de los fondos disponibles en cada secretaría y paraestatal. Voces profundas de la administración así nos lo informan.
Aclaremos, el gobernador no puede hacer lo que le venga en gana con el gobierno. Su actuación se encuentra acotada por lo preceptuado en la Constitución estatal y en la LOPEEG. El frágil decreto 195 que emitió el 28 de septiembre de 2018, para crear la rimbombante Jefatura de Gabinete del Poder Ejecutivo, es impugnable por ilegal y técnicamente defectuoso.
El instrumento solo intenta potenciar, hasta donde sea posible, a su burócrata de confianza, frente al gabinete legal. Los enunciados de las facultades endilgadas a la jefatura resultan nimios, porque es obvio que no pueden sobreponerse a las potestades de los secretarios. Y no quedó más que sembrar el decreto con verbos y frases como: coordinar, aprobar en conjunto, convocar, dar seguimiento, evaluar, coadyuvar, proponer y analizar. Nada que fundamente las decisiones trascendentes, que ha resuelto el titular de la jefatura.
Hay que afirmarlo sin ambigüedades: el ilegítimo poder que ha logrado aglutinar el JdeG, no surge de las leyes sino de la voluntad de un negligente gobernador, que privilegió la hamaca al despacho gubernativo en el Palacio de Gobierno. Comodino, prefirió gastar una millonada en rentar una oficina en el Puerto Interior de Silao.
Si la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato realizara una “auditoría de desempeño”, podría corroborar las serias irregularidades en múltiples resoluciones que deberían ser resueltas por el propio gobernador. El ensoberbecido auxiliar no contaba, ni cuenta con atribuciones tan delicadas como para decidir adjudicaciones de contratos multimillonarios. Y es precisamente en estos espacios de discrecionalidad en donde anida la corrupción. El poder omnímodo depositado en un funcionario menor, para que este defina quiénes serán los beneficiarios de los presupuestos públicos, es la mejor prueba de que el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez no ha actuado con honestidad.
Ahora entendemos uno de los más bochornosos hechos que hemos atestiguado, el desistimiento, ordenado por el JdeG, de la reforma a la Ley de Compras Gubernamentales que proponía el mismo PAN como respuesta virtuosa a los esfuerzos del Comité Ciudadano Anticorrupción para tener mayor control de los proveedores. Inexplicablemente, haciendo el peor de los ridículos, el PAN autodesechó su iniciativa. El JdeG está convencido de que la asignación directa de contratos a modo debía ser protegida. Los moches son fundamentales para la buena operación de su jefatura.
Para rematar, la nueva gobernadora nos anuncia que ella será su propia jefa de gabinete. Pensamos que sería preferible que se dedique a encabezar al Poder Ejecutivo del estado, manteniéndolo a buen recaudo de los escándalos que irán conociéndose, más pronto que tarde, generados en la terrífica jefatura de gabinete. El clan se desnuda.