León, Guanajuato.- El Gobierno Municipal investiga a agentes de la Policía Municipal por la denuncia de dos mujeres que fueron detenidas presuntamente de manera arbitraria después de colocar en un puente una manta contra supuestos deudores alimentarios y los agentes lo confundieran con un acto del crimen organizado.

Esto lo reconoció el secretario del Ayuntamiento, Mario Enríquez Carrillo, quien informó que ya se contactó a las afectadas, con ellas y con un grupo de activistas trabajan diferentes dependencias municipales para mejorar los protocolos de actuación.

Los hechos ocurrieron el 29 de junio y la acusación es por presunto abuso de autoridad y uso innecesario de la fuerza pública durante una detención, luego de que un grupo de feministas exhibiera a presuntos padres desobligados, en un acto de iconoclasia contra un sistema judicial que consideran ineficiente y sin cometer daños a la propiedad pública o privada.

Su servidor, el subsecretario de Protección de Derechos Humanos, hemos atendido ya un acercamiento. Lo que se arguye es, en la semana hubo situaciones de narcomantas que se colocaron, entonces, de momento el llamado al 911 es que hay una colocación, se acude y ya al momento de detención se advierte que no tenían correspondencia con una cuestión de delincuencia organizada”.

Mario Enríquez explicó que se les dio acompañamiento para que acudieran a la Secretaría Técnica de Honor y Justicia para presentar su denuncia, de la que se inició un expediente de oficio sobre el cual las víctimas podrán presentar más elementos y las activistas podrán compartir ideas, observaciones y recomendaciones, resultado de los análisis realizados por la propia colectiva feminista.

Comentó estos acercamientos incluyen un diálogo de varias instancias municipales con integrantes de una colectiva feminista, donde estas podrán compartir ideas, observaciones y recomendaciones, resultado de los análisis realizados por esa agrupación. Así como una visita a la oficina del C4 para explicarles cómo funcionan los protocolos de atención ante llamadas de urgencia.

Si no escuchamos, no podemos mejorar nuestros procesos y parte de eso se acordó que ellas, nos van a remitir esas observaciones que advirtieron sobre lo que en ese momento se expuso y sobre la Policía de Género, que también estuvo presente en esa reunión”.

Entre las solicitudes de las afectadas estaría la eliminación del registro de la detención -que, de acuerdo a Mario Enríquez no lo hubo-, así resarcir el gasto que hubiera habido por la detención del vehículo.

Las conversaciones continuarán, dijo el secretario de Ayuntamiento, más allá del caso en cuestión, pues ambas partes esperan que el diálogo sea permanente.

No limitar libertades a fechas conmemorativas

De acuerdo con un comunicado en redes sociales del grupo Red Feminista León, en la detención del 29 de junio “participaron más de 10 patrullas, más de 20 elementos de la Policía e incluso la Guardia Nacional, así como personal de C4 para su localización, recursos que no son dedicados con esa intensidad para la resolución de delitos (narco, homicidios, desapariciones)”.

Las activistas exigieron derecho a la libertad de expresión y a la protesta pacífica, pues afirman que tras ser detenidas, las mujeres fueron incomunicadas, privadas de su libertad por un periodo de más 9 horas y sufrieron amenazas con armas largas por parte de las autoridades.

Por lo que solicitan:

  1. reparación del daño a las personas involucradas
  2. disculpa pública por parte de las autoridades responsables y
  3. eliminación de las actas administrativas levantadas contra algunas(os) de los detenidas(os),
  4. así como atención psicológica gratuita a las y los agraviados.

También demandaron la creación de protocolos por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana para situaciones similares y la capacitación de los elementos en temas de derechos humanos.

“Es fundamental que la iconoclasia no se limite a fechas conmemorativas, y que se garantice nuestra libertad de protesta en todo momento, sin temor a represalias injustas”, indicó el posicionamiento publicado en Facebook.

La denuncia por los hechos del 29 de junio se hizo pública luego de que la Red Feminista de León la retomara en su llamado a participar en la concentración que se realizó ayer, 22 de agosto, cuarto aniversario de la represión policial de 2020, en la explanada del Templo Expiatorio, para dejar claro que no olvidan ni perdonan los actos ocurridos en contra de ellas.

Informamos que el pasado 29 de junio, nuevamente un grupo de mujeres expresando su derecho a la libre manifestación fueron arrestadas, torturadas y violentadas por la Policía Municipal y otros servidores públicos”, expresó una representante de la Red durante el acto.

También denunció que una agente policial implicada en la denuncia de 2020 sigue laborando en la corporación, además de que fue integrada en la Policía de Género.

Cuestionó, a nombre de sus compañeras, que haya habido otra agresión pese a la disculpa pública sobre el caso #22A que encabezó la alcaldesa Alejandra Gutiérrez en septiembre del año pasado, además del compromiso de la administración para que las mujeres, niñas y adolescentes se sientan seguras ante presencia policial, algo que no está garantizado aún.

AM

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