La presidenta electa trasmitió una instrucción a su bancada. En la decapitación del poder judicial deben cuidarse todas las formalidades legislativas. No deben apresurarse los trámites como se hizo en la legislatura anterior.
Hay que proceder con todo cuidado para concretar la reforma que mataría la raíz de la autonomía judicial. Respetemos las formas para deshacernos del árbitro estorboso. Esa ha sido su contribución al debate institucional más importante desde la promulgación de la constitución de 1917. Adelante: eliminen la fuente de independencia de los jueces, desháganse de la carrera judicial, instauren un Santo Oficio que condene a los herejes que obstruyen el proyecto con una sentencia sacrílega. Si así lo dispuso nuestro guía hay que cumplirle, pero hay que hacerlo meticulosamente. Nada de precipitaciones ni atajos.
Sheinbaum pide pulcritud a los verdugos. Hay que cuidar todos los detalles. Hagan todas las simulaciones necesarias, cumplan todas las etapas que marca la ley antes de dejar caer la navaja. Para anular el régimen constitucional hay que acatar, por última vez, sus normas.
Sheinbaum sabe que esos cuidados son importantes hoy, pero serán innecesarios mañana. Sin una Corte independiente, la voluntad de una mayoría hegemónica será inatajable. Dentro de unos meses, cuando se hayan concretado los cambios, Morena podrá legislar a su antojo. No solamente podrá cambiar la constitución como le dé la gana. También podrá violarla sin consecuencia alguna. Las leyes y los decretos presidenciales podrán contradecir abiertamente las normas de la constitución y no habrá nada que hacer. El congreso o la presidenta podrán atropellar derechos de las minorías y no habrá forma de reparar los abusos. Si alguien quiere una noción clara de autoritarismo, basta con eso. El autoritarismo es el poder que no está controlado por la ley. Ese es el propósito explícito de la reforma judicial que impulsa el oficialismo. Demoler el resguardo judicial para dejarle el campo libre al poder que presume legitimidad. La presidenta electa, que siente tanto desprecio por la democracia liberal como su promotor, cierra los ojos ante las evidentes implicaciones autocráticas de la reforma que impulsa. Nada de autoritarismo: yo soy demócrata y siempre lo he sido. Mírenme y no se preocupen. Curioso argumento el que esgrime la científica: la vida virtuosa de la presidenta y su grupo tiene mayor peso en el destino del país que el cambio que le arranca al poder judicial los cimientos de su autonomía.
Caminamos a la anulación del poder judicial. El poder judicial será anulado políticamente porque tenderá a ser reflejo de la mayoría que controla en congreso y la presidencia. Quedará neutralizado porque tendría la mirada puesta en los patrocinios políticos y no en los argumentos de los partes y las exigencias de la ley; porque perdería el empaque de la preparación, el mérito y la experiencia. Para ser coherentes, la reforma que impulsa Sheinbaum debería desembocar en un cambio de nombre. No un “poder judicial”, sino un “departamento judicial”, como proponía hace más de cien años el constitucionalista porfiriano, Emilio Rabasa. El morenismo rechaza que los jueces sean árbitros de la política. Que los tribunales resuelvan problemas entre particulares, que decidan si un acusado es culpable, pero que el departamento judicial no se inmiscuya en asuntos de gobierno.
La anulación del poder judicial será responsabilidad histórica de Claudia Sheinbaum. Esa es la consecuencia de la reforma que, al parecer, será aprobada en la Cámara de Diputados esta semana y que seguramente terminará su ciclo de aprobación este mes. Anular el poder que han tenido los tribunales para revisar la actuación del gobierno y del congreso. Empalmar el poder judicial a los otros dos poderes. El objetivo es que la constitución deje de ser ley. Que vuelva a ser una bandera política, un símbolo, el resumen de los deseos del grupo gobernante, pero no una norma que asiente con firmeza los derechos y que fije claramente los límites al poder. Convertir a la constitución en manifiesto del grupo hegemónico y no una ley que le imponga restricciones. La primera presidenta de México es corresponsable de ese brutal retroceso.