Autoridades, de los tres órdenes de gobierno, negligentes, omisas e inexistentes en su obligación, propiciaron la escalada de la delincuencia organizada y con ella los delitos de alto impacto como los homicidios dolosos y las desapariciones de personas.
Previo al Día Internacional de Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora cada 30 de agosto, Fabrizio Lorusso, académico de la Iberoamericana León, dio un informe revelador y escalofriante, luego de una investigación de años.
Muchas cosas las sabíamos los ciudadanos y las autoridades las negaron o escondieron durante años, pero ahora las han ido aceptando ante las evidencias materiales.
El informe referido que fue destacado en todos los medios de la entidad, y entre otros datos indica que tan solo en este sexenio que termina, la desaparición forzada de personas creció 700 % por ciento.
En 2018 se tuvo un registro de 621 casos y al cierre de junio de 2024 se tiene la cifra de cuatro mil 272 personas desaparecidas en nuestro estado.
Respecto a las fosas clandestinas, se tienen registros de hallazgos y desde 2009 a la fecha suman 660 fosas clandestinas localizadas en las que se han recuperado restos o cuerpos de mil 245 personas.
Todavía hasta hace unos cinco años, las autoridades del Estado negaban la existencia de inhumaciones ilegales, pero ahora las aceptan porque no hay de otra y la Federación lo minimizaba a nivel nacional.
En el país se tiene un estimado de al menos 100 mil personas desaparecidas desde los años 60, pero de del total son 30 mil solo en este sexenio.
Si antes de 2018 ya se tenía una tendencia al alza en homicidios dolosos y desapariciones de personas, la inacción denominada “Abrazos no balazos”, incrementó los números de manera exponencial.
Pero las cifras no son únicamente datos estadísticos fríos, cada asesinato, cada desaparición forzada es una historia humana de personas, de familias, de comunidades y de todo un país, toda una tragedia.
Hay un pendiente, en dar resultados, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en torno a investigación de los crímenes de Estado como fueron las desapariciones forzadas en los “Vuelos de la muerte”, que consistían en lanzar al mar, desde aviones militares, a personas a quienes les envolvían previamente las piernas en botes de cemento hasta que este secaba.
De esa forma no había posibilidad alguna de que se pudiera encontrar a las víctimas porque las convertían en anclas o lastres humanos.
Dicha práctica horrorífica de persecución política fue importada en México de las dictaduras latinoamericanas en la década de los 60 a los 70, pero es un episodio negro del México rojo.
Hoy, todo pasa por autoridades “desaparecidas” en su obligación preventiva y en su deber de combate al crimen. El trabajo de búsqueda, que es una obligación del Estado, hoy es asumida y liderada por colectivos de la sociedad, quienes a su vez están a merced de los criminales.
Nuestro gobierno estatal estuvo tan mal que reprimió y encarceló a buscadores que protestaban en contra de la autoridad, e incluso se les calificó y trató por el delito de terrorismo.
En su momento, si bien la ahora gobernadora electa, Libia García, se reunía con los colectivos de madres buscadoras y les daba el apoyo incluso con Vales Grandeza, por otro lado, Álvar Cabeza de Vaca les negaba el acompañamiento para la búsqueda.
Los homicidios dolosos y las desapariciones forzadas cometidas por particulares (o por entes públicos) representan una avalancha que provocó la inacción oficial. Para contrarrestar estos flagelos hoy se requiere la sinergia de las mismas autoridades y no solo de la sociedad civil.