Todos los actos de corrupción, los más dañinos, y todos los negocios que se realizan al amparo del poder público, llevan siempre el visto bueno del presidente de la república”.
Andrés Manuel López Obrador
La secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde dijo ayer en la mañanera que “Segalmex es el único caso de corrupción que se presentó en el gobierno”. Añadió: “Desde el momento en que se detectó el posible desfalco y daño al erario, el presidente instruyó llegar al fondo del asunto y que no hubiese impunidad”.
Yo tengo otros datos. Segalmex no es el único caso de corrupción del sexenio, aunque sí, quizá, el de mayor envergadura. No lo descubrió la Secretaría de la Función Pública, ni algún otro órgano del gobierno, sino Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad, esa institución que el presidente quiere destruir. Tanto MCCI como varios medios de comunicación, incluyendo este periódico, siguen revelando constantemente presuntos actos de corrupción.
Si el presidente ordenó “llegar al fondo del asunto” en Segalmex, lo hizo sin intención de lograrlo. Primero negó el fraude, después protegió a su amigo Ignacio Ovalle, director general de la institución. El propio López Obrador explicó ayer: “Ignacio Ovalle se confía, comete el error de llamar a participar a gente con malos antecedentes, a corruptos, y lo engañan y empiezan a hacer compras con empresarios corruptos, pagando sobreprecios”.
En vez de ordenar una investigación para comprobar si Ovalle fue engañado, AMLO lo nombró coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. Esta decisión buscaba protegerlo y es sospechosa. Recordemos las propias palabras del mandatario: “No es cierto que el presidente no sabía o que engañaban al presidente o que fueron desviados colaboradores del presidente. El presidente tiene toda la información y claro que sabe”.
Yo no sé si Ovalle es tan tonto o inepto como como dice su amigo López Obrador. Es difícil pensar que algunos funcionarios que él contrató lo hayan engañado al grado de cometer un fraude por más de 9,500 millones de pesos (15 mil millones según MCCI) sin que se diera cuenta. Pero si es tan incapaz, nunca debió haber sido nombrado titular de Segalmex. Mucho menos se le debió haber regalado después otro cargo para protegerlo. Designar a amigos o parientes sin capacidad a puestos públicos “también es corrupción”, como dijo Alejandro Martí. El presidente prometió que no habría ni amiguismo ni nepotismo en su gobierno, pero ha multiplicado esta práctica.
Quizá la secretaria Alcalde debió haber dicho ayer que Segalmex es el único acto de corrupción que este gobierno quiso investigar, porque todos los demás los ha tapado. Una de las formas ha sido declarar temas de seguridad nacional las principales obras públicas. El Tren Maya iba a costar 120 mil millones de pesos y hoy anda por los 500 mil millones, ¿pero fue todo el sobrecosto producto de la ineptitud o hubo fraudes también? Y Dos Bocas, que iba a costar 8 mil millones de dólares y hoy se acerca a los 20 mil millones sin haber refinado todavía gasolina, ¿fue corrupción o simple estupidez? No sabemos, pero no porque haya certeza de que no hubo corrupción, sino porque el gobierno ha ocultado la información.
Ha habido numerosos trabajos periodísticos sobre presuntos actos de corrupción en este gobierno, como las compras de balastro del Tren Maya. Hemos sabido de empresas con direcciones ficticias que se han convertido en grandes proveedoras de la administración pública o de contratos otorgados a compañías de amigos de hijos del presidente. De poco o nada sirve que el presidente saque a ondear su pañuelo blanco. En lo único en que los de hoy no son iguales es que han sido más sistemáticos que los de antes en sus esfuerzos por ocultar los posibles actos de corrupción.
Trago
¿Por qué tanta prisa para aprobar la reforma judicial? Quizá para darle un regalo al presidente, como dice Mario Delgado, pero tal vez quienes están operando la reforma saben que dejará un saldo negativo y quieren apurar el trago amargo.
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